María José Catalá amenaza con que tomará «acciones legales» si se anula la ampliación del puerto

María José Catalá asegura que no "tolerará" que los intereses políticos interfieran en el desarrollo de la ciudad

Puerto de Valencia. Foto: Valenciaport.

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La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha emitido una advertencia ante la posibilidad de que la ampliación norte del puerto de la ciudad se paralice debido a motivos políticos en lugar de consideraciones técnicas. Durante una asamblea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Catalá declaró que tomarán «acciones legales» y que llegarán «hasta el final» para garantizar que el proyecto se lleve a cabo sin interferencias políticas.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, Catalá destacó la determinación de las administraciones valencianas para mantenerse unidas en este asunto y enfatizó que no tolerarán que partidos como ERC y Junts condicionen la paralización del proyecto a cambio de su apoyo en una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La alcaldesa expresó su preocupación por esta posibilidad y recordó que en la legislatura anterior, la autorización para la ampliación del puerto se paralizó en el Consejo de Ministros por motivos políticos, no técnicos. «En este momento, tenemos una sospecha muy clara de que ERC y Junts están poniendo esta cuestión por delante en la posible investidura de Pedro Sánchez«, agregó, respaldando sus afirmaciones con fuentes creíbles.

Catalá enfatizó que no permitirá que Valencia sea utilizada como moneda de cambio en un juego político y pidió igualdad de condiciones en la inversión portuaria entre Valencia y Barcelona. «Si se invierte en el puerto de Barcelona, se debe invertir también en el de Valencia, y si se autoriza la ampliación en Barcelona, debe autorizarse también en Valencia», declaró.

La alcaldesa considera «fuerte y grave» que el destino de la ciudad pueda verse influenciado por un grupo político minoritario en el contexto de una investidura. En ese sentido, subrayó que las administraciones locales y regionales estarán vigilantes para garantizar que se cumpla la tramitación oficial del proyecto y, en caso contrario, «valoraremos cualquier iniciativa o acción».

Finalmente, María José Catalá advirtió que, si la ampliación del puerto se paraliza por motivos políticos en lugar de técnicos, se tomarán medidas legales enérgicas. «Vamos a llegar hasta el final. Las administraciones no pueden boicotear un proyecto de infraestructura por voluntad política, y si lo hacen, podrían prevaricar», concluyó.

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