El futuro de Muface vuelve a pender de un hilo: un recurso reabre la crisis de los mutualistas
El modelo de Muface permite a los funcionarios elegir entre la sanidad pública y la privada
El futuro de Muface vuelve a pender de un hilo: un recurso reabre la crisis de los mutualistas
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La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se enfrenta a una nueva crisis de incertidumbre tras la admisión a trámite de un recurso en la Audiencia Nacional que podría obligar a rehacer la reciente licitación de su concierto sanitario para los años 2025, 2026 y 2027.
Este movimiento judicial amenaza con desestabilizar un modelo que da cobertura médica a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias, y reabre el debate sobre la viabilidad y el futuro de la asistencia sanitaria para empleados públicos en España.
Muface al límite
El detonante de esta situación ha sido el recurso presentado el pasado abril por un colectivo profesional, representado por la asociación de médicos autónomos Unipromel, que cuestiona tanto el procedimiento de adjudicación del concierto como el modelo de retribución a los profesionales sanitarios.
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso, lo que no implica una suspensión automática del acuerdo, pero sí abre la puerta a una posible revisión o incluso repetición de la licitación.
El nuevo concierto, firmado el 30 de abril de 2025 por la directora general de Muface y representantes de las aseguradoras Adeslas y Asisa, entró en vigor el 1 de mayo y se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2027. El acuerdo, que supuso intensas negociaciones y una subida de primas con respecto al periodo anterior, pretendía dar estabilidad a un modelo que había estado al borde del colapso por la negativa inicial de las aseguradoras a concurrir a la licitación, alegando insuficiencia presupuestaria.
Posibles escenarios
Expertos jurídicos consultados por medios especializados apuntan a tres posibles desenlaces tras la admisión del recurso:
- Anulación total o parcial del concierto: considerado poco probable por el volumen de personas afectadas y el contexto de crisis institucional reciente.
- Revisión de todos los actos administrativos relacionados con la licitación: implicaría retrotraer el proceso hasta la publicación de los pliegos y analizar cada paso dado por Muface y las aseguradoras.
- Repetición de la licitación: el escenario más plausible según los expertos, lo que supondría iniciar un cuarto proceso en menos de un año y pondría aún más presión sobre el Gobierno para garantizar la continuidad del servicio.
En cualquier caso, la admisión a trámite no implica la suspensión inmediata del concierto. Para ello sería necesaria una solicitud expresa de medida cautelar, que hasta el momento no se ha producido. Por tanto, el contrato vigente sigue en vigor y los mutualistas pueden continuar utilizando sus servicios sanitarios habituales, aunque la sombra de la incertidumbre persiste.
El sindicato CSIF, mayoritario en el sector público, ha anunciado que asesorará a los afiliados mutualistas para emprender acciones judiciales en defensa de sus derechos si la situación deriva en una merma de la asistencia o en perjuicios. Los funcionarios denuncian que algunas clínicas y hospitales han empezado a limitar consultas y pruebas diagnósticas, pese a la orden de continuidad asistencial decretada por el Gobierno.
El modelo de Muface, que permite a los funcionarios elegir entre la sanidad pública y la privada a través de aseguradoras, es único en Europa y ha sido objeto de debate recurrente. Su sostenibilidad financiera ha estado en entredicho por el envejecimiento de la población cubierta y el aumento de los costes sanitarios, lo que ha obligado al Gobierno a incrementar la financiación en los últimos años.
El presupuesto total del contrato actual asciende a 4.808 millones de euros, con una prima media ponderada que sube un 41,2% durante los tres años de vigencia.
