Iberdrola advierte de que si no cambia la legislación no podrán pedir una ampliación de las nucleares

Iberdrola pide cambiar la legislación para poder ampliar la vida de las centrales nucleares en España. El presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán, defiende la energía nuclear como la más eficiente para el sistema y reducir la carga fiscal como en la Comunidad Valencia, donde es ha eliminado la ecotasa.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, el presidente de Iberdrola ha puesto en valor las centrales nucleares que posee en el país junto con Endesa, Naturgy y EDP.

«Son eficientes, seguras, dan mucha autonomía y estabilidad al sistema. Es la mejor solución económica para mantener las luces encendidas», ha destacado

Galán ha señalado que en otros países europeos no solo están prolongando la vida de este tipo de instalaciones, sino también ampliando sus programas nucleares.

En esta línea, ha comparado el precio de operación que tienen en Francia con el de España. Mientras que en el país galo tienen un coste de 15 euros por megavatio hora (MWh), en España rondan los 30 euros MWh. Algo que para el presidente de Iberdrola hace «inviable» operar en nuestro país, ya que las centrales «no son gestionables a un precio excesivo».

Es por ello que pide cambiar la legislación actual para rebajar la factura que abonan las propietarias de las instalaciones nucleares. «Aunque se flexibilice la carga fiscal como ha ocurrido en Valencia, si no hay ningún cambio en la legislación actual no podemos solicitar la ampliación», ha señalado.

El Gobierno del Partido Popular valenciano, liderado por Carlos Mazón, eliminó recientemente la denominada ecotasa que gravaba la actividad nuclear de la central de Cofrentes.

Se trata de un tributo especial que se añade a una lista de gravámenes específicos que las grandes eléctricas denuncian por su duplicidad. No obstante, el punto principal de enfrentamiento entre las propietarias y el Gobierno se encuentra en la llamada tasa Enresa.

Es la forma que tiene el Ejecutivo de financiar el desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos radioactivos, siguiendo la máxima de «quien contamina paga». Pero el aumento de esta tasa en el último año, por encima de lo acordado según las eléctricas, es el principal escollo en las negociaciones.

Iberdrola y Endesa trasladaron el pasado junio una carta al Ministerio para la Transición Ecológica que lidera Sara Aagesen pidiendo la ampliación de las instalaciones nucleares.

Propuesta que fue rechazada por, según el ministerio, no cumplir con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal. Dichas líneas son que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Asimismo, Galán ha vuelto a citar el informe de la consultora PwC donde se calcula que, de eliminar la energía nuclear del mix, la variación de los costes subirá un 35% en la factura de la luz.

En cualquier caso, ha trasladado al Gobierno la responsabilidad, puesto que es a quien «le corresponde fijar la política energética del país». «Si decide cerrarlas, las cerraremos», ha sentenciado, si bien se ha mostrado con confianza en torno a la llegada de un posible acuerdo.

La propuesta de la CNMC de retribución en redes «manda mensajes negativos»

En cuanto a la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de retribución en redes para los próximos seis años del 6,46%, frente al 7,5% que pide el sector, Galán ha criticado el borrador, asegurando que «manda señales claramente negativas».

«La Comisión Europea nos ha dado guías sobre como invertir en redes. En España tenemos que cumplir con los objetivos de cambio climático y electrificación y tenemos que recuperar costes para ser atractivos y atraer cientos de miles de millones de inversiones en redes», ha explicado.

En esta línea, el presidente de Iberdrola ha señalado que el borrador de la propuesta «manda mensajes claramente negativos, no da ningún incentivo para invertir en nuevos activos».

Es por ello que Iberdrola responderá a esta consulta en el mes de agosto y espera que «las cosas discurran por el buen camino». En cualquier caso, la compañía destaca que no afectará en gran medida a su negocio en caso de que se mantenga la tasa propuesta, ya que supone menos del 10% de activos regulados del negocio total del grupo.

Iberdrola no prevé impacto por el apagón

Respecto al decreto antiapagones impulsado por el Gobieron que no salió adelante este martes en el Congreso de los Diputados por falta de apoyos parlamentarios, Iberdrola no ha querido entrar en las decisiones políticas, pero si ha valorado positivamente algunas de las medidas que incluía el texto.

«Respetamos decisión del parlamento y no puedo entrar en este debate. Algunas medidas incluidas tienen sentido, aumentan seguridad de suministro del sistema, reducen cuellos de botella que afectan especialmente a la industria y también la promoción de la nueva demanda eléctrica», ha destacado Galán.

En esta línea, ha señalado que «no sé si tiene que ser un real decreto o una ley», la que implemente este tipo de medidas, puesto que el PP, que votó en contra, tiene pensado llevar al parlamento una proposición no de ley para «garantizar inversiones» que necesita el sector energético.

En cuanto a las responsabilidades por el apagón del 28 de abril, Iberdrola ha reconocido que no prevé ningún impacto, al considerar que no fue causante del incidente y cuenta con seguros de cobertura para hacer frente a posibles reclamaciones judiciales.

En la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) correspondiente a los resultados del primer semestre del año, la eléctrica señala que el incidente «ha sido analizado por los expertos internos y externos del grupo, que han concluido que las sociedades del grupo no fueron las causantes del cero eléctrico, ni contribuyeron de forma alguna a que ocurriese el mismo».

«Al contrario, las sociedades del grupo en España pusieron a disposición del operador del sistema sus activos de generación y distribución, que contribuyeron eficazmente a la reposición del suministro eléctrico», añade.

Es por ello que, ante las posibles reclamaciones patrimoniales de clientes que pudieran dirigirse contra las sociedades productoras, comercializadoras y distribuidoras de electricidad del grupo en España, además de la inexistencia de responsabilidad de dichas sociedades en la causación del cero eléctrico, Iberdrola subraya que «dichas reclamaciones estarían cubiertas por los seguros de responsabilidad civil suscritos por dichas sociedades».

Asimismo, asegura que «no se ha recibido ninguna reclamación judicial solicitando indemnización de daños por responsabilidad civil contra ninguna de las sociedades del grupo en relación con el cero eléctrico» hasta la fecha.