El Gobierno usa la crisis de vivienda para vetar la fusión entre BBVA y Sabadell

Uno de los tantos argumentos que ha utilizado el Gobierno de Pedro Sánchez para condicionar la opa del BBVA al Banco Sabadell a una gestión autónoma y con patrimonios separados durante al menos tres años son los posibles efectos que podría tener «la desaparición por completo de una de las entidades» en el desarrollo de viviendas, en el contexto de la crisis actual en este mercado, con un déficit de casas cercano a las 600.000.

El acuerdo del Consejo de Ministros con el que culmina la fase de competencia detalla uno a uno todos los asuntos de interés general por los que el Gobierno, al amparo de la Ley de Defensa de la Competencia, ha decidido bloquear una posible operatividad conjunta y la consecución de las sinergias de 850 millones de euros (fundamentalmente, gracias a la integración del Sabadell en su plataforma tecnológica) al establecer un mínimo de tres años de operación con personalidad jurídica propia y patrimonios separados de ambas marcas, que podrían ser cinco si el Gobierno de turno así lo considera en 2028.

Estos cinco intereses generales (Adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial; Empleo y protección de los trabajadores; Cohesión territorial; Cumplimiento de los objetivos de política social; y Promoción de la investigación y desarrollo tecnológico) se detallan a lo largo de más de diez páginas, casi la mitad del informe al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL.

Más allá de las limitaciones en cuanto a las políticas de crédito a pymes o de mantenimiento del empleo, dos de las principales preocupaciones esgrimidas por el objetivo, llaman la atención dentro de los objetivos de política social aquellos vinculados a la vivienda, el principal problema de los españoles. Y el Gobierno apunta que la desaparición del Sabadell pondría en riesgo promociones ya en marcha, un nuevo bache en el camino que sirve para cargar de argumentos su rechazo a la operación.

«El derecho a la vivienda se configura como un objetivo de política social y un bien esencial de rango constitucional que presenta múltiples dimensiones», justifica el texto del acuerdo. Así, detalla que el Sabadell participa con más del 50% en 18 sociedades inmobiliarias con activos por valor de 2.303 millones de euros y un capital de 428 millones. Entre las participadas se encuentra Sogeviso, que «gestiona la problemática social de la vivienda de los clientes vulnerables procedentes de ejecuciones hipotecarias de la entidad» y que ha puesto en alquiler social o asequible a 23.000 familias, de las cuales 8.500 han participado en su programa de acompañamiento social.

«Esta actividad, cuya puesta en marcha fue una decisión autónoma de Banco Sabadell, tiene un sustancial impacto positivo en el interés general«, valora el Ejecutivo.

El Gobierno incluye también aquí las aportaciones que hace Banco Sabadell al Fondo Social de Viviendas, que cuenta con 9.866 casas, de las cuales aporta 419, «lo que muestra su compromiso empresarial por el fondo».

En este epígrafe el Ejecutivo también incluye otros objetivos como la protección de los consumidores y sus reclamaciones, así como la actividad diferenciada de las fundaciones de ambos bancos, cuya orientación temática «presenta pocas duplicidades» con el BBVA enfocado al conocimiento y el Sabadell a la cultura.

«Una consolidación abrupta de los patrimonios de ambas entidades podría afectar negativamente a dicha política en tanto que la desaparición por completo de una de las entidades tendría un efecto en el corto plazo en proyectos ya en curso y en estructuras sólidas en materia de obra social y en la política de vivienda asequible. Además, una integración repentina, a la luz de experiencias previas, supondría, con alta probabilidad, un incremento concentrado en el tiempo en las incidencias con los clientes, que podría suavizarse de establecerse un periodo de control sin unificación patrimonial», justifica así el Ejecutivo su condición.

Sobre el crédito a las pymes, el documento constata que en fusiones recientes se produjeron «reducciones sustanciales de la exposición al segmento pyme y empresarios individuales en aquellos ejercicios inmediatamente sucesivos a la operación de integración», con las entidades absorbidas (en este caso, Sabadell, con una gran cuota en el mercado de pequeñas empresas) tendiendo a converger con la exposición de la absorbente (BBVA).

En cuanto a la protección del empleo, el Gobierno constata que tras los ERE de ambas entidades en 2021, tanto BBVA como Sabadell han ganado trabajadores en los últimos años, por lo que «el mantenimiento de una gestión autónoma, en ámbitos como los recursos humanos, la política de crédito y servicios bancarios o la red territorial de oficinas, permitirá el mantenimiento del empleo como fruto de la operación».

Para la cohesión territorial resulta fundamental el mantenimiento de oficinas y la exposición en determinados mercados que perderían con la desaparición del Sabadell y, sobre la política de investigación, el Gobierno pone en valor las iniciativas de financiación del Banco Sabadell a start-ups, una serie de características propias de su modelo de negocio que, en el caso de su desaparición, supondría un «riesgo de disrupción repentina en estos canales de financiación a la innovación».