La opacidad de las patronales: de Pimec al modelo CEOE Cepyme en un contexto marcado por el Caso Riba
La rendición de cuentas sigue siendo limitada en uno de los espacios con mayor capacidad de influencia institucional
Artículos de Juan M. Piqueras Ruiz
La gran ficción de la representación empresarial española
La sobrerrepresentación de CEOE y CEPYME no es una cuestión menor, es el síntoma la manifestación de un modelo que ha permitido hablar de las pymes sin que las pymes tengan siempre una voz propia, directa y diferenciada en los espacios donde se decide sobre su futuro
Derrota de la CEOE, Cepyme y los constructores: el Supremo rompe el monopolio de la representación de las pymes
El Tirbunal Supremo avala la presencia de organizaciones como Conpymes en el Consejo Estatal de la Pyme.
Correos no puede competir con dinero público donde otros operadores compiten sin ayudas
La modernización de Correos no puede construirse sobre una confusión entre servicio público, diversificación empresarial y compensación pública
Seguros de salud en España: El conflicto silencioso que enfrenta a médicos y aseguradoras
Las compañías aseguradoras estarían imponiendo de forma unilateral los baremos que determinan cuánto cobra un médico por cada acto asistencial.
La gran grieta del sistema: el voto por correo está en manos de una empresa, no de los ciudadanos
Correos no es un órgano electoral, ni una junta, ni un notario, ni un fedatario público, es un operador económico sujeto al derecho privado
El silencio de Bruselas antes de la tormenta por los 2.000 millones que España gasta en Correos
Hace tres meses, de forma silenciosa, el Gobierno aprobó una reforma postal que canaliza 400 millones anuales a Correos hasta 2030, y son 2.000 millones en cinco años, que se entregarán sin auditorías previas que lo justifiquen, sin licitación competitiva,[…]
Correos: el Estado paga la ronda… y la banca brinda
El rescate de Correos como coartada para externalizar la “cuenta básica” rural y prorrogar el monopolio postal sin concurso
Correos: un dopaje público de 427 millones que atenta contra la libre competencia
Mientras otras empresas deben financiar sus reestructuraciones con sus propios recursos, aquí el Estado absorbe el coste de un ajuste laboral masivo