Éxodo de médicos en Valencia: 600 jubilaciones amenazan la atención en los centros de salud
El próximo vencimiento del decreto ley de jubilación mejorada abre un panorama en Valencia que podría poner en jaque el servicio sanitario en toda la comunidad
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La sanidad valenciana se enfrenta a un posible colapso dentro de poco más de un mes: la finalización de la normativa que permite a los médicos de 65 años o más continuar en activo bajo el régimen de jubilación activa mejorada, tal y como ha asegurado el medio Las Provincias, advirtiendo del problema próximo al que podría enfrentarse la comunidad.
Y es que es una realidad que casi 600 facultativos en los centros de salud de la Comunitat están acogidos a esta medida, creada en 2022 para paliar la falta de profesionales en Atención Primaria, y que expira el 27 de diciembre. Si no se prorroga, alertan fuentes del sector, la atención sanitaria podría resentirse gravemente.
¿En qué consiste la jubilación mejorada y por qué fue implantada en la Comunitat Valenciana?
Sin embargo, antes de nada, lo más importante es recalcar qué es esta jubilación mejorada y, especialmente, cuáles fueron los motivos por los que fue implantada hace ya tres años. A grandes rasgos, esta normativa implantada por el Gobierno tiene como fin único permitir a los médicos seguir trabajando y cobrar simultáneamente el 75% de su pensión, además de su sueldo habitual.
En un primer momento, se trataba de una medida temporal destinada exclusivamente a centros de salud y consultorios, donde la falta de profesionales es más severa, ya que el número de especialistas que completan la formación MIR, siendo unos 250 al año en la región, no cubre las jubilaciones.
En total, en la Comunitat Valenciana hay 2.606 médicos en activo mayores de 65 años, de los cuales 592 pertenecen a Atención Primaria: 473 médicos de familia y 119 pediatras, según los colegios oficiales de médicos, motivo por el cual este grupo de médicos representa un núcleo considerablemente importante dentro de la Comunitat Valenciana.
La expiración de la norma podría crear un “agujero enorme” en la asistencia sanitaria, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España. De no renovarse, estos cientos de médicos pasarían automáticamente a estar jubilados, dejando miles de pacientes sin facultativo asignado y tensionando aún más los tiempos de espera, ya de por sí saturados.
Tal es así, que el mismo Ministerio de Sanidad ha confirmado al citado medio, Las Provincias, que trabaja junto al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para renovar la medida, aunque todavía no lo ha hecho, generando incertidumbre en los equipos sanitarios. Y es que ahora el tiempo apremia, y la Comunitat Valenciana se enfrenta a un gran problema en caso de que no se alcance un acuerdo en el periodo estimado.
Los sindicatos ponen voz a un problema que puede poner en jaque la sanidad en Valencia
Teniendo en cuenta que queda apoco más de un mes para que esta medida llegue a su fin, UGT también ha querido advertir sobre un escenario crítico para la Atención Primaria en la Comunitat Valenciana, que ya acumula un déficit de 600 profesionales, según los datos aportados por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante el primer trimestre del año exponiendo el grave problema al que se encuentra la comunidad.
Y lo ha hecho a través de un escrito a la directora general de Personal, Amparo Pinazo, solicitando información precisa sobre cuántos facultativos se encuentran acogidos actualmente a la jubilación activa, en qué departamentos de salud trabajan y cuántos pacientes atienden. Un escrito a través del cual UGT reclama claridad ante una situación que considera de especial gravedad para la sostenibilidad del sistema sanitario.
Mientras tanto, fuentes oficiales de la dirección general de Sanidad aseguran que “son pocos” los médicos afectados, aunque este lunes no pudieron facilitar una cifra exacta. La falta de concreción, señala UGT, dificulta la planificación y la adopción de medidas efectivas antes del vencimiento de la prórroga.
La organización sindical subraya que la salida definitiva de estos profesionales provocará un desplome en la calidad asistencial, incrementando las demoras y reduciendo la accesibilidad, especialmente en zonas rurales. Tal es así que la presión asistencial podría desplazarse hacia los hospitales, advierten, ante la previsible saturación de la Atención Primaria.
Una situación que será especialmente grave en áreas de difícil cobertura: “En Orihuela, se perderá un tercio de la plantilla”, han señalado fuentes de UGT, que temen un impacto directo en el control de patologías crónicas, el seguimiento pediátrico y la prevención en la infancia.
Aunque Sanidad ha convocado un concurso de méritos con casi un millar de plazas, de las que cerca de 200 corresponden a facultativos, UGT advierte de que estos procesos no compensan la inmediatez de la pérdida de profesionales actualmente en activo. Y este es precisamente el principal problema en el que hace hincapié UGT: la ausencia total de médicos disponibles en las bolsas de Medicina Familiar y Pediatría.
Esta falta de profesionales ya ha sido señalada en varias ocasiones por publicaciones especializadas. En junio, el propio conseller confirmó que solo en Pediatría existían 126 vacantes sin cubrir en la sanidad pública. Un panorama ante el que el sindicato reclama la adopción de “medidas urgentes y preventivas” que impulsen “políticas activas” destinadas a proteger el sistema sanitario, mejorar la estabilidad laboral y fomentar la fidelización de los profesionales.
Con todo ello, entre las medidas planteadas, UGT propone aprobar una prórroga autonómica del Real Decreto-ley para evitar la pérdida abrupta de médicos mientras se incorporan los resultados del concurso de méritos. No obstante, fuentes de la Generalitat aclaran que dicha ampliación “solo la puede proponer y autorizar el Ministerio”, al tratarse de una normativa estatal.
Ahora, con el 27 de diciembre a la vuelta de la esquina, el sector sanitario se prepara para un posible golpe estructural cuya dimensión exacta aún se desconoce, pero que UGT advierte que puede tener consecuencias inmediatas para miles de pacientes en la Comunitat Valenciana.
