El Constitucional frena la intención de Aragón de cerrar sus redes eléctricas tras un recurso del Gobierno

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central a la norma aragonesa para cerrar sus redes eléctricas, y desde este miércoles —según consta en el BOE— se ha suspendido la vigencia de los artículos recurridos.

En marzo de 2023, el Gobierno de Aragón publicó el Decreto-ley 1/2023 de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía. Bajo el pretexto de abaratar precios y ser más eficientes, el proyecto escondía una apropiación de labores regulatorias propias de la administración central. También se podían generar agravios regionales con las denominadas redes de distribución cerradas.

La norma, en su momento, fue aprobada por PSOE, Partido Aragonés, CHA y Podemos. Eso no fue impedimento para que el propio gobierno socialista asumiera que existían motivos de inconstitucionalidad en varios artículos y disposiciones, y luego el Consejo de Estado también consideró en su dictamen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso. 

Ahora se ha admitido a trámite, y ya se han suspendido dichos artículos. La política energética que quería aplicar el Gobierno de Aragón basada en el consumo de cercanía tiene la intención de transmitir que cada comunidad debería aprovechar sus recursos energéticos antes de exportarlos.

El planteamiento de partida para optar por esta política energética es que en el territorio aragonés se genera mucha más energía eléctrica de la que se consume, buena parte de la cual procede de fuentes renovables, por lo que se considera razonable que una parte de la energía producida se consuma en la propia comunidad.

Es una clara apuesta por el modelo de la generación distribuida como complemento al modelo tradicional de la generación centralizada, vinculada a las redes de transporte y distribución.  

El Gobierno no ha dudado

Desde un primer momento el Gobierno ha tenido claro que esta ley no podía salir adelante. Fuentes del Ejecutivo explican que se establece en determinados preceptos un sistema paralelo en lo que concierne al sector eléctrico estatal y europeo, vulnerando abiertamente la normativa básica estatal y las competencias estatales exclusivas. 

Aclaran que esto podría tener importantes repercusiones en relación con la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto.

Con la potencial sentencia favorable del Tribunal Constitucional el Gobierno cierra un problema latente con respecto a las redes eléctricas de distribución y transporte.

Cada vez hay mayor presión sobre la planificación de estas redes, relacionadas con el desarrollo renovable, y también con la atracción de industrias bajo el reclamo de una energía barata. El Gobierno no quiere que existan agravios entre comunidades puesto que no todas generan y consumen lo mismo. 

Aragón se ha posicionado como uno de los principales polos de generación renovables. Una situación de la que son conscientes, por ejemplo, en el sector de los centros de datos. Proyectos que requieren de mucha energía, y cuya localización geográfica es muy estratégica.