Ruth Merino exige a María Jesús Montero el FLA extra y acabar con el "tacticismo" que "asfixia"

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aprueba el FLA extraordinario, una financiación por cuya ausencia se está tensionando la caja de la Generalitat Valenciana con las que se pagan a los proveedores que prestan parte de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

La petición se produce después de que la ministra anunciara en una entrevista en RNE que el Consejo de Ministros de mañana tiene previsto aprobar un decreto ley para actualizar el dinero que reciben comunidades autónomas y ayuntamientos en las entregas a cuenta. Esta actualización se habría realizado ya en caso de existir Prespuestos Generales del Estado.

“La primera exigencia es que sea un real decreto únicamente para aprobar la actualización de las entregas a cuenta y que, además, inmediatamente aprueben el FLA extraordinario que la Generalitat necesita para pagar a los proveedores de los servicios fundamentales. No es de recibo que, después de 13 años, por tacticismo no se haya aprobado todavía”, ha asegurado Merino.

La consellera de Hacienda pide a la ministra Montero que «no tome por tontos a los ciudadanos de este país ni a los de la Comunitat Valenciana; (las entregas a cuenta) es dinero de todos los valencianos y lo han tenido retenido durante más de seis meses”.

Desde la óptica de la consellera de Hacienda, «ahora sí le interesa políticamente por puro tacticismo aprobarlas y parecer que ellos son necesarios, pero si las comunidades autónomas no reciben el dinero es puro tactitismo político; lo ha sido durante todo este tiempo y lo es aprobarlo justamente mañana”. A lo que ha añadido: «Ha utilizado siempre la asfixia financiera de la Comunitat Valenciana durante todo este tiempo como armamento político»

Fuentes de la Generalitat Valenciana inciden que el gobierno de Sánchez «ha estado reteniendo recursos que son de las comunidades autónomas y ayuntamientos, dificultando su planificación y gestión. En el caso de la Comunitat Valenciana, desde el 1 de enero, el Gobierno se ha estado quedando con 165 millones al mes de los valencianos».

Tras ligar la aprobación de la actualización de las entregas a cuenta a la «pura debilidad política» de Pedro Sánchez, desde la Generalitat apuntan que el Gobierno actúa «por presión de sus socios, no por responsabilidad institucional» y que «se ve acorralado por los escándalos de corrupción y por su propia fragilidad parlamentaria».