Europa duda de la legalidad de las ayudas públicas a Iberpotash en Cataluña

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La Comisión Europea abre una investigación para determinar si las ayudas por 7,9 millones de euros a la empresa minera son legales

La planta de Iberpotash.

Barcelona, 26 de enero de 2016 (16:25 CET)

La Comisión Europea ha anunciado este martes que ha abierto una investigación en profundidad sobre las ayudas públicas concedidas a la empresa minera Iberpotash en Cataluña, para determinar si supusieron una ventaja selectiva frente a sus competidores contraria a las normas comunitarias.

El Ejecutivo de la UE ha explicado que su investigación va a centrarse en dos de las ayudas que recibió la compañía –una garantía financiera y una financiación pública de 7,9 millones de euros– de las cinco que incluía una denuncia que recibió Bruselas en 2012.

Garantía insuficiente

La Comisión examinará en primer lugar si la garantía financiera de dos millones de euros que las autoridades públicas exigieron a la compañía para cubrir el coste potencial de la rehabilitación de terrenos fue demasiado baja.

Para cumplir con las obligaciones de protección medioambiental que establecen las normas europeas y autonómicas, la minera tiene la obligación de responder ante el posible impacto de los residuos que genera, pero podría no haberlo hecho.

"La investigación se va a centrar ahora en determinar si el importe de la garantía financiera, fijado originalmente en dos millones de euros, es muy inferior al que exigen las normas medioambientales, en particular la directiva sobre residuos de las industrias extractivas de la UE y las normas nacionales y autonómicas pertinentes", señala la Comisión. Bruselas advierte de que "de confirmarse, la empresa habría obtenido una ventaja financiera".

Los costes de la contaminación

Por otro lado, la CE examinará si la financiación pública de 7,9 millones de euros para cubrir los costes del recubrimiento de una escombrera de Iberpotash y para la reducción de la contaminación, deberían haber sido cubiertos por la empresa, por ser el contaminador.

La Comisión advierte de que de ser así, se habría incurrido en una infracción del principio de "quien contamina, paga", ya que sería una autoridad pública la que estaría cubriendo los gastos de limpieza en lugar de la empresa responsable de la contaminación.

Ventaja competitiva

Recalca además que "ambas medidas pueden haber concedido a Iberpotash una ventaja selectiva frente a sus competidores, que tienen que asumir estos costes, por lo que supondría ayuda estatal a tenor de la normativa sobre ayudas estatales de la UE".

Bruselas advierte, no obstante, de que la apertura de la investigación no prejuzga el resultado de la misma y recuerda que las terceras partes interesadas tienen ahora la oportunidad de presentar observaciones sobre las dos medidas evaluadas.

Iberpotash, que en 2014 pasó a denominarse "ICL Iberia Súia & Sallent", es propietaria y explota varias minas de potasa en Cataluña, en municipios como Súria y Sallent.
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