Crisis a la vista en la cerámica española por los recortes en cogeneración y derechos de emisión
El sector advierte en Bruselas que los cambios regulatorios pueden asfixiar a un pilar económico clave para Castellón y para toda la cadena exportadora nacional
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La industria española de baldosas cerámicas ha decidido alzar la voz ante lo que considera una amenaza existencial. Los ajustes previstos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS) para el periodo 2026–2030 y la fuerte reducción de la retribución ligada a la cogeneración sitúan al sector en un escenario de elevados costes y márgenes cada vez más estrechos. Para ASCER, patronal de la industria, el nuevo marco regulatorio podría poner en riesgo la propia continuidad de decenas de empresas, especialmente en la provincia de Castellón, donde la cerámica actúa como motor económico y laboral.
La advertencia no es casual. Se produce justo cuando en Bruselas arrancan los European Ceramic Days 2025, un encuentro que reúne a representantes de toda la industria cerámica europea. Allí participa una delegación española encabezada por Ismael García Peris, presidente de ASCER; Raúl Carnicer, vocal de la Junta Rectora y vicepresidente de la patronal europea CET; y Alberto Echavarría, secretario general de la asociación.
En este foro, el foco está puesto en los crecientes desafíos regulatorios y de costes, una preocupación compartida por productores de múltiples países. Pero para la cerámica española —una de las más exportadoras, más innovadoras y más dependientes del gas natural— la situación es especialmente crítica.
Un recorte del 34% en emisiones gratuitas que dispara el coste del CO₂
ASCER ha analizado la propuesta preliminar de la Comisión Europea para el reparto de asignaciones gratuitas de CO₂ en el próximo periodo del EU ETS. Según estos cálculos, el sector cerámico español sufrirá una caída del 34% en sus derechos gratuitos, el máximo recorte previsto. Esa reducción se traduce directamente en dinero: entre 109 y 163 millones de euros al año únicamente en costes por emisiones, dependiendo del precio al que cotice la tonelada de CO₂ —que en los escenarios actuales oscila entre los 100 y los 150 euros por tonelada.
Para las empresas, supone un encarecimiento estructural sin precedentes, ya que se trata de una industria intensiva en energía, sin alternativas tecnológicas maduras que permitan sustituir el gas natural a corto o medio plazo. El impacto sobre las cuentas de resultados es inmediato, explican desde la patronal, que recuerda que la cuota europea de emisiones de la cerámica apenas representa el 0,9% del total cubierto por el EU ETS.
El “segundo mazazo”, como lo define el sector, llega con la reducción del 37,5% en la retribución de la cogeneración, una tecnología clave para la eficiencia energética de las fábricas cerámicas. Este ajuste supone otros 30 millones de euros anuales de sobrecoste acumulado.
La cogeneración permite aprovechar el calor residual del proceso productivo para generar electricidad y vapor, reduciendo el consumo energético total. Pero si su retribución se desploma, el incentivo para mantener estas plantas desaparece, y con ello parte de la competitividad histórica del sector.
ASCER advierte de que la suma de ambos impactos —EU ETS y cogeneración— equivale a entre el 60% y el 80% del beneficio neto logrado por todo el sector en los últimos años. Con un margen medio del 5%, según datos de ACIMAC, “la rentabilidad se evapora y la continuidad empresarial queda comprometida”.
Un sector que ya es líder en eficiencia, pero que se enfrenta a reglas que penalizan su competitividad
La industria cerámica española es reconocida como una de las más eficientes del mundo en consumo energético y emisiones por metro cuadrado producido. No existen alternativas tecnológicas realistas para sustituir el gas natural por completo en el corto plazo, y las empresas ya aplican las Mejores Técnicas Disponibles (BAT) que exige la normativa europea.
Por ello, ASCER sostiene que penalizar a los sectores más eficientes no reduce emisiones globales, sino que favorece la entrada de productos de terceros países, fabricados con estándares ambientales mucho más laxos y con costes laborales inferiores. El riesgo, afirman, es que Europa acabe importando más producto foráneo mientras desmantela industrias estratégicas, perdiendo empleo cualificado, capacidad exportadora y autonomía industrial.
La provincia de Castellón concentra la mayor parte del clúster cerámico español. La actividad del sector representa el 32,2% del PIB provincial y sostiene cerca de 16.000 empleos directos, además de otros 90.000 entre directos, indirectos e inducidos.
La cerámica también lidera la balanza comercial de la región, con una propensión exportadora cinco veces superior a la media nacional. Por ello, cualquier pérdida de competitividad derivada de costes regulatorios o de la entrada masiva de importaciones extracomunitarias se traducirá en cierres de plantas, desinversiones y pérdida de tejido industrial.
El secretario general de ASCER, Alberto Echavarría, resume la situación con un mensaje contundente: “Una transición climática eficaz solo es posible si es industrialmente viable y socialmente sostenible”.
Las medidas que reclama ASCER para evitar el colapso
Para frenar este deterioro, la patronal propone a España y Bruselas un paquete de medidas urgentes:
• Revisar y aplazar la reducción de asignaciones gratuitas del EU ETS, hasta que existan alternativas tecnológicas reales.
• Incluir a la cerámica en las compensaciones por costes indirectos, como ya ocurre con otros sectores industriales.
• Facilitar que las pymes puedan quedar fuera del EU ETS, reduciendo cargas administrativas desproporcionadas.
• Restablecer una retribución razonable de la cogeneración, garantizando un marco estable que no penalice a quienes más han invertido en eficiencia energética.
ASCER insiste en que estas acciones son necesarias para preservar la capacidad productiva, el empleo y el liderazgo exportador.
Un mensaje final a Bruselas: sin industria no hay transición verde
El sector cierra su diagnóstico con una advertencia que pretende llegar a las instituciones europeas: “No se puede construir una transición verde destruyendo a quienes ya son referentes en sostenibilidad”, afirma Echavarría.
La patronal considera que la combinación actual de exigencias ambientales y penalizaciones económicas conduce a un objetivo irrealizable, que solo acelerará la deslocalización hacia países con menores estándares.
