AIRef señala a la Comunitat Valenciana y Murcia como las dos CCAA incumplidoras con el déficit

La deuda pública valenciana superará el 45% del PIB y podría agravarse en 2022 y 2023, según la Autoridad Fiscal Independiente

Presentación informe AIReF

Presentación informe AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúa a la Comunitat Valenciana y Murcia como las dos regiones que mayor déficit presentarán este año, pero no solo eso, sino que serán las dos únicas CCAA que que registrarán un saldo más desfavorable a la referencia del 1,1% del PIB fijada para el subsector por Hacienda.

Así se desprende del del informe sobre los Presupuestos iniciales de las administraciones públicas, elaborado y presentado este jueves por la Autoridad Fiscal, que señala una mejora de perspectivas para casi todas las CCAA, ya que pasa de 9 a 15 el número de regiones que podrían cerrar 2021 con un déficit inferior a la referencia fijada.

En detalle, solo la Comunitat Valenciana, con un desajuste del 1,7% de su PIB, y la Región de Murcia, con un déficit del 1,4%, registrarán este año una cifra peor a la tasa de referencia de déficit marcada en el 1,1% por el Ministerio de Hacienda, en un contexto de suspensión de reglas fiscales que el Gobierno espera que Bruselas postergue también a 2022.

Les siguen por debajo de la tasa de referencia las regiones de Extremadura (déficit del 0,9%), Castilla y León (0,5%), Castilla-La Mancha (0,5%), Aragón (0,4%), Cataluña (0,4%), Galicia (0,4%), Andalucía (0,3%), Baleares (0,2%) y Cantabria y La Rioja, ambas con un déficit previsto de solo una décima este año.

Por su parte, la Comunitat de Madrid y Navarra lograrán equilibrio presupuestario este año, pudiendo registrar incluso superávits, mientras que las tres regiones que lograrán seguro un saldo positivo en sus cuentas públicas serán Asturias, con un superávit del 0,1%, País Vasco, del 0,2%, y Canarias, con un superávit que alcanzará el 0,4%.

Las CCAA duplicarán su déficit respecto a 2020

Los presupuestos de Canarias, Galicia y La Rioja ya contemplaban previsiones de déficit inferiores al 1,1% y las previsiones de cierre actuales de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid también consideran saldos más favorables. Según AIReF, esta situación se mantendría incluso bajo una distribución de la transferencia extraordinaria del Estado bajo criterios de población.

En total, el subsector autonómico registrará un déficit del 0,4% del PIB en 2021, lo que la mitad que lo que preveía anteriormente la AIReF (0,8%) por el mejor cierre de 2020 según la última información, que recogía una congestión no relacionada con la pandemia mayor de la prevista y por las medidas anunciadas por el Gobierno para las regiones, aunque el desajuste se duplica respecto a las dos décimas de déficit del año pasado.

Actualmente 14 CCAA cuentan con presupuestos aprobados para 2021, nueve de las cuales (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunitat Valenciana) lo aprobaron en diciembre de 2020 y cinco (Galicia, Castilla y León, Extremadura, País Vasco y La Rioja) entre enero y febrero de este año.

Por tanto, solo hay tres regiones (Cataluña, Comunitat de Mdid y Murcia) en prórroga presupuestaria, mientras que la mayoría de corporaciones locales también aprobaron sus presupuestos para este año.

Alerta de la deuda en Valencia, Murcia y Cataluña

En lo que respecta a la deuda de las CCAA, realiza una alerta por el alto endeudamiento en la Comunitat Valenciana (47,5% del PIB), Cataluña (35,8%) y Murcia (34,2%) y por las perspectivas de agravamiento en 2022 y 2023 de esa ratio en esas tres regiones.

En el resto, considera que de aplicar los superávits y excesos de financiación podría alcanzar un volumen
de endeudamiento más próximo al anterior a la pandemia, como en el caso de Castilla-La Mancha (35,9%), que aunque presenta una mayor deuda que Cataluña y Murcia respecto a su PIB podría regresar a niveles previos a la pandemia.

A estas regiones les siguen Baleares (29,8%), Extremadura (24,8%), Aragón (23,4%), Cantabria (23,2%), Castilla y León (22,1%), Andalucía (22,1%), La Rioja (17,9%), Asturias (17,1%), Canarias (13,4%) y Galicia (18,2%). Las regiones con un menor endeudamiento son Navarra (16,1%) Comunitat de Madrid (14,3%), País Vasco (12,9%).

Así las cosas, AIReF recomienda ajustar, a través de las autorizaciones de endeudamiento y, en su caso de los mecanismos extraordinarios de financiación, el endeudamiento de las CC.AA. a las necesidades reales de financiación y liquidez que presente cada una de ellas.

Superávit del 0,3% en ayuntamientos

El organismo presidido por Cristina Herrero también ha elevado en cuatro décimas las previsiones para las corporaciones locales para este año, estimando que podrán alcanzar un superávit de entorno al 03% del PIB a cierre del año, también tras el cierre de 2020 que ha reflejado una «notable mejoría» de resultados locales desde la segunda mitad del año pasado.

A ello se suma el menor incremento esperado del gasto, con un avance del 5%, y la ligera mejora de los ingresos, hasta casi un 7%, fruto de la mejora de recursos más directamente relacionados con la activiad económica y la inyección de nuevos recursos del Estado.

Situación crítica en Jaén, Jerez de la Frontera y Parla

Respecto a los ayuntamientos que sitúa AIReF en una situación crítica por sus cuentas públicas a Jaén, Jerez de la Frontera y Parla, mientras que presentan un riesgo muy alto también Los Barrios y Totana.. Con un riesgo alto ubica a Alcorcón, Gandía, La Línea de la Concepción y Navalcarnero.

También en este grupo, e incumpliendo además el deber de colaboración, sitúa a Ayamonte y Barbate. En paralelo, aprecia en cambio mejoría en su capacidad de retorno en Alcorcón, Isla Cristina, Puerto Real y Totana y de empeoramiento en Alboraya, Algeciras y Arcos de la Frontera.

Como recomendaciones a las corporaciones locales la AIReF insta a realizar las actuaciones que sean pertinentes, en el ejercicio de sus funciones de coordinación de los órganos de tutela de las entidades locales, para promover acciones de seguimiento de los principales indicadores fiscales, a fin de garantizar que la gestión de fondos
públicos de las entidades en estos años de suspensión no comprometa la sostenibilidad de futuro de sus finanzas.