El 66% de los votantes del PSOE en Extremadura se opone al cierre de la central nuclear de Almaraz

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El calendario de cierre de las centrales nucleares sigue su curso y los reactores de Almaraz serán los primeros en apagarse si propietarias y Gobierno no llegan a un acuerdo. El sentir popular en Extremadura es en su mayoría contrario al cierre o, al menos, favorable a una prórroga. Una situación prácticamente transversal en todos los votantes extremeños, incluidos los del PSOE.

La mayoría de la población considera una mala noticia que la central nuclear de Almaraz eche el cierre y temen la pérdida de empleo, despoblación y abandono institucional tras el desmantelamiento de las instalaciones.

Así lo refleja una una encuesta elaborada por Metroscopia a la que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, en la que se indica que el 78% de la población considera que el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz en 2027 sería una mala noticia para la región.

El estudio, basado en 800 entrevistas en toda Extremadura el pasado abril, constata un sentimiento de pesimismo generalizado sobre el futuro económico y social de la comunidad autónoma si se lleva a cabo el apagón nuclear.

Respecto a la opinión de los ciudadanos de diferentes opciones políticas, aunque varían los porcentajes, las conclusiones del sondeo reflejan unanimidad.

El 94% de los votantes del PP y el 93% de los votantes de Vox consideran una mala noticia el cierre de Almaraz, frente al 66% de los ciudadanos extremeños que votan al PSOE y el 57% de los votantes de Unidas por Extremadura que lo ven negativo.

Una percepción que contrasta con la política energética del Gobierno de coalición liderado por el PSOE, encargado de pactar el cierre nuclear en 2019 con las propietarias (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y que hasta ahora no se ha revertido por falta de acuerdo en materia fiscal.

En total, ocho de cada diez extremeños consideran una mala noticia para su región el cierre de la central de Almaraz y un 86%, además, evalúa como positivo el impacto económico de la central desde su apertura.

Por contra, solo el 17% de los extremeños está de acuerdo con el cierre de todas las centrales nucleares españolas en el plazo previsto, mientras que el 31% opina que el cierre debería aplazarse y un 47% cree que España no debería renunciar a la energía nuclear en ningún caso.

Los extremeños creen que el cierre provocará la pérdida de muchos empleos

La percepción social también considera que el impacto económico y laboral en la región será duro en caso de que se culmine el apagón nuclear de Almaraz.

En esta línea, el 67% de los encuestados cree que el cierre implicará la pérdida de muchos empleos, y un 58% anticipa que los trabajos que puedan surgir tras la clausura serán menos cualificados y con peores salarios.

Entre los votantes del PSOE, un 91% cree que el cierre de Almaraz desembocará en pérdida de empleo, siendo un 37% los que creen que serán muchos trabajos los que se eliminen.

Además, un 75% de extremeños cree que se producirá una migración forzada de trabajadores hacia otras regiones del país, lo que acentuaría aún más la despoblación ya existente.

La encuesta también muestra que ocho de cada diez ciudadanos consideran que ni el Gobierno central (80%) ni el autonómico (76%) cuentan con un plan claro para afrontar las consecuencias del cierre, y un 67% no confía en que Almaraz pueda reinventarse económicamente con apoyos suficientes.

Percepción positiva sobre la central nuclear y pesimismo económico

A pesar de los planes de clausura, la percepción ciudadana sobre la central es muy positiva, siendo el 96% de los extremeños los que creen que ha tenido un impacto positivo en la creación de empleo.

Asimismo, el 81% considera que ha beneficiado al comercio local y el 77% reconoce su contribución a la actividad industrial regional. Además, el 74% cree que ha mejorado los servicios públicos y el 72% las infraestructuras.

También destaca la percepción de seguridad en la planta: un 78% considera que la central nuclear de Almaraz es segura, cifra que se incrementa en la comarca de Campo Arañuelo, donde está ubicada.

El informe dibuja un panorama de amplio pesimismo sobre la situación económica de Extremadura. Un 63% cree que la región atraviesa un mal momento económico y un 78% considera que va por detrás del resto de comunidades autónomas.

Los principales problemas que la ciudadanía destaca especialmente son la falta de infraestructuras (22%), el paro (21%) y la desindustrialización (18%).

En este contexto, el cierre de Almaraz se percibe como un golpe adicional a una región que ya siente estar quedándose atrás. La mayoría de los encuestados teme que la clausura profundice la crisis y acelere la pérdida de población y oportunidades.

Hasta la fecha, Gobierno y propietarias continúan lejos de llegar a un acuerdo para, al menos, prorrogar el cierre de todas las centrales. La primera propuesta trasladada por Iberdrola y Endesa fue rechazada por el Ministerio para la Transformación Ecológica que lidera Sara Aagesen por «no cumplir con las líneas rojas» establecidas.

Dichas líneas son que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. Además, la propuesta tiene que hacerse de manera conjunta entre todas las propietarias.

No obstante, el punto principal de enfrentamiento se encuentra en la fiscalidad que soportan las empresas y, especialmente, en la conocida como tasa Enresa.

Es la forma que tiene el Ejecutivo de financiar el desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos radioactivos, siguiendo la máxima de «quien contamina paga». Pero el aumento de esta tasa en el último año, por encima de lo acordado según las eléctricas, es el principal escollo en las negociaciones.

Cabe destacar que Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, aseguró ante los analistas en la presentación de los resultados del primer semestre de la compañía que además de rebajar la fiscalidad, se necesita un «cambio de legislación» para que puedan solicitar ampliar la vida de las centrales.