Slim presta 160 millones al Atlético para que pague la Peineta a FCC

El magnate mexicano Carlos Slim, tras convertirse en accionista mayoritario de FCC, está analizando con lupa cada operación en la que anda metido el grupo constructor y de servicios.

Como consecuencia de la auditoría de cada proyecto, el empresario azteca ha decidido cambiar sobre la marcha el acuerdo entre FCC y el Atlético de Madrid para la construcción del nuevo estadio de La Peineta, a la vista de los innumerables problemas jurídicos y políticos existentes.

Una obra que el club presidido por Enrique Cerezo, y en el que el Grupo Wanda ostenta el 20% del capital, se había comprometido a pagar cediendo a FCC los derechos urbanísticos de la Operación Mahou Calderón, sustanciados en edificabilidad residencial para unas 2.000 viviendas.

Compromiso que, ahora, se convierte en papel mojado al renunciar la constructora a esos derechos como contraprestación por ejecutar las obras de La Peineta, el nuevo estadio donde el Atlético de Madrid pretende iniciar la temporada 2017-2018.

¿Y quién paga la obra? El Atlético, como antes. Pero ¿con qué dinero?, se preguntará más de uno, sabedor de sus dificultades financieras. Y aquí viene la jugada del empresario mexicano. Será a través del préstamo de 160 millones que Slim ha otorgado al club rojiblanco, a través de Inbursa, la entidad financiera bajo su control.

Cobro inmediato

De esta manera, Slim garantiza que FCC cobrará nada más finalizar las obras, y el Atlético se ha comprometido a devolver el préstamo con la venta de esos derechos urbanísticos. Inicialmente, en 2017, y, como muy tarde, en 2021.

La decisión del empresario azteca se enmarca en la incertidumbre jurídica en la que se está inmersa la operación Mahou Calderón, con grandes dudas acerca de cómo quedará finalmente. De esta manera, evita que FCC siga metida en este embrollo y garantiza el cobro de las obras de La Peineta en cuanto estas finalicen. Se quita de enmedio y punto.

La discordia del nuevo Ayuntamiento

A la incierta deriva jurídica, se ha unido el cambio de parecer político sobre la actuación tras la llegada al Ayuntamiento de Madrid del equipo presidido por Manuela Carmena. La idea del nuevo consistorio sobre cómo llevar a cabo el proyecto está a años luz del plan aprobado en noviembre de 2014 por el antiguo Ayuntamiento, presidido por Ana Botella.

Los actuales responsables –con el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, al frente–, habían comunicado a FCC, a Mahou y al Atlético su disconformidad con la edificabilidad contemplada en la operación, superior a 175.000 metros cuadrados, suficientes para más de 2.000 viviendas.

Las cuentas no salían por ningún lado

Menos viviendas a construir, con lo que las cuentas para FCC no salían por ningún lado. Y menos aún si, como contempla el plan urbanístico todavía vigente, además de construir el nuevo estadio, la constructora tenía que sufragar el 57% de los aproximadamente 170 millones de euros necesarios para soterrar la M-30 a su paso por el estadio Vicente Calderón y dejando como zona verde el recinto deportivo.

Ahora, con FCC desligada de la operación, limitándose a terminar las obras de La Peineta, el Atlético de Madrid se ha comprometido con el Ayuntamiento a elaborar un nuevo plan urbanístico, con varias incógnitas a resolver.

Reducir la edificabilidad, única línea roja

La principal, el alcance de la reducción de la edificabilidad. La única condición que ha puesto el consistorio para dar el visto bueno al nuevo proyecto. Tampoco puede ser mucha, de cara a garantizar que, con la venta de los derechos urbanísticos, el Atlético pueda devolver a Slim los 160 millones prestados.

En función de la nueva edificabilidad, habrá que ver dónde se concentra. En principio, no parece que, a la vista de los comentarios de los responsables municipales, vayan a mantenerse los dos rascacielos de 36 plantas proyectados en el terreno que deje vacante el estadio Vicente Calderón tras su demolición. Al menos, no con esa altura.

Reequilibrio de las cargas urbanísticas

También se desconoce si se acometerá o no el soterramiento de la M-30. Lo único que se sabe es lo que los responsables municipales han comentado al respecto en la última comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, el pasado 17 de febrero.

En esa comisión, el director de Planeamiento y Gestión Urbanística, Juan Carlos Lasheras, apuntaba que, en este asunto, el Ayuntamiento abogará por una disminución de la edificabilidad y un reequilibrio de las cargas urbanísticas, de cara a llevar a cabo una ordenación más equilibrada.

Levantamiento de la suspensión cautelar

«No compartimos, y creemos que está fracasado, el modelo de pagar infraestructuras, pagar urbanizaciones, pagar todo tipo de costes que implica hacer ciudad con cargo a la edificabilidad, a sobresaturar la capacidad de ocupación de un territorio, de un ámbito, y, por lo tanto, en ese marco estamos revisando todas aquellas operaciones constituidas de este modo», remachaba el concejal responsable de Urbanismo, José Manuel Calvo.

Con todo, para que el nuevo proyecto se pueda ejecutar, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá levantar la suspensión cautelar que pesa sobre el plan urbanístico. Suspensión dictaminada el pasado mes de julio de  2015, y confirmada en octubre, tras desestimar los recursos de súplica interpuestos tanto por la cervecera Mahou como por el Atlético de Madrid.