¿Cómo bajará Fabra la persiana de Canal 9?

La rapidez con la que el gobierno valenciano tomó la decisión de bajar la persiana de Canal 9 y Ràdio 9 le pasará factura, sobre todo económica. El Consell tiene por delante el arduo trabajo de concretar cómo acabará con una empresa pública de esta envergadura. De momento, el Ejecutivo que preside Alberto Fabra ha presentado una proposición de ley para liquidar Radiotelevisió Valenciana (RTVV) y ha nombrado al nuevo liquidador.

Pero, ¿por qué? “RTVV es un ente público y, para extinguirse, requiere de una ley, a diferencia de una sociedad anónima. Después, habría que seguir con el proceso de liquidación de sociedades mercantiles y, por tanto, hacer frente a los contratos vigentes e indemnizaciones a la plantilla”, apunta el Doctor en Derecho, Juan Alfonso Santamaría.

El Consell ya ha avanzado que el cierre es inminente y que el coste rondará los 70 millones de euros. Además, ha fijado en 23 días por año trabajado las compensaciones que recibirán los trabajadores que ya fueron despedidos y de 45 días a los que tendrán que dejar sus puestos de trabajo en breve.

Activos para reducir la deuda

Una vez empezado el camino hacia la extinción, hay que valorar la capacidad de la empresa para asumir las deudas, que en el caso de RTVV superan los 1.000 millones de euros.

“Cuando se entra en un proceso como éste se presentan los bienes y activos que existen para hacer frente a los pagos pendientes así como la inyección de capital (si la empresa puede hacerlo) necesaria para sanear las cuentas”, subraya el abogado Emilio Blasco, del bufete Blasco y Civera.

En el caso de la radio y la televisión valencianas, el grueso del patrimonio se resume en el edificio que albergaba ambas sociedades y que está valorado en 32 millones de euros. El resto de consecuencias económicas se asumirán con cargo a la consignación presupuestaria que se pueda prever en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014, según ha avanzado el Consell.

Acatar la decisión del TSJCV

Ante las últimas maniobras del Ejecutivo valenciano, lo que sí tienen claro varios expertos es que no se recurrrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que declara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a casi un millar de empleados.

“Si no se recurre hay que pagar el sueldo que se ha dejado de percibir a estos trabajadores y readmitirlos para presentar un nuevo ERE total y proceder al cierre”, aseguran fuentes especialistas en derecho laboral.

Contratos sin firmar

Hasta que llegue ese momento, además de finiquitar a la plantilla, el gobierno valenciano tiene otros flecos sueltos que solucionar. ¿Qué pasa con los contratos de externalización de RTVV? Hace apenas un mes se adjudicaron los lotes y la productora que preside Josep Piqué, Tres60, se quedó con gran parte del pastel.

“Tengo entendido que se ha llegado a firmar el contrato de las externalizaciones. Se adjudicaron, pero si no hay firma, no hay incumplimiento por parte del Consell. Las productoras, no obstante, pueden pedir una indemnización por daños y perjuicios, justificando que se ha comenzado a contratar a gente o se han hecho algunas gestiones relacionadas con estos lotes adjudicados”, subraya Blasco.

Un proceso de liquidación ya sea a través de un concurso o de forma directa no exime a la compañía de pagar indemnizaciones o penalizaciones por cesar la actividad, según detallan los especialistas. Esto es lo que puede ocurrir no sólo con los contratos de programación, sino también de publicidad. “Los contratos con terceros se deberán asumir”, matiza Santamaría.

Contagio a terceros

Otro problema que surge ahora es que, entorno a una gran empresa del nivel de RTVV, se teje todo un entramado de firmas que se nutren de esta primera. Si cae una, el resto va detrás y corre, al final, la misma suerte. “El cierre de Canal 9 va a provocar el cierre en cascada de muchas otras empresas”, lamenta Blasco.

Además, el caso de Canal 9 puede que no sea el último. Telemadrid podría seguir los mismos pasos y tomar de ejemplo la liquidación del ente valenciano. Las deudas están acorralando, también, a las empresas públicas. “La situación financiera de los entes públicos es muy mala ahora, porque con la crisis la recaudación ha caído”, apunta Santamaría.