Los bufetes arropan a Garrigues en el ERE de Canal 9

¿Cuáles son los siguientes pasos que seguir para el cierre de Canal 9? ¿Qué ocurrirá con los empleados despedidos? Ante esta pregunta, sólo se escucha el silencio al otro lado del teléfono. Es la respuesta que ofrecen los grandes bufetes de abogados del país. Pero, ¿por qué? “Declinamos hablar de este tema. Lo han llevado otros compañeros”, apuntan fuentes próximas a Sagardoy, el conocido despacho especialista en asuntos laborales.

Este pacto de silencio demuestra que las grandes firmas arropan a Garrigues Abogados en el caso de la Radiotelevisió Valenciana (RTVV), cuya muerte ha sido anunciada por el gobierno autonómico. Con la misma discreción que se pronuncia Sagardoy, lo hacen otros despachos, como Cuatrecasas o Gómez Acebo.

Un informe de 125.000 euros

La relación entre Garrigues y RTVV se remonta a hace más de un año cuando el bufete se adjudicó el informe sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó, finalmente, a casi un millar de trabajadores de la radio y la televisión públicas. El bufete no presentó la oferta más barata –la suya fue de 125.000 euros– pero acabó siendo el elegido.

Ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declaraba –hace apenas unos días– nulos los despidos, pone en entredicho el expediente laboral que se ha llevado a cabo.

Responsabilidades varias

Las interpretaciones son muy variadas. Algunas fuentes apuntan que los cambios que tomó la dirección del ente público han vulnerado el principio de igualdad, y por consiguiente, han hecho tumbar el ERE. La directora Rosa Vidal anunciaba este verano que salvaba a 186 técnicos del expediente laboral, alterando así la hoja de ruta marcada por Garrigues. Un informe del bufete ya alertaba al ente público de que esta nueva maniobra podría conllevar algunos riesgos y así ha sido.

Otros expertos, sin embargo, aseguran que la sentencia del TSJCV deja en muy mal lujar a Garrigues en su asesoría a RTVV para adelgazar la plantilla y hacer viable la continuidad de la empresa. Mientras, otro foco aborda la responsabilidad del gobierno valenciano que ha aplicado la política del derroche y despilfarro en Canal 9 y Ràdio 9, con una plantilla de 1.700 personas y una deuda que supera los 1.000 millones de euros.

Diferentes motivos

Aunque la gran parte de los prestigiosos bufetes de abogados españoles han declinado hacer declaraciones, las razones son diferentes en algunos casos. Hay matices que se deben tener en cuenta, pero todos ellos relacionados de una forma u otra con Canal 9.

La mayoría no hablan para no dejar en mal lugar a unos compañeros de profesión, otros, como es el caso de Broseta, por la relación directa entre este despacho valenciano y Radiotelevisió Valenciana y que tiene un nombre: Rosa Vidal. La hasta ahora directora del ente público era socia del despacho como directora del Área de Derecho Público.

Fabra pisa el acelerador hacia el cierre

No obstante, mientras los bufetes echan balones fuera, la Generalitat Valenciana mueve ficha. El presidente Alberto Fabra ha avanzado que se estudiará ahora la posibilidad de actuar jurídicamente sobre las empresas que han asesorado a RTVV en el proceso del ERE, entre las que se encuentran Garrigues y Price Waterhouse.

Además, ha nombrado al nuevo liquidador del ente público, Ernesto Moreno. Ha aprobado un decreto ley de urgencia para seguir teniendo el control y manejar los hilos de RTVV hasta que se concrete su muerte.