Endesa reclama al Gobierno 454 millones por la tasa Enresa en pleno debate sobre el cierre de las nucleares
El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto su defensa en manos de la Abogacía del Estado
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el CEO de Endesa, José Bogas
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Endesa sube la presión al Gobierno en pleno debate sobre el cierre nuclear al reclamar 454 millones por daños y prejuicios tras la subida de la conocida como tasa Enresa. La eléctrica que dirige José Bogas se suma a Iberdrola presentando una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y contra la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
El ministerio que lidera Sara Aagesen ha recibido la reclamación de Endesa y su defensa ya está en manos de la Abogacía del Estado, según explican fuentes ministeriales a ECONOMÍA DIGITAL.
Según adelanta este martes El País, la presentación de esta reclamación derivará en un informe del Consejo de Estado, que probablemente sea rechazado como ocurre en la mayoría de los casos. Si esto ocurre, Endesa podría abrir la vía judicial, como pasa también habitualmente con estos pleitos.
El Gobierno decidió hace un año aprobar una subida del 30% en la tasa que abonan las centrales nucleares con el fin de ajustarla a todos los costes previstos en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).
El plan incluye la construcción de hasta siete plantas de residuos radiactivos en lugar de una para almacenar aquellos de alta intensidad, una por cada central nuclear existente.
Esta tasa es en realidad es una prestación patrimonial no tributaria a través de cual las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy y EDP en menor medida) hacen aportaciones a un fondo con el que se abonará dicha gestión de residuos y desmontaje de las centrales.
Iberdrola y Endesa avivan la guerra
El año pasado se situó en los 10,36 euros por megavatio hora (MWh), un 30% por encima de los 7,98 euros establecidos anteriormente. Situación que las propietarias han reclamado judicialmente al considerarla abusiva.
El importe recaudado va a parar a un fondo gestionado por la sociedad pública Enresa, encargada de los residuos radiactivos y de los trabajos de desmantelamiento de los reactores.
En febrero, Iberdrola ya interpuso una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa reclamando 324 millones de euros por la subida de esta tasa.
El argumento de las grandes eléctricas se basa en que cuando se firmó en 2019 el protocolo de cierre entre las propietarias y Enresa, se contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de la tarifa respecto al que en ese momento tenía y con un límite en los 7,98 euros/MWh.
Propuesta para extender la vida útil de las nucleares
En junio Endesa e Iberdrola presentaron a Transición Ecológica una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares sin mucho éxito en su recepción.
El Ministerio consideró que esa carta era «una declaración de intenciones» que no cumplía con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal.
Estas líneas rojas contemplan que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
En esta reciente propuesta de revisión del calendario nuclear, que fue firmada por Endesa e Iberdrola, pero no así por Naturgy y EDP España, se planteaba mantener la fecha final de cierre, en 2035, y un aumento de los plazos intermedios previstos.
No obstante, en varias centrales, como la de Almaraz que forma parte de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación.
Iberdrola es el accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital, mientras que Endesa participa con un 36% y Naturgy con un 11,3%.
