Hacienda da seis meses de tregua a Airbnb
Hacienda aplaza a enero la obligación de Airbnb de informar los datos fiscales y personales de sus huéspedes
Cristóbal Montoro, una semana antes de que tenga que dejar el Ministerio de Hacienda, firmó una orden en la que daba un balón de oxígeno de seis meses a Airbnb y otras plataformas para presentar sus informes sobre los alquileres vacacionales de sus huéspedes.
En la orden HFP/544/2018, el ministerio aprobó el modelo 179, donde se establece qué informaciones exige el Gobierno a las plataformas de alquiler sobre las actividades de sus huéspedes.
Seis meses de tolerancia
En este texto se indica que las declaraciones tienen que ser presentadas cada tres meses de forma telemática, pero para facilitar la adaptación de los sistemas informáticos, Hacienda estableció que la fecha inicial del mes de julio se posterga por seis meses.
El nuevo plazo para presentar las informaciones será del 1 al 31 de enero de 2019, y a partir de esa fecha, los propietarios y plataformas tienen la obligación de remitir las declaraciones cada tres meses.
Qué tiene que informar Airbnb
El alcance de la orden ministerial llega tanto a los propietarios de viviendas turísticas como a “las plataformas colaborativas que intermedien en la cesión de uso” de este tipo de alojamientos.
A partir de enero, Airbnb y otras plataformas -así como los propietarios- tienen que informar cada tres meses a Hacienda de sus alquileres turísticos
Entre los datos que exigen están la identificación de los titulares de la vivienda, la dirección y los datos catastrales del inmueble, los días de alquiler pactados, las fechas de entrada y salida, el importe del alquiler y el método de pago.
Resistencia de las plataformas
Airbnb había dicho que no estaba dispuesta a ceder los datos fiscales a las autoridades españoles, aunque en países como Dinamarca tuvo que ceder su posición y asumir este compromiso.
La directiva ministerial fue protestada por las plataformas pertenecientes a la Asociación de la Economía Digital (Adigital) y Sharing España (que agrupa a las empresas de economía colaborativa), que dijeron que pone en riesgo la actividad.
Competencia suelta la mano a las tecnológicas
En un primer momento también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había observado la nueva normativa de Hacienda, pero luego se apartó de la polémica y desestimó la posibilidad de elevar un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto.
Según había comunicado la CNMC, las exigencias del Gobierno son justificadas y no suponen una «carga desproporcionada» para las plataformas, uno de los argumentos centrales de las tecnológicas para rechazar la iniciativa.
