El Govern ignora las quejas de Foment y le da el mismo peso que a Pimec

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La consellera de Treball establece un reparto del 33% para cada una de las tres patronales a pesar de las quejas de Gay de Montellà

Dolors Bassa, consellera de Treball, en el centro, con tres compañeros de gabinete / EFE

Barcelona, 22 de abril de 2016 (13:51 CET)

El nuevo Govern de Carles Puigdemont no consigue dar carpetazo a la guerra patronal catalana. El conflicto entre Foment y Pimec por la representatividad parece una batalla eterna, que siempre tiene un capítulo más. La consellera de Treball, Dolors Bassa, la intentó resolver pidiéndoles que se pusieran de acuerdo, pero Foment presentó alegaciones y el Govern ha tenido que interceder para parar los pies a la gran patronal catalana.

Treball ha resuelto atribuir una representatividad del 33% a cada una de las tres patronales consideradas representativas: Foment, Pimec y Fepime. A finales de marzo, Dolors Bassa decidió que fueran las patronales las que se pongan de acuerdo sobre la cuota que le toca a cada una. Mientras lo hacen, estableció una representatividad idéntica para cada una de ellas.

Foment y Fepime, su asociada de pymes, presentaron alegaciones pero han sido ignoradas. Treball mantiene el 33% para cada una y además deja sin efecto la resolución del 13 de diciembre de 2013, que establecía una representatividad del 65% para Foment, 25% para Pimec y 15% para Fepime, después de que esta última consiguiera ser reconocida por silencio administrativo.  

Reconoce a Fepime  

La gran patronal catalana, que preside Joaquim Gay de Montellà, pidió que se mantuviera este reparto mientras las organizaciones buscan la fórmula, pero el Govern lo ha descartado. A cambio, la conselleria ha dejado claro en un comunicado que Fepime mantiene su condición de entidad representativa, a pesar de los recursos de Pimec.  

El Govern ha remarcado que el reparto actual es provisional, hasta que las patronales se pongan de acuerdo –algo que hoy por hoy parece casi imposible– o encuentren una fórmula consensuada para medir la representatividad, y obligado ante la imposibilidad de establecer un reparto al gusto de todas las partes.  

El antiguo conseller de Empresa y Ocupació Felip Puig sí que intentó medir la representatividad, pero se metió en un jardín del que no pudo salir, ya que el decreto impedía la representatividad de Fepime y provocó un recurso de Foment, que consiguió pararlo. 
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