Garamendi aleja el pacto de los ERTE y critica la poca seriedad del Gobierno

La cuenta atrás para que Gobierno y agentes sociales alcancen un acuerdo sobre la sexta prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presiona la negociación, que se sucede este mismo viernes con una nueva reunión, pero por ahora CEOE ve «complicado» lograr un acuerdo.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la demora del Gobierno par abordar las negociaciones sobre la extensión de los ERTE, cuya última prórroga vence este 30 de septiembre y, por tanto, su renovación deberá aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo martes, 28 de septiembre.

«Nos estamos jugando mucho, es un tema importantísimo para miles de empresas y hablamos de 270.000 empleos, no es muy serio que se nos presenten los papeles hace tres días y que de aquí al martes haya que negociarlo«, ha afeado Garamendi en una jornada organizada por Deusto Business Alumni y BBVA en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto.

Asimismo, ha reprochado que en la reunión de la mesa de diálogo social de este jueves 23 de septiembre no se presentara ningún representante del Ministerio de Seguridad Social, ya que de haber sido al revés a los empresarios se les habría criticado duramente.

Ha mantenido la petición empresarial de que los ERTE se mantengan al menos hasta diciembre, y ha reprochado que tras cinco acuerdos previos de ir «prórroga a prórroga» ahora el Ejecutivo suprima la extensión automática y se tengan que rehacer el día 1. «Se nos podía haber dicho hace un mes», ha recriminado.

En esta línea, ha recordado que en la penúltima prórroga de los ERTE los empresarios dieron el visto bueno en el propio Consejo de Ministros y en la última tuvo que convocar otro al no haber incluido al sector del comercio y la hostelería.

La «coletilla» de la formación y la rebaja «impresionante» de exenciones

Más allá de las formas del Gobierno en la negociación, Garamendi ha avisado de que conforme a la presentación de propuesta realizada por el Gobierno por ahora ve «complicado» que se consensúe la prórroga al pretenderse ligar los ERTE a la formación y rebajar las exoneraciones.

En este sentido, Garamendi no entiende cómo deben encajar los planes de formación dentro de los nuevos ERTEs que soliciten las empresas y ha criticado el copago pretendido, aunque el Estado asumiría el grueso del coste, al recordar que las compañías ya tributan en sus cuotas 1.800 millones al año para acciones formativas.

A este respecto, ha indicado que se ha sacado la «coletilla» de la formación en la negociación de los ERTE pero «no es del ministro», ya que los empresarios llevan reclamándolo desde hace «mucho tiempo» ante el «fracaso colectivo. «Es una formación que las empresas no la cogen por la complejidad que tiene y sabemos que no funciona», ha alertado.

También ha rechazado la propuesta de prórroga de los ERTE del Gobierno por la rebaja «impresionante» de las exenciones hasta el 40% y al 50% en el caso de las pequeñas empresas. Defiende en este punto que la Inspección de Trabajo vigile a las empresas que cometan irregularidades pero que «se proteja al que lo necesita».

Menor crecimiento: alerta de un agujero de hasta 90.000 millones

Con todo, ha puesto en valor el diálogo social tras haberse alcanzado 11 acuerdos y ha pedido que la clase política siga esa estela con «grandes acuerdos políticos» necesarios para avanzar en la recuperación, frente al actual momento político «muy crispado» y teniendo en cuenta la coyuntura de inicio de la recuperación que por ahora «no es una maravilla ni un fracaso».

Tras la rebaja realizada por el INE del crecimiento del segundo trimestre hasta el 1,1%, 1,7 puntos menos respecto al 2,8% previamente estimado, Garamendi ha apuntado que en CEOE ya predijeron que el crecimiento anual de 2021 se situará entre el 5,5% y el 6%. «Estamos creciendo pero todavía no estamos en los niveles precrisis y nos va a costar llegar, necesitaremos 2022 y 2022 para llegar a la situación que todos queremos», ha asegurado.

Ha alertado además del «problema» del déficit, ya que con motivo del ‘escudo social’ necesario contra la Covid se ha disparado el desajuste, con una deuda pública del 120% del PIB y la estimación de un déficit del 8% este año, que ante un crecimiento del 5,5% supone un agujero en las cuentas públicas del orden de «80.000 o 90.000 millones de euros».

Reclama estabilidad normativa y bajos impuestos para no ahuyentar inversores

En este contexto, ha aprovechado también para reclamar estabilidad normativa para que los inversores sepan a qué atenerse y ha pedido tener «mucho cuidado» con los anuncios y planteamientos que se hacen, ya que los inversores priman las expectativas de un país, los impuestos y el riesgo regulatorio para sus inversiones.

Se ha referido explícitamente a los últimos cambios en materia de regulación energética y ha pedido reflexionar sobre las transiciones, ya que mientras que en España se camina hacia el fin de la energía nuclear en Feancia hay 56 reactores y logran un precio «muy interesante», al tiempo que en Alemania cuentan con 16 centrales térmicas y en España solo una a punto de cerrarse.

En juego están temas como el del apoyo a las renovables, con inversiones de 250.000 millones hasta 2030, el 80 % de ellas con capital privado, ha recordado, exigiendo «cuidar a los inversores y dar confianza de país que en este momento no se está dando». También ha abierto la puerta a la rebaja de impuestos al defender «más bases imponibles y menos tipos» en aras de aumentar la recaudación, en medio de las negociaciones de Presupuestos para los que Unidas Podemos exige un tipo mínimo del 15% en Sociedades.

Por ejemplo, Garamendi ve aún todavía margen en los impuestos del recibo de la luz pese a la rebaja aprobada ya por el Ejecutivo, puesto que en Italia se ha acometido una rebaja de la parte tributaria de la luz por los derechos de emisión de CO2, que aporta 2.500 millones al año. También cree que si el País Vasco suprimiese el impuesto sobre Patrimonio su economía «iría como un tiro» porque facilitaría la captación de contribuyentes con rentas altas.

Como asignaturas pendientes ha marcado también la necesidad de elevar el peso de la innovación por encima del 3% del PIB, frente al 1,3% actual; mejorar la Formación dual y la atracción de talento y elevar el peso de la industria por encima del 20% del PIB.

Por último, sobre el reparto de los fondos Next Generation ha dicho que de cada 5 euros de inversión 4 serán privados y cree que puede provocar «frustración» entre comunidades autónomas y entre las empresas si no se facilita la ejecución, ya que por ahora se ha ejecutado un 8% del total de 24.000 millones presupuestados este año.