En la imagen, con Josep María Pujol en el centro y Xavier Pujol en la izquierda con directivos de Panasonic. Foto: Ficosa

Panasonic paga el pato de las artimañas de los Pujol-Tarragó en Ficosa

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Ficosa, ahora controlada por Panasonic, sufre una inspección de los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 que podría acarrear una sanción de hasta 45 millones

Carles Huguet

Economía Digital

En la imagen, con Josep María Pujol en el centro y Xavier Pujol en la izquierda con directivos de Panasonic. Foto: Ficosa

Barcelona, 09 de abril de 2018 (04:55 CET)

A comienzos de década, Ficosa vivía instalada en el caos: una batalla accionarial entre las dos familias fundadoras sacudía el orden de una empresa que, bajo las alfombras, guardaba otros secretos. En 2015, la entrada de Panasonic en el capital puso orden a la guerra entre los Pujol y los Tarragó, pero al poco tiempo llegó la llamada a la puerta del ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades cometidas en los años más crudos del enfrentamiento.

Las cuentas de la compañía catalana de componentes para automóviles revelan el alcance de las investigaciones. Los riesgos a los que está expuesta la firma ascienden a 45 millones de euros. A pesar dela presencia de los hombres de Cristóbal Montoro, los asesores fiscales de la empresa creen que las investigaciones “tendrán un desenlace favorable”. Por ello, decidieron no reflejarlas en sus estados financieros.

En concreto, los años bajo sospecha son los de 2010, 2011 y 2012 de las sociedades Ficosa Electronics SL y Ficosa International SA. La normativa española fija que tras cuatro años, los ejercicios debían de haber prescrito de no haber sido abierta ninguna inspección. Economía Digital no ha podido concretar los impuestos presuntamente liquidados de forma fraudulenta.

El golpe de la inspección sería prácticamente igual que la última gran inversión de Ficosa: una fábrica en Marruecos

Mientras, fuentes de la empresa declinaron realizar comentarios ante las preguntas de este medio al tratarse de un procedimiento abierto.

De consolidarse, el golpe cortaría los planes de expansión de la empresa. Por ejemplo, la última gran inversión de Ficosa, anunciada el pasado mes de enero, fue de 50 millones. Servirán para la construcción de una fábrica en Marruecos que aspira a convertir en un centro de operaciones mundial en materia de cables eléctricos y cámaras. Las previsiones señalan que en 2022 debería alcanzar una facturación de 145 millones y 750 trabajadores.

A la espera de las cifras de 2017, la compañía dirigida por Xavier Pujol presumió en 2016 de unos beneficios de 25,3 millones frente a los apenas 8 millones del año anterior. Además, elevó el 5% la facturación hasta los 1.169 millones de euros.

La crónica de un enfrentamiento familiar que desmontó la cúpula de Ficosa

La compañía de piezas de automóviles nació en 1949 de la mano de Josep Pujol y Josep María Tarragó, suegro y yerno. No obstante, la sucesión fue complicada y tras la muerte de Tarragó, en 2009, la rama de los Pujol ganó peso en la gestión. El desencadenante de la crisis: el despido de Josep María Tarragó hijo, entonces vicepresidente, en 2011.

La salida acabó en los tribunales y Xavier Pujol, primo de despedido, fue acusado de falso testimonio. Apartados del mando pero con el 44% del capital, los Tarragó sacaron los trapos sucios de la empresa para airear su precaria situación económica. En 2012 ya advirtieron de la necesidad de un socio y una inyección de capital de entre 50 y 100 millones para pagar la deuda acumulada.

Antes, la Generalitat ya había servido de balón de oxígeno, cuando en 2009 el ICF le concedió un préstamo participativo de 20 millones, que no convirtió en acciones a pesar de no ser devuelto. Hubo más: pocos años más tarde fueron 50 millones los prestados. Tampoco se retornaron. Así, en 2015, la institución catalana entró al capital con una participación del 20%.

De este modo, el gobierno (20%) y los Pujol (31%) encontraron en Panasonic (49%) el aliado ideal para despedirse de los Tarragó. La firma japonesa tardó apenas dos años en hacerse con el porcentaje de la Generalitat para hacerse con el control total de Ficosa.

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