Panamá pone en marcha el ‘plan B’ para el Canal ante el desplante de Sacyr

Planea dejar el proyecto en manos de una empresa administradora que garantice el tránsito de buques si se paralizan las obras

Obras en la ampliación del Canal de Panamá. EFE

Panamá ya tiene plan alternativo si, finalmente, el consorcio liderado por la española Sacyr confirma el desplante y abandona las obras en el canal. El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, ha aclarado que frente a un evento extremo, la institución tiene la facultad de asumir el proyecto de expansión en la franja canalera y contratar a una compañía administradora del proyecto del tercer juego de esclusas –el que construye Sacyr–, para garantizar el tránsito de los grandes buques.

Coincidiendo con el viaje de la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la capital panameña para mediar en el conflicto, Quijano ha comenzado a buscar soluciones ante el peor escenario posible: que el consorcio empresarial se plante y abandone las obras. Por ello, ha solicitado una reunión con representantes de la empresa afianzadora Zurich América, para conocer cómo procedería si el consorcio Grupo Unidos por el Canal (Gupc) se retira del proyecto.

Negativa al «chantaje»

Antes de que se produzca este encuentro, ha afirmado que la Autoridad del Canal estaría dispuesta a asumir la obra para dejarla en manos de una empresa administradora que garantice el tránsito de los grandes buques «post Panamax», adoptados por la industria marítima. Y que la ACP está facultada para ello.

Quijano ha reafirmado la decisión de rechazar lo que considera un «chantaje» del consorcio Gupc, formado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. (Cusa). El grupo amenazó con suspender los trabajos en un plazo de 21 días, si la ACP no accede al pago de 1.600 millones de dólares por sobrecostes.

Frente a ello, la ACP defiende que ya ha desembolsado 2.831 millones de dólares al Gupc, de los cuales, 2.047 millones corresponden a pagos por avance de obra y 784 millones en adelantos.

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