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El PP tumba el decreto antiapagones: presentará su ley para salvar 200.000 millones en inversión energética
Presentará una proposición no de ley para "garantizar inversiones necesarias" que espera tenga el apoyo del Congreso
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados
El Gobierno fracasa en su intento por sacar adelante el decreto ‘antiapagones’. El PP votará contra la norma impulsada por el ministerio que lidera Sara Aagesen, sumándose así Vox, Junts, Podemos y el BNG. La medida, que contaba con el apoyo de prácticamente todo el sector eléctrico e industrial, así como desde el espectro ecologista, deja 200.000 millones de inversión en el aire.
Fuentes del Partido Popular aseguran que no están de acuerdo «en la parte referida al apagón», más allá de que «no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas».
Respecto a otros de los asuntos incluidos en el decreto que, a su juicio, el Gobierno ha incorporado de manera incompleta, el PP presentará una proposición de ley en el Congreso, en coordinación con las comunidades autónomas, «para garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía».
El PP confía en que este texto sí tenga el apoyo de la Cámara. La normativa antiapagones del Gobierno que no ha salido adelante incluye medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el cero energético del pasado 28 de abril.
Con el rechazo a la norma de Podemos anunciado el lunes y confirmado hoy, así como el resto de socios, el Gobierno necesitaba el apoyo o, al menos, la abstención del Partido Popular.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado durante su intervención que se trata de un conjunto de medidas «fruto del diálogo» y ha alegado a la «responsabilidad» y a la «altura de miras» del resto de grupos parlamentarios para aprobarlo.
Asimismo, ha explicado que el decreto está apoyado y reconocido por la sociedad civil, las asociaciones del sector eléctrico e industrial, así como por grupos ecologistas. En la misma línea, ha recordado que muchas de las medidas incluidas han salido de otros grupos parlamentarios representados en la cámara.
El real decreto ley daba más poder a la CNMC y a Red Eléctrica para ejecutar evaluaciones periódicas y sistemas de control de tensión de los actores implicados en el sistema eléctrico, reforzando así la vigilancia en uno de los puntos clave que provocaron el apagón eléctrico en la península ibérica.
El decreto también suponía un esfuerzo económico para tratar de bajar la factura de la luz de la industria electrointensiva, cuyas empresas son vlave para el tejido económico de muchas regiones en España.
Además, las medidas del Gobierno eran un balón de oxígeno para la inversión en renovables, que pasan por un momento complicado. El contexto actual está marcado por la caída de las inversiones y la incertidumbre de los grandes fondos de inversión por apostar en estas energías limpias.
Las eléctricas advierten de 200.000 millones de inversión en juego
Las grandes eléctricas, las renovables y la industria se habían manifestado públicamente a favor del decreto, instando a todos los grupos parlamentarios apoyarlo.
Desde el sector eléctrico estiman que las medidas contenidas en el decreto se podrían habilitar conexiones por unos 40.000 MW, de los cuáles la mitad (20.000 MW) serían válidas para industria, vivienda y centros de datos.
De este modo, calculan que la industria tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada MW de potencia eléctrica conectada, por lo que concluyen que de no aprobarse el decreto se estarían dejando de invertir 200.000 millones de euros.
El problema del atasco para acceder a la red es algo que las grandes eléctricas llevan denunciando en los últimos años, especialmente a través de Aelec, patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP.
El decreto contaba con el apoyo de ecologistas como Greenpeace o las empresas industriales representadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (AICE, ANFAC, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, PRIMIGEA, SERNAUTO y UNESID).
También de asociaciones como AEGE y la Alianza España Verde y Conectada, así como las asociaciones de renovables AEE, APPA y UNEF y la patronal de las grandes eléctricas Aelec.