Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, el día en que entró en la cárcel. /EFE

Rodrigo Rato descarga culpas sobre el Banco de España

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El expresidente de Bankia se escuda en que el Banco de España conocía las interioridades de la entidad antes de su salida a Bolsa

Barcelona, 08 de enero de 2019 (12:20 CET)

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha optado por endosar al Banco de España buena parte de las culpas de su gestión al frente de la entidad financiera. "Nuestras tripas las conocía perfectamente, tenía quince personas allí", afirmó Rato en su declaración ante el juez, que aprovechó para subrayar que el regulador dio todo tipo de instrucciones a Bankia, como por ejemplo integrar a Bancaja.

Ante la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que este lunes retomó el juicio por presunta estafa a inversores y falsedad contable en la salida a Bolsa, Rato recalcó que nunca tuvo constancia de que el Banco de España dudase de los "trabajos técnicos" realizados por la entidad bancaria.

La primera parte del interrogatorio giró en torno al proceso de integración de las siete cajas de ahorro que dieron lugar a Bankia: Bancaja, Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, las de Segovia y La Rioja, y Caja Madrid. Rato presidió esta última desde enero de 2010. La fiscalía le pide una pena de cinco años de cárcel por una presunta estafa a inversores.

En tono airado y con continuos reproches a la fiscal Carmen Launa, Rato aseguró que la entrada de Bancaja a la fusión fría o SIP vino determinada por una "instrucción" del propio Banco de España.

En este sentido, Rato indicó que "las instrucciones, el dinero y el control" de dicha integración fueron "diseñadas" por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Añadió que este organismo y el propio Banco de España eran partidarios de contar con la entidad levantina para el SIP ya que "era bueno una fusión más grande".

Las acusaciones populares se mantienen

La Audiencia Nacional acordó este lunes mantener a todas las acusaciones personadas en el juicio de la salida a Bolsa de Bankia. Esto incluye a las dos acusaciones populares, que ejercen la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Estas piden hasta doce años de cárcel para la treintena de acusados.

Tal como se indica en el auto judicial, la sección cuarta de la sala de lo penal rechazó casi todas las cuestiones planteadas por las defensas y avaló la presencia de los perjudicados como acusación particular. No obstante, retiró el delito de falsedad contable atribuido a las personas jurídicas -Bankia, su matriz BFA, y la firma auditora Deloitte- sobre las que ahora sólo pesa el de estafa a inversores.

También se opuso a la petición fiscal para incorporar a la causa documentos relacionados con la quiebra de Banco de Valencia.

Durante la exposición de las cuestiones previas, las defensas comunicaron sus dudas sobre la legitimidad de los pequeños ahorradores. Incocaron la llamada "doctrina Botín", que limita el ejercicio de la acción popular cuando ni la Fiscalía -que actualmente sólo carga contra los cuatro antiguos administradores del banco- ni los perjudicados ejerzan acusación.

La sala de lo penal rechazó los anteriores argumentos. Además, obliga a los acusados a acudir a todas las sesiones del juicio programadas, en principio hasta el próximo junio. El juicio empezó con la declaración del expresidente de la entidad Rodrigo Rato.

Cargos contra la anterior cúpula

Para este último, la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por presunta estafa a los inversores de la salida a Bolsa, tal como consta en sus conclusiones provisionales. No obstante, en la primera jornada, la fiscal Carmen Launa -que sustituye a Alejandro Luzón- se reservó la posibilidad de incluir una presunta falsedad contable, que también podría extender al resto de acusados.

Por el momento, la fiscalía presentó cargos, además de contra Rato, contra los otros tres exadministradores de hecho de la entidad: el exvicepresidente José Luis Olivas, para el que solicita cuatro años de prisión; el exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años), y el ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses de cárcel).

El resto de acusaciones aumenta sus peticiones hasta los doce años de cárcel tanto para la excúpula como casi una treintena de exdirectivos y el socio auditor. También pide multas millonarias para la entidad, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte, en calidad de personas jurídicas.

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