La Generalitat impedirá a las eléctricas que corten la luz a las familias en apuros

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El gobierno catalán garantizará el servicio entre noviembre y marzo para las personas en situación de vulnerabilidad económica

Artur Mas (CiU), José Manuel Soria (PP) y Eduardo Montes (Unesa) | ED

23 de diciembre de 2013 (17:37 CET)

Las eléctricas no podrán cortar el subministro a las familias catalanas entre noviembre y marzo. El Gobierno de Artur Mas (CiU) ha aprobado este martes una iniciativa legislativa para luchar contra la pobreza energética. El decreto ley entrará en vigor el próximo 1 de enero y favorecerá a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en los meses más fríos del año.

Se podrán beneficiar del nuevo marco legislativo las personas o unidades familias con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la renta de suficiencia. Es decir, cuyos ingresos no lleguen o equivalen a 569,12 euros mensuales. Se debe sumar un 30% a partir del tercer miembro de la familia.

Además, los usuarios deberán demostrar que no pueden reducir su consumo de bienes e inmuebles y que tienen contratada una tarifa social en los suministros energéticos. La prohibición de cortar el servicio también se aplicará en la distribución de gas.

Alternativa a la subasta eléctrica

El Ejecutivo catalán ha evitado hacer una previsión de cuántas familias se podrán beneficiar de la nueva normativa. De forma paralela al blindaje de la distribución de energética a las familias más desfavorecidas en Catalunya, el precio de la electricidad a partir de enero en el país aún es una incógnita.

El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ha anunciado que este viernes el ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), detallará la alternativa que ha improvisado para evitar una nueva subasta que imponga una subida del 11%. Antes de anunciarse, ya suma críticas. La primera de ellas surge de la patronal del sector, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), quien avisa al Ejecutivo que su sistema no puede suponer otro “estropicio al mercado”, en palabras del presidente, Eduardo Montes.

Transparencia sobre la última subasta

“No tengo ni idea de qué se puede hacer [para fijar la tarifa de enero]”, ha asegurado en un encuentro con la prensa en Madrid. El directivo reconoce que está “personalmente dolido” con las acusaciones contra las eléctricas que lanzó Soria, acusándolas de distorsionar el mercado para recoger los frutos económicos del incremento desmesurado del precio de la energía.

Ha reclamado tanto a Industria como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pongan sobre la mesa “lo antes posibles” los documentos de los que disponen relativos a la última subasta y las anteriores. "En vez de conspiraciones que nadie entiende y de hacer correr rumores, que expliquen y pongan sobre la mesa los informes", ha sentenciado.

Nerviosismo en las cúpulas

Las eléctricas están nerviosas y se sienten desamparadas por el Gobierno, quien les ha señalado como culpables del déficit que acumula el sector y de distorsionar los mercados a su favor. Reconoce que hay “nerviosismo en los cuarteles de las eléctricas”.

Por ello, las compañías han iniciado una campaña a título individual para lavar su imagen. La más evidente ha sido la de Iberdrola, quien anuncia en los medios de comunicación que el 62% de la factura particular de electricidad se destina a cargas fiscales, subvenciones medioambientales, ayudas territoriales y sociales u otros impuestos.

Déficit de 4.480 millones

El déficit de tarifa en España llegó a los 4.480 millones de euros en los diez primeros meses del año, según los cálculos que la CNMC ha hecho públicos este lunes. El importe es 118 millones superior al del mes anterior. Si se mira todo el ejercicio, el incremento ha llegado al 11%.

Soria impulsó las primeras medidas de la reforma energética el pasado julio. El sector se ha revuelto contra la normativa, que también ha sumado el rechazo parcial del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (PP). El conflicto actual tiene su origen en esta normativa, que ha descontentado a todas las partes.
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