Airbnb y Home Away rechazan el control de Montoro

Las plataformas que promocionan viviendas turísticas han rechazado los controles que el Ministerio de Hacienda quiere implementar en estos buscadores para evitar el fraude fiscal.

La Asociación de la Economía Digital (Adigital) y Sharing España (que agrupa a las empresas de economía colaborativa) aseguraron que la regulación –aprobada en el Consejo de Ministros el 29 de diciembre- ponen en riesgo la actividad de estas plataformas.

Qué datos exige Hacienda

Estas asociaciones, que también integran gigantes del sector como Airbnb y Home Away, aseguran que muchos datos que solicitará Hacienda a partir del 1 de julio no tienen forma de conseguirlos.

Entre otras informaciones, el ministerio quiere saber cuánto dinero han recaudado con la promoción del alquiler, qué cantidad de días han alquilado la vivienda y los datos completos de los propietarios, desde el nombre y apellido hasta su clave de identificación fiscal.

Las plataformas de economía colaborativa aseguran que los hoteles no tienen la obligación de aportar información sobre los huéspedes extranjeros

Adigital y Sharing España dicen que no tendrían problema en entregar los datos económicos de las transacciones, la identificación del usuario o del inmueble, “pero el resto de los datos solicitados por la administración fiscal simplemente no los tenemos”, explicó José Luis Zimmermann, director general de Adigital.

El ministerio también quiere saber cuál es la duración de las estancias, la referencia catastral del inmueble, y en caso de que no haya contraprestación económica, cómo se pagará la estancia. Según Adigital «la norma no respeta la normativa en materia de protección de datos de carácter personal».

Además protestan porque la obligación de remitir información de los huéspedes extranjeros es un requisito que “el sector hotelero no está obligado a comunicar a Hacienda”. Alrededor de nueve millones de visitantes internacionales usan estos servicios, indicaron.

Socorro a Competencia

Estas entidades solicitaron que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) intervenga en la polémica, y le reclamaron que interponga un recurso “para proteger el interés general”.

“Tanto las plataformas como Adigital y Sharing España seguimos abiertas a colaborar con Hacienda, pero nos estamos encontrando con muchas dificultades”, dijo Zimmermann.

El directivo recordó que si se incumplen las normas las multas van desde los 84.000 euros a los 2,4 millones de euros, un monto que –indicó- sería imposible de asumir por las plataformas más pequeñas.

Las plataformas recurren a la UE

El responsable de Adigital ha comparado la norma española con una similar que se aprobó en Francia en 2016 y que entrará en vigor en 2019, por lo que -ha dicho- las plataformas francesas cuentan con mucho más tiempo para reunir la información requerida, que, además, es «sensiblemente inferior».

Responsables de Adigital y Sharing España se han reunido con la Comisión Europea para valorar la posibilidad de presentar una queja formal ante el organismo comunitario, al entender que el real decreto es contrario a varias directivas comunitarias.

También han mantenido reuniones con las embajadas de diferentes países, especialmente aquellas de los que España recibe más viajeros, con el fin de comprender en qué medida este decreto cumple o no con las regulaciones vigentes en materia de protección de datos.