Las leyes del suelo ponen en riesgo los 2.000 millones que Ikea quiere invertir en España

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BUROCRACIA

Ikea tiene dos centros en construcción en España, en Sabadell (foto) y Valladolid

03 de octubre de 2011 (19:49 CET)

La crisis ha pasado de largo para Ikea. Hace un año publicaron por primera vez sus resultados financieros en un ejercicio difícil (el de 2009) que, a pesar de todo, les reportó un beneficio neto de 2.500 millones de euros, el 11,3% más que el año anterior. El gigante sueco invierte todas sus ganancias en expandir el negocio e investigar nuevos productos. Así cada 31 de agosto, cuando cierran un ejercicio, las filiales pelean para conseguir fondos con el objetivo de iniciar nuevos proyectos.

El consejero delegado de la multinacional, Mikael Ohlsson, aprobó en 2010 un plan de expansión en España que prevé la apertura de 12 nuevas tiendas y nueve centros comerciales hasta 2015. Para completarlo, invertirán unos 2.000 millones de euros con los que prevén crear 20.000 empleos directos e indirectos además de necesitar a 20.000 personas más durante la construcción. Pero la hoja de ruta está en el aire porque “los plazos sobrepasan el período razonable de inversión y corremos el riesgo de que los fondos se vayan a otros países”, en palabras de un portavoz del grupo a Economía Digital.

Las leyes del suelo, las diferentes regulaciones comerciales en los distintos niveles de la Administración y las indefiniciones en ciertas comunidades provocan que “en España el plazo medio para desarrollar un proyecto es de cinco o seis años mientras que en otros países, como EEUU, se tardan dos”. Y la competencia entre regiones es grande. “El peligro del plan de expansión es real […] competimos con países como China u otros emergentes muy interesados en nuevas iniciativas empresariales”.

Sant Cugat, Alcorcón y Valencia

La excesiva burocracia española incluso ha provocado que los suecos tiren la toalla en algunas ocasiones. En 2009 anunciaron que abandonaban el proyecto de Sant Cugat del Vallès, que estaba en marcha desde 2002, y se llevaban la inversión hacia Sabadell, la población vallesana vecina. Esta tienda abrirá sus puertas en julio de 2012 y creará 400 sitios de trabajo directos. Detrás del cambio de rumbo está el Ayuntamiento presidido entonces por el actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, que retardó sine die la urbanización del polígono donde se debía ubicar la tienda de muebles.

En Ikea temen que este caso se repita en Alcorcón. La localidad madrileña ya cuenta con un establecimiento que se ha quedado pequeño. Hace un año y medio compraron una parcela pública por 24 millones de euros, aunque la operación está ligada al desarrollo urbanístico de la zona por parte del consistorio. “No han iniciado las obras, ni siquiera han puesto los servicios básicos”.

La Comunidad Valenciana es otra piedra en el camino de los suecos. Vista junto a Barcelona, Madrid y Andalucía como una zona estratégica, aún no tienen ninguna tienda propia “a pesar de que los valencianos gastan anualmente más de 50 millones de euros en Ikea”. El lobby de la industria del mueble, ahora en horas bajas, se ha opuesto históricamente a su llegada. Desde el grupo esperan “anunciar un nuevo proyecto en 2012”, aunque no se aventuran a garantizar que llegue a buen puerto.

Gasto asociado

Los portavoces de la compañía aseguran que asumen las voces críticas “con mucho respeto”, aunque afirman sin tapujos que el problema del pequeño comercio es “la situación económica actual”. Precisamente Ikea triunfa por la política de bajada de precios, que pocos pequeños empresarios pueden seguir a pesar de que el producto final dista en calidad. Una característica que usan para dejar claro que juegan en divisiones diferentes. “No somos competidores directos”.

Por otro lado, se quejan de la política de ciertas administraciones. “Ikea es un gran centro de atracción”. Recuerdan los gastos asociados que realizan los compradores, sobre todo en las poblaciones donde financian la construcción de centros comerciales enteros.

“En 1999 llegamos a España con vocación de quedarnos”. Sus demandas son claras: “Más celeridad y unas normas claras”. “En Catalunya por lo menos sabemos que no podemos construir centros comerciales, pero es más difícil en otras comunidades donde no sabemos qué se puede hacer”. La inseguridad y las falsas expectativas generadas en algunos puntos comprometen los 2.000 millones de euros que Ikea quiere invertir en España.
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