Los acreedores desinflan el valor de Abengoa con varias auditorías

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El valor real de filiales y proyectos se sitúa, en muchos casos, por debajo de lo establecido en el plan de viabilidad elaborado por la empresa junto a la consultora Alvarez & Marsal

Planta solar de Abengoa, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Madrid, 14 de mayo de 2016 (01:00 CET)

Ante la necesidad de aportar más liquidez inmediata para que Abengoa puede seguir afrontando los imperiosos gastos corrientes mensuales –sobre todo las nóminas de sus 17.000 empleados– bonistas y bancos acreedores están de nuevo jugando sus cartas para arrimar el ascua a su sardina, en una negociación a cara de perro que, aunque parecía cerrada a finales de marzo –cuando se alcanzó el preacuerdo para evitar el concurso–, está todavía lejos de estarlo.

En principio, unos y otros echaron sus números para rescatar a Abengoa en base al plan de viabilidad elaborado por la empresa junto a la consultora Alvarez & Marsal, que contemplaba un valor para la nueva compañía de 5.400 millones de euros en 2020.

El plan de viabilidad no se ajustaba a la realidad

Un objetivo que requería de una inyección de 1.100 millones entre 2016 y 2017 para cubrir gastos y activar proyectos, de manera que se generarían unos 700 millones de flujo de caja. Además, se preveía un impacto positivo por venta de activos de casi 500 millones y la salida de proyectos que requerirían mucho aporte de capital y sobre los que se albergaban grandes dudas de obtener por ellos suficientes márgenes de beneficio.

Con este marco, se alcanzó el preacuerdo para que, principalmente los bonistas, aportaran hasta 2020 una horquilla de liquidez de entre 1.500 y 1.800 millones de euros y se renovaran los préstamos urgentes otorgados entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.

Además, se reconocía una quita del 70% sobre los casi 9.000 millones de deuda corporativa y, por último, se reordenaba el capital de la Nueva Abengoa, con el 55% para los que aportasen la liquidez –los bonistas–, el 40% para los que asumieran la quita –los bancos acreedores– y el 5% restante para los actuales accionistas, con la familia Benjumea entre ellos.

Nueva due dilligence

Pero, desde entonces, las cosas han cambiado. En estos dos meses, el resultado de la due dilligence sobre cada filial y sobre cada proyecto, realizada por encargo de bonistas y acreedores, difiere notablemente de los números planteados en el plan de viabilidad de la empresa. Por eso, el tira y afloja vuelve a ponerse sobre la mesa.

"Los bonistas, ya se sabe, quieren poner uno y llevarse siete", apuntan fuentes cercanas a la negociación. Y, aunque, ni por asomo se vislumbra que se rompa el preacuerdo y la alternativa de la quiebra de Abengoa vuelva a contemplarse, sí parece que los principales financiadores de la nueva empresa se estén replanteando los números iniciales.

Menos inyección o más garantías

De mantenerse esa horquilla de liquidez, de aportar un mínimo de 1.500 millones y un máximo de 1.800 hasta 2020, los bonistas exigirían mayores garantías, que irían por aumentar el interés de lo prestado por encima del 20% o exprimir todavía más la prenda que Abengoa atesora sobre Atlantica Yield.

O, como alternativa, poner menos dinero, pero proceder ya a la venta de algunos de los activos por los que se podría obtener una buena cantidad y, además, reducir notablemente la carga de capital y financiera. "El objetivo que se baraja es que, ante la necesidad de que a finales de mayo hubiera que aportar liquidez para los gastos corrientes, se pudiera cerrar ya el acuerdo una vez terminada la due dilligence", explican las mismas fuentes.

De esa manera, se establecería el calendario de plazos definitivo para la inyección de capital comprometida para que la compañía salga adelante, y no habría que estar cada dos por tres ante la tesitura de poner pequeñas cantidades para ir tirando.

En las cuentas presentadas por Abengoa al cierre del primer trimestre, la letra pequeña del preacuerdo se deja sentir sobremanera, con esos 340 millones de pérdidas provocados por la merma brutal de los ingresos tras la puesta en marcha de los aspectos básicos del pacto, como la venta de activos, la paralización puntual de proyectos hasta comprobar si son o no viables o el carpetazo definitivo dado a alguna de estas operaciones.
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