El Gobierno cede a la presión del PP y acepta incluir todos sus temas en la Conferencia de Presidentes

El Gobierno ha decidido aceptar íntegramente las demandas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y ha anunciado que incluirá todos los asuntos solicitados por estas regiones en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará este viernes 6 de junio en Barcelona. La decisión fue confirmada este martes por la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Hasta la última coma, en su absoluta literalidad”, aseguró Alegría, en referencia al compromiso del Gobierno de respetar cada uno de los puntos exigidos en la carta remitida el lunes por los presidentes autonómicos del PP, que habían condicionado su participación en la cita a la incorporación de sus propuestas al debate.

El orden del día inicial, elaborado por Moncloa, contemplaba centrarse en vivienda y universidades públicas con Formación Profesional como temas principales. Sin embargo, la presión ejercida por los gobiernos autonómicos del PP —que llegaron a plantear un boicot a la cita— ha forzado al Ejecutivo a ampliar la agenda para incluir también cuestiones que, en principio, escapan del ámbito competencial de este foro multilateral, según defendía el propio Gobierno hasta ahora.

Ocho exigencias aceptadas

Las ocho demandas planteadas por las comunidades del PP que finalmente han sido incorporadas son:

Reforma del sistema de financiación autonómica.
Lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.
Plan energético para evitar apagones.
Control de fronteras y política migratoria.
Inversiones ferroviarias para evitar el caos en el transporte.
Déficit de profesionales sanitarios.
Financiación del primer ciclo de Educación Infantil.
Retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Con esta ampliación, el orden del día se extiende a más de una decena de puntos, y aún se podrían sumar nuevas solicitudes de otras comunidades autónomas en los días previos al encuentro.

El PP celebra el cambio, pero mantiene cautela

Desde las filas del Partido Popular se ha recibido la noticia con satisfacción, si bien han mostrado cierta cautela respecto a la verdadera voluntad de diálogo del Gobierno. Algunos dirigentes autonómicos han recordado que, en la reunión preparatoria celebrada la semana pasada, el Ejecutivo únicamente permitió votar sus propias propuestas, desestimando en ese momento las presentadas por los gobiernos regionales.

Ahora, con la aceptación formal por parte de Moncloa, se espera que el encuentro en Barcelona no sufra boicots, aunque persisten dudas sobre el tiempo disponible para debatir cada asunto. En este sentido, Alegría recordó que los turnos de intervención están tasados y se preguntó si la ampliación del orden del día “tiene como objetivo entorpecer la reunión” en lugar de favorecer un debate fructífero.

Uno de los elementos que más controversia ha generado ha sido la incorporación de asuntos como la inmigración o la reforma judicial, que, según el Gobierno, no encajan dentro del marco competencial de la Conferencia de Presidentes, tal y como establece su reglamento.

No obstante, Alegría matizó que, aunque se abordarán estos temas “por respeto institucional”, su tratamiento en profundidad debería producirse en otros órganos más adecuados, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera o el propio Parlamento. “Hay debates que deben desarrollarse donde corresponde”, subrayó la ministra.

Una Conferencia que gana peso político

Con esta decisión, el Gobierno busca rebajar la tensión institucional y garantizar la presencia de todos los presidentes autonómicos, incluidos los del PP, en una cita que pretende reforzar el diálogo entre administraciones. La Conferencia de Presidentes se convierte así en un espacio clave para poner sobre la mesa tanto las prioridades del Ejecutivo central como las inquietudes de los territorios, en un contexto marcado por el debate sobre la financiación autonómica, la cohesión territorial y la calidad de los servicios públicos.

A pesar de los roces previos, el acuerdo para ampliar el orden del día abre la puerta a un encuentro más plural y con un contenido político mucho más ambicioso del previsto inicialmente. La atención se centrará ahora en la gestión del tiempo de intervención, la disposición al consenso de las partes y en si, más allá de los discursos, se produce algún compromiso concreto en materia de financiación, sanidad o infraestructuras.

El viernes, la política autonómica volverá al primer plano con una Conferencia de Presidentes más cargada de contenido y tensión de lo habitual, reflejo de un momento político de gran intensidad y de las diferentes visiones que conviven hoy en el seno del Estado autonómico.