Huawei Mate 10 Pro. EPA/PG

Trump prohíbe tecnologías de ZTE y Huawei en sistemas del gobierno

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Desde 2012 ZTE y Huawei son consideradas por la Casa Blanca como una "amenaza a la seguridad nacional"

Madrid, 14 de agosto de 2018 (13:52 CET)

Durante los próximos dos años el gobierno de EE UU y los contratistas del gobierno no podrán emplear tecnologías ZTE y Huawei y de otras empresas chinas que quedan excluidas según la Defense Authorization Act como mecanismo en la lucha contra las amenazas estratégicas planteadas por China.

En concreto la ley prohíbe que las tecnologías de estas compañías se utilicen en sistemas de telecomunicaciones que directamente procesen o gestiones datos de los usuarios y en sistemas de vigilancia y seguridad o para prestar servicios que se consideren "esenciales" o "vitales" para el gobierno.

La ley incluye una partida presupuestaria para financiar a aquellas empresas que queden obligadas por esta ley a cambiar de tecnologías

"Aunque las dos compañías pueden perder clientes debido a la nueva ley podría haber sido mucho peor para ZTE. El Senado ya votó a favor de restablecer una prohibición que impediría a ZTE trabajar con fabricantes estadounidenses que podría haber sido una sentencia de muerte para el gigante de la tecnología, ya que depende de los fabricantes de chips de EE.UU.", dicen en Engadget.

Sin embargo el texto final de la ley no incluye esas sanciones contra ZTE.

Debido a las preocupaciones que provocan los productos de Huawei, por sus supuestos vínculos con el gobierno de Pekín, tanto AT&T como Verizon decidieron este año dejar de vender teléfonos de esta marca.

Ninguna de estas medidas ha conseguido sin embargo que Huawei se haya convertido en el segundos mayor vendedor de móviles a escala global, por delante de Apple.

En declaraciones recogidas por la publicación Cnet representantes de Huawei califican la inclusión de sus productos en la Defense Authorization Act como "ineficaz, equivocada e inconstitucional" y que "sólo servirá para sofocar la innovación al tiempo que aumenta los costes para los consumidores y las empresas de EE.UU." mientras que, en cambio, "no es útil para identificar riesgos reales de seguridad."

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