El fracaso de las ayudas a pymes y autónomos: las CCAA devolverán más de 2.5oo millones al Estado

UPTA denuncia el "despropósito" de la planificación de las ayudas que lleva a que CCAA como Andalucía hayan repartido menos del 40% de las ayudas asignadas y la mayoría entre el 60% y el 80%

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. // Pool Moncloa

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. // Pool Moncloa

Ni las prórrogas, ni las modificaciones en los requisitos ni la presión de CCAA y la oposición servirán para reconducir la concesión de ayudas directas a pymes y autónomos que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) califica de “fracaso” porque las comunidades autónomas tendrán que reintegrar 2.500 millones de euros al Estado.

Estos son los cálculos realizados por la organización teniendo en cuenta la prórroga hasta el 30 de junio aprobada por el Gobierno la semana pasada para que las regiones procedan al reintegro de las mismas, un ‘fiasco’ que el presidente de UPTA, Eduardo Abad, achaca a que “ni el Ministerio de Asuntos Económicos ni las CCAA han acertado en el diseño de las ayudas”.

En este sentido, Abad denuncia la “vergüenza” y el “despropósito” de la planificación del paquete de ayudas a pymes y autónomos aprobado el pasado mes de marzo, dotado con 7.000 millones de euros, que lleva a que CCAA como Andalucía hayan repartido menos del 40% de las ayudas asignadas y la mayoría entre el 60% y el 80%, un dinero que “serviría para paliar la grave situación que padecen los autónomos por la crisis de la Covid”.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado que la no ejecución completa del presupuesto de las ayudas ha sido el “común denominador” en 15 de ls 17 autonomías, ya que “todas devolverán más de la mitad de los fondos”. Amor ha recordado que ya advirtieron de que el real decreto establecía “trabas” para poder acceder los autónomos a estas ayudas, lo que ha hecho que solo Canarias y Baleares, que tenían un trato especial, las hayan agotado.

El Gobierno amplió hasta final de año la concesión de las ayudas y la semana pasada amplió hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las CCCA dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

Del 40% de Andalucía al 100% en las islas

Los datos de reparto del compartimento 1 del paquete de ayudas facilitados por UPTA reflejan el ritmo desigual que se ha producido en la tramitación de los 7.000 millones de euros por parte de las CCAA, con porcentajes de reparto totalmente dispares que abarcan desde un 40% en Andalucía al 100% que solo han conseguido alcanzar Islas Baleares y Canarias.

De esta forma, Andalucía se sitúa a la cola del reparto de los fondos, con menos del 40% repartido respecto a los 1.109 millones de euros asignados, por lo que tendrá que devolver más de 600 millones de euros. Los datos son similares en la mayoría de las autonomías, un ranking con cifras parecidas a la comunidad andaluza, como Galicia, que tendrá que reintegrar unos 140 millones, del total de 234,4 millones asignados.

Asturias (ha repartido solo un 25,3%) tendrá que devolver 80 millones de los 107 asignados; Cantabria (46%) devolverá 30 millones de un total de 55,36 millones; Castilla y León (22,7%) reintegrará alrededor de 180 millones de los 232,56 millones asignados; la Comunidad Valenciana (54%) ha dejado sin ejecutar cerca de 300 de los 647 millones que le tocaban; el País Vasco (31%) devolverá 150 millones de un total de 217,9 millones y Murcia (30%) reintegrará más de 100 millones respecto a los 142,5 millones asignados.

Las únicas excepciones han sido por tanto las de Islas Baleares y Canarias, que han alcanzado el reparto del 100% de los 2.000 millones establecidos tras la distribución territorial de estos fondos Covid-19.

Mala planificación y falta de consenso para las órdenes


La organización denuncia que, en general, la planificación de estas ayudas ha sido un “auténtico despropósito, desde su
concepción por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de los Gobiernos autonómicos”.

Y es que, según UPTA, en “ningún caso” la mayoría de las administraciones han sido capaces de consensuar con los representantes del trabajo autónomo las órdenes que fueran publicadas, por las cuales se establecieron las bases de concurrencia, por lo que UPTA manifiesta su “malestar” con lo que “parecía ser un rescate del trabajo autónomo”.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad

Tanto el ministerio como los Gobiernos autonómicos no han estado a la altura de las necesidades de nuestro colectivo. Es sin duda un auténtico fracaso y un ejemplo de cómo no se debe desarrollar la planificación y ejecución de los fondos que desde la U.E se pondrán en liza en los próximos meses”, ha añadido Abad, que pide “no volver a repetir semejante esperpento en la concesión de ayudas”.

Según Abad, el “ejemplo perfecto” en la concesión de ayudas se da en la eficacia del cese de actividad, desarrollado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá, o la puesta en marcha de los ERTE,
desarrollado por el Ministerio de Trabajo que dirige la ministra Yolanda Díaz.

Ayudas aprobadas el pasado mes de marzo

El Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo el nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para la solvencia de las empresas, cuyo reparto ha despertado las críticas en la oposición y las CCAA. De hecho, las regiones del PP han demandado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el asunto.about:blank

El nuevo paquete contemplaba una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores, a gestionar por las CCAA y cuyo reparto ha generado polémica. Este es el fondo que flexibilizará Hacienda para que las CCAA puedan incluir más sectores.

También se recogía una línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.