El ex director general de Unipost, Pablo Raventós, entra en la sede de la compañía en L'Hospitalet (Barcelona) mientras la Guardia Civil realiza un registro en la misma. | EFE

El juez da una prórroga de dos meses a los Raventós para vender Unipost

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El magistrado aplaza la petición del administrador concursal de comenzar la fase de liquidación y escucha parte de las alegaciones de la familia Raventós

Carles Huguet

Economía Digital

El ex director general de Unipost, Pablo Raventós, entra en la sede de la compañía en L'Hospitalet (Barcelona) mientras la Guardia Civil realiza un registro en la misma. | EFE

Barcelona, 10 de enero de 2018 (13:25 CET)

Los tribunales alargan la agonía de Unipost. El juzgado de lo mercantil número 7 de Barcelona otorga un periodo de dos meses a la familia Raventós para encontrar un comprador a la empresa de servicios postales después de que el administrador concursal solicitase la apertura de la fase de liquidación a comienzos de diciembre. De no existir interesado, las demandas del administrador serán escuchadas.

En el auto publicado el 9 de enero al que ha tenido acceso Economía Digital, el magistrado da un plazo de 40 días para la presentación de ofertas y de dos meses para el cierre de la venta. Sin embargo, asume que hasta el momento no constan ofertas "que hayan sido valoradas como razonables" por la administración concursal, en manos de Jausas Legal. El interés de Correos quedó en nada y ni atisbó los 4,6 millones solicitados.

En concurso desde el mes de julio por unas deudas que rondan las 50 millones, la empresa catalana gana tiempo ante la imposibilidad de presentar un convenio que pueda ser aceptado por los acreedores. "Ni los propietarios ni el administrador han insinuado esta posibilidad", asume el juez.

Los Raventós auguran un ligero aumento de los ingresos y una reducción de costes gracias al ERE para toda la plantilla

La única opción restante: la liquidación, aunque sea a través de la venta de la unidad productiva. Pero mientras Jausas se cansó de ver como la compañía cada vez perdía más dinero, los Raventós presentaron un plan a la desesperada que, en parte, convenció al juez.

Alegaron que cesar la actividad sería un freno para una posible transacción, pues las entidades públicas y bancos todavía con contrato en vigor dirían adiós al servicio y echarían por tierra el escaso valor que todavía mantiene Unipost. Además, defendieron la existencia de una previsión de mejora de la situación a corto plazo.

El juez espera ahora la prometida "mejora de la situación económica basada en la reducción de costes estructurales con un ligero aumento de los ingresos”. El principal argumento, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los 2.200 trabajadores que conforman la plantilla puesto en marcha.

Unipost: cada vez peor

No obstante, el ejercicio 2017 no dio muestras de mejoría. Hasta el mes de agosto, la empresa registró unos números rojos de 9,8 millones de euros. El agujero se duplicó respecto a los 4 millones del 2016 y prácticamente quintuplicó los 2,1 millones perdidos en 2015.

La facturación también cayó por segundo año consecutivo. Si hace dos años fue de 93,9 millones y el año pasado de 91,3 millones de euros, en los primeros ocho meses de 2017 las ventas fueron de 55,7 millones. La proyección del ejercicio completo es de 82,8 millones, una reducción del 9,3%.

La gestión de la familia Raventós durante los últimos años motivó que los trabajadores pidieran la culpabilidad del concurso. La estirpe catalana no contribuye a despejar las dudas: no facilitó el acceso de Jausas al libro de socios ni al libro de actas para la elaboración de su informe provisional. 

De este modo, se ocultaron los accionistas de la compañía y sus participaciones al emisario del juez. Si bien es conocido que la saga catalana controla la compañía de servicios postales, jamás han desvelado el reparto desde que Deutsche Post se deshizo del 37% del capital que poseía en favor de la familia.

Jausas también investiga todos los movimientos realizados con empresas del grupo en los últimos dos años. Como denunció Economía Digital, entre ellas está la sociedad Patinage Consultadoría e Marketing, con sede en Madeira, un territorio que ofrece beneficiosas condiciones fiscales a sus empresas. 

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