Las megaminas de Iberpotash se 'ahogan' en sus incumplimientos

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MINERÍA

Josep Maria Cortés

Artur Mas cuando colocó la primera piedra a la rampa de acceso a la mina de Súria. Las obras acumulan un retraso de dieciocho meses. /GENCAT
Artur Mas cuando colocó la primera piedra a la rampa de acceso a la mina de Súria. Las obras acumulan un retraso de dieciocho meses. /GENCAT

17 de octubre de 2012 (20:39 CET)

El Proyecto Phoenix, presentado por la empresa minera Iberpotash, con instalaciones en Súria y Sallent (Barcelona), y propiedad de la multinacional israelí ICL, como la solución a la insostenible situación ambiental existente en esa zona en ningún caso permitirá la resorpción de las escombreras existentes, tal y como ha venido anunciando la empresa extractora a bombo y platillo durante los últimos meses.

Se tambalea la razón de ser del megaproyecto de levantar una cuenca industrial química con una inversión total de 600 millones de euros, cuya materialización fue anunciada el pasado enero de este año con la primera piedra a cargo del president, Artur Mas. El proyecto estrella de un sector industrial en declive, como el químico --mantenido por Solvay, invadido de melancolía por Ercros y perdedor en los derivados del plástico con el caso de La Seda-- se viene abajo.

El consejero delegado del grupo minero, José Antonio Martínez, ha anunciado repetidamente sus diversas fases obviando que supondrá vertir residuos a las escombreras existentes y en ningún caso desmontarlas, tal y como ha transmitido. De esta forma incumplirá abiertamente con sus obligaciones restauradoras que quedan aplazadas, prácticamente hasta el olvido.

Daño irreparable

El daño medioambiental resultará irreparable a criterio de expertos independientes; uno de estos expertos, el biólogo y cátedro de metatécnia ambiental del ICT y profesor de la UB, Ramon Folch, ha elaborado un informe en el que se destaca el deterioro irreversible del entorno de la zona minera y el nulo impacto real del Proyecto Phoenix en la desaparición de las escombreras existentes, en contra de lo anunciado hasta ahora por Iberpotash y las autoridades que le apoyaban.

Para reactivar la cuenca minera del Bages, Iberpotash ha presentado dos fases. La primera incluye inversiones en la mejora de procesos de extracción de la potasa, la construcción de una planta de sal vacuum y el cierre de la mina de Sallent, que quedará especialmente desprotegida ante la no restauración de su escombrera de mas de 40 millones de toneladas. En esta fase, la compañía ha anunciado una ejecución de 150 millones cuyo real objetivo es incrementar la productividad de sus procesos extractores de potasa a costa de seguir contaminando.

Ayudas públicas

La hipotética segunda fase consistiría en un incremento de la capacidad de potasa y una segunda planta de sal. Esta segunda parte debería venir acompañada de ayudas públicas de la Generalitat (tren que conecte con el corredor Mediterráneo, creación de un polígono industrial a cargo del Consorcio de la Zona Franca, de una subestación eléctrica de 110 kilovoltios y una línea eléctrica de 400 kilovoltios, además de una nueva terminal en el Puerto de Barcelona).

El pésimo estado actual de las arcas de las Generalitat deja muchas dudas sobre estas posibles inversiones, que Iberpotash presenta como seguras. Esta hipotética segunda fase tampoco supondría ninguna mejora medioambiental según el informe Folch.

Recursos judiciales

La explotación de Iberpotash ha significado la formación de 60 millones de toneladas de residuos repartidas entre las escombreras de Súria y de Sallent-Balsareny. La empresa incumple con sus obligaciones restauradoras, marcadas por la ley, tal y como dicta una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 2011, que anula parcialmente la autorización ambiental de la explotación de Sallent. Esta sentencia está recurrida por Iberpotash ante el Supremo, aunque esta segunda instancia no ha sido utilizada por la Generalitat, pareciendo acatar la decisión.

Actualmente siguen en curso otros procedimientos penales presentados por asociaciones y plataformas medioambientales del Bages contra Iberpotash, en Bruselas y en los tribunales catalanes. El mundo ciudadano denuncia en estas demandas las severas contaminaciones realizadas de forma permanente por la empresa y la no restauración de los severos daños infringidos al medioambiente.

La lucha de un vecino


La primera sentencia del TSJC corresponde a una demanda presentada por Sebastià Estradé, vecino de Sallent, doctor en Derecho y profesor de física nuclear en la Escuela de Ingenieros de Barcelona. La sentencia de Estradé le exige a la Generalitat el cumplimiento por parte de Iberpotash de la existencia de un plan de restauración real y la imposición de una fianza acorde con la actividad y los daños que genera. El reglamento de las fianzas mineras que fija la Administración (la Generalitat en el caso de Iberpotash) viene reflejado en una directiva europea (la 2006/21) de obligado cumplimiento en todos los estados miembros.
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