El nuevo concurso de MUFACE no está saliendo como esperaban: 65.000 funcionarios abandonan la asistencia por un gran deterioro
A finales de 2024, alrededor de 1.057.439 mutualistas estaban adscritos a la sanidad privada
Muface en crisis
Comentarios
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, conocida como Muface, está sufriendo la mayor crisis de su historia. Durante el primer semestre de 2025, se han registrado unas 65.000 bajas en la sanidad privada concertada, un éxodo sin precedentes.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este fenómeno, atribuyéndolo al deterioro del servicio sanitario ofrecido por las aseguradoras privadas, que afecta gravemente a la calidad y accesibilidad del sistema para los mutualistas.
A finales de 2024, alrededor de 1.057.439 mutualistas estaban adscritos a la sanidad privada. Seis meses después, en junio de 2025, esta cifra descendió a 992.782, lo que representa una pérdida de casi 65.000 personas.
Paralelamente, el número de usuarios en el sistema público aumentó en cerca de 61.000. Esta migración masiva rompe todas las series históricas y refleja la insatisfacción generalizada con la asistencia privada.
El sindicato CSIF señala como causas principales: listas de espera crecientes, reducción de especialidades y hospitales disponibles, menor capilaridad en zonas rurales y servicios urbanos, así como restricciones en el acceso a citas o pruebas diagnósticas.
Estos problemas llegaron tras la renovación del concierto sancionado con incrementos presupuestarios pero con resultados insuficientes en prestaciones.
En el plano financiero, Muface ha sufrido un choque importante. Su tesorería se ha reducido desde 282 millones de euros a menos de 8 millones en la primera mitad de 2025. Además, se anticipa un déficit de 64 millones de euros para 2025, dificultado por la prórroga presupuestaria estatal que ha limitado la capacidad de maniobra para atender el repunte en gastos médicos.
Una crisis sin precedentes
Frente a esta crisis, CSIF ha anunciado movilizaciones para septiembre de 2025 si el Gobierno no presenta un plan que garantice la financiación adecuada y la mejora en la calidad del servicio.
El sindicato reclama medidas para asegurar el mantenimiento del concierto sanitario privado, la reducción del copago farmacéutico para los pensionistas, y un refuerzo en la vigilancia y supervisión de las aseguradoras.
El Gobierno defiende que la subida del presupuesto que autorizó busca mejorar las condiciones y que la elección creciente del sistema público se debe, en parte, a la preferencia de los nuevos funcionarios.
Sin embargo, la presión social y sindical pone en destaque la necesidad de reforzar el modelo mutualista para evitar su declive o incluso su desaparición.
Con más de 1,5 millones de beneficiarios, Muface es un pilar clave en la cobertura sanitaria de los empleados públicos estatales. El modelo mixto, que permite elegir entre sanidad pública o privada, ha sido históricamente valorado, pero ahora está ante uno de sus momentos más complejos.
El debate sobre la sostenibilidad financiera, la equidad en el acceso a servicios, y la necesidad de actualización y modernización del sistema sanitario mutualista español debe estar sobre la mesa permanentemente. El próximo otoño de 2025 será crucial para definir el rumbo de Muface y la calidad de la asistencia a miles de funcionarios y familiares.
La financiación y el reparto presupuestario
A pesar de que el Gobierno incrementó un 41% la aportación económica para el nuevo concierto sanitario a mediados de 2024, los funcionarios denuncian que este aumento no se ha traducido en una mejor cobertura ni en la ampliación de servicios, sino en recortes y restricciones que impactan directamente en el acceso rápido y efectivo a la atención médica.
Uno de los factores clave que está deteriorando el sistema privado es la estructura de financiación y el reparto presupuestario.
El fondo de tesorería, uno de los indicadores financieros más preocupantes, ha visto descender sus reservas de 282 millones a sólo 7,9 millones de euros en seis meses, lo que limita la capacidad de Muface para financiar servicios extraordinarios, contratar profesionales adicionales o mejorar infraestructuras.
CSIF no solo reclama un incremento adicional del presupuesto, sino también una gestión más transparente y eficaz que priorice la atención al usuario, la reducción de trámites burocráticos y una supervisión más estricta de las aseguradoras privadas para evitar abusos y garantizar la calidad del servicio.
