Tres de cada cuatro euros de deuda autonómica están vinculados al sistema de financiación, según el Ivie
El informe presentado en Sevilla cifra en 137.670 millones la insuficiencia acumulada del modelo vigente desde 2009, que debía haberse reformado en 2014
Luis Alberto Marín, Carolina España, Ruth Merino y Juan Alfonso Ruiz, consejeros de Economía y Hacienda de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Imagen: Ivie
Comentarios
El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha presentado este lunes en Sevilla un informe que analiza el impacto del actual sistema de financiación autonómica (SFA), vigente desde 2009. Según las conclusiones del estudio, el 75,4% de los 300.000 millones de deuda de las comunidades autónomas está directamente relacionada con las deficiencias del modelo.
El informe, elaborado por Francisco Pérez y otros investigadores del Ivie, ha desglosado cómo esta situación ha afectado en particular a cuatro comunidades infrafinanciadas: Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. Estas regiones acumulan una deuda que equivale al 220% de sus ingresos anuales del SFA, una proporción significativamente superior a la media.
El trabajo sostiene que si el sistema de financiación autonómica hubiera garantizado recursos suficientes desde su entrada en vigor, la deuda total acumulada por las comunidades habría sido de 76.793 millones de euros, lo que supone el 24,6% de la actual.
Esta diferencia estaría motivada por la necesidad de las comunidades de recurrir al endeudamiento para sostener servicios básicos como sanidad, educación y atención social.
Pérdida de 137.000 millones
Desde la aprobación del SFA de 2009, la evolución de los ingresos de las comunidades ha quedado por debajo de sus necesidades de gasto. El estudio estima que entre 2008 y 2023 la insuficiencia acumulada de recursos ha alcanzado los 137.670 millones de euros. Este desfase ha obligado a los gobiernos autonómicos a ajustar el gasto y, en muchos casos, a financiarse a través del déficit.
Durante la presentación, los consejeros de Economía de las cuatro comunidades mencionadas han reiterado que este desequilibrio estructural viene lastrando su capacidad de prestar servicios públicos en condiciones similares a las del resto del país. Han coincidido en señalar que el actual modelo no solo perpetúa desigualdades, sino que además perjudica a las comunidades con menor renta por habitante.
En cifras, Andalucía ha recibido 183 euros menos por habitante que la media nacional, 214 menos que Cataluña y 778 menos que La Rioja. Esta brecha también se refleja en la financiación por necesidades ajustadas, donde las comunidades infrafinanciadas registran hasta un 45% menos de recursos por habitante que el País Vasco, según recoge el informe.
El Ivie también ha resaltado la relevancia del Fondo de Garantía como mecanismo de nivelación parcial, aunque advierte que este no corrige por completo las desigualdades generadas por el resto de fondos del sistema. A su vez, denuncia que otros instrumentos del modelo, como el Fondo de Suficiencia Global, consolidan diferencias históricas en la financiación autonómica y refuerzan el statu quo previo a la descentralización.
36% de la población española
La falta de actualización del sistema, que debía haberse revisado en 2014, ha generado un desequilibrio sostenido que afecta tanto a la equidad como a la sostenibilidad financiera del modelo autonómico. Los investigadores advierten que cuanto más se retrase la reforma, mayor será el deterioro de las cuentas públicas regionales.
Las comunidades infrafinanciadas representan el 36% de la población española, unos 17 millones de habitantes, y registran rentas per cápita inferiores a la media nacional. Esta doble condición (menor capacidad fiscal y mayor dependencia del sistema) las convierte en las principales perjudicadas por el actual diseño del SFA.
Otro de los puntos señalados es el limitado margen de maniobra que tienen estas comunidades sobre su fiscalidad. Aunque el sistema prevé cierto grado de corresponsabilidad fiscal, en la práctica la capacidad normativa sobre impuestos indirectos clave, como el IVA o los especiales, sigue en manos del Estado.
Además, decisiones unilaterales del Gobierno central, como las subidas de tipos durante la crisis financiera, han detraído recursos del Fondo de Suficiencia en lugar de ser compartidas proporcionalmente.
El informe concluye que para solucionar esta situación se requiere una reforma integral del sistema de financiación, acompañada de un fondo transitorio de nivelación y una regularización de la deuda atribuible a la infrafinanciación.
