La nueva propuesta que preocupa a los funcionarios: recortes salariales a los trabajadores que traten mal a un ciudadano
La Generalitat estudia reforzar el régimen disciplinario de la función pública para garantizar un trato respetuoso a la ciudadanía
Los funcionarios bajo lupa en Cataluña
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La Generalitat de Cataluña estudia introducir cambios en el régimen disciplinario de la función pública que permitirían rebajar el salario de un funcionario que falte gravemente al respeto a un ciudadano durante el ejercicio de sus funciones. La propuesta, que forma parte de una reforma más amplia de la administración catalana, ha abierto un intenso debate político y social sobre los límites de la potestad sancionadora de la Administración y los derechos laborales de los empleados públicos.
Un refuerzo del trato al ciudadano
El objetivo principal de la iniciativa es mejorar la calidad del servicio público y reforzar la obligación de trato digno hacia la ciudadanía. Desde el Govern, según avanzaba Europa Press, defienden que el comportamiento de un funcionario no puede desligarse de la imagen y el funcionamiento de la administración, y subrayan que los insultos o actitudes vejatorias hacia un ciudadano suponen una vulneración grave de los principios que rigen el servicio público.
Según fuentes del Ejecutivo catalán, la medida busca introducir sanciones con un efecto disuasorio real, más allá de los apercibimientos habituales, para garantizar que el respeto y la profesionalidad sean elementos centrales en la relación entre la administración y la ciudadanía.
La normativa actual
En la actualidad, el régimen disciplinario de los funcionarios ya contempla sanciones para las faltas graves y muy graves, entre ellas la suspensión de funciones, el traslado forzoso o, en casos extremos, la separación del servicio. La deducción proporcional de retribuciones también está prevista en determinados supuestos, aunque su aplicación ha sido limitada y siempre sujeta a procedimientos garantistas.
La novedad del planteamiento catalán, según detallaba Europa Press, radica en vincular de forma más directa y explícita la conducta irrespetuosa con una penalización económica concreta, reforzando así la idea de responsabilidad individual del funcionario frente al ciudadano.
Argumentos a favor de la medida
Los defensores de la reforma sostienen que un funcionario que insulta a un ciudadano no solo incumple sus deberes profesionales, sino que daña la confianza en las instituciones públicas. En este sentido, consideran que el salario, como elemento ligado al desempeño, debe reflejar también el comportamiento ético y profesional del empleado público.
Desde esta óptica, la sanción económica no se concibe como un castigo arbitrario, según El Periódico, sino como una herramienta para elevar los estándares de calidad del servicio público y recordar que la función administrativa está orientada al interés general y al respeto de los derechos de la ciudadanía.
Críticas sindicales y de la oposición
La propuesta ha generado un fuerte rechazo entre los sindicatos de funcionarios, que alertan del riesgo de introducir sanciones basadas en criterios subjetivos. Desde UGT o CCOO, tal y como detallaban en El Periódico, el insulto o la falta de respeto pueden dar lugar a interpretaciones ambiguas y a decisiones discrecionales que afecten de forma injusta a la estabilidad económica de los trabajadores públicos.
Los representantes sindicales recuerdan que los funcionarios ya están sometidos a un régimen disciplinario estricto y reclaman que, en lugar de endurecer las sanciones, se apueste por la formación en atención al público, la mejora de los protocolos y el refuerzo de los recursos humanos en los servicios más tensionados.
Dudas jurídicas y constitucionales
Desde el ámbito jurídico también se han planteado interrogantes sobre la adecuación de la medida al marco legal vigente. Algunos expertos consultados por El Periódico, advierten de que cualquier reducción salarial a un funcionario debe estar perfectamente tipificada y respaldada por un procedimiento con plenas garantías, para evitar vulneraciones del derecho a la seguridad jurídica y al principio de proporcionalidad.
Además, recuerdan que la Constitución establece que la administración debe actuar con objetividad y sometimiento pleno a la ley, por lo que cualquier reforma disciplinaria deberá superar un eventual control judicial.
Una reforma más amplia de la función pública
En los últimos meses, según detallaba Europa Press, el Govern ha impulsado iniciativas para introducir evaluaciones periódicas del desempeño, reformar los sistemas de acceso y promoción y establecer nuevas sanciones, como la democión en casos de faltas graves.
Estas reformas pretenden, según el Ejecutivo, mejorar la eficiencia de la administración y adaptarla a las exigencias actuales, aunque han sido recibidas con cautela por parte de los empleados públicos.
Un debate abierto
La propuesta de rebajar el salario a un funcionario que insulte a un ciudadano deberá ahora recorrer el trámite parlamentario, donde se prevé un debate intenso. Mientras desde el Govern defienden la necesidad de una administración más exigente y orientada al ciudadano, la oposición y los sindicatos reclaman límites claros y garantías suficientes.
En cualquier caso, la figura del funcionario vuelve a situarse en el centro del debate público, entre la exigencia de responsabilidad y la protección de los derechos laborales, en una discusión que marcará el futuro de la función pública en Cataluña.
