Moncloa deja la patata caliente de la fusión BBVA-Sabadell al próximo Gobierno

La decisión del Gobierno de llevar a 2028 la evaluación de la condición impuesta para autorizar la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell dejará en manos del Ejecutivo que salga de los próximos comicios (previstos en 2027) la decisión de permitir o dilatar la fusión entre ambas entidades… si los accionistas de la compañía catalana avalan la operación.

Sea de nuevo Pedro Sánchez o sea el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien lleve las riendas de La Moncloa en 2028, el Ministerio de Economía de turno recibirá dos informes mandatados por la condición establecida por el acuerdo del Consejo de Ministros de este martes: uno, sobre la gestión del BBVA y del Banco Sabadell de manera autónoma, con patrimonios separados y personalidades jurídicas distintas; otro, sobre el Plan de la compañía a largo plazo que garantice el cumplimiento de los objetivos de interés general por los que ha intervenido el Ejecutivo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se refirió a esta cuestión durante una rueda de prensa en el marco del curso de verano que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), y que patrocina, precisamente, el BBVA: «Sobre el impacto de un posible cambio de Gobierno entre medias de este cumplimiento del proceso de tres años, lo que se encontraría el Gobierno que esté es la obligación por parte del BBVA de poner sobre la mesa estos dos informes y la capacidad de tomar una decisión en base al acuerdo del Consejo de Ministros».

Cuerpo quiso distinguir, además, entre las dos etapas de la operación, pero ambas están completamente entrelazadas. La decisión de hoy corresponde al ámbito de la Ley de Defensa de la Competencia, de 2007, y la de autorizar o no su fusión (una potestad de Economía) corresponde a otra norma, la de Solvencia de las entidades de crédito.

«La temporalidad es uno de los elementos que asegura la proporcionalidad de la condición. Tenemos una condición de tres más dos años. A partir de ahí, no va a haber prórrogas adicionales en la imposición de la condición. La siguiente entrada del Gobierno estaría en el caso de que las entidades pidieran fusionarse», señaló el ministro.

El Gobierno da una patada adelante y trata, por un lado, de contentar a sus socios irrumpiendo en la operación con una medida que, de facto, diluye las sinergias detrás de la operación al obligar a ser gestionadas ambas entidades de manera separada y buscando maximizar la rentabilidad de cada una de ellas; y, por otro, de no excederse en la intervención de una operación empresarial a la que Bruselas ya ha puesto ‘peros’.

Pero sus socios más reacios, singularmente los neoconvergentes de Junts, quienes ya mostraron en la tarde de este martes su descontento con la decisión del Gobierno, que consideró que no había impuesto unos requisitos «suficientemente contundentes» y que «debería haber ido más lejos». «Las condiciones deberían haber sido más inequívocas para lograr detener la opa y dar mayor seguridad, sin jugar, como ha hecho, con un calendario sobre aspectos nucleares», apuntan fuentes de la formación.

Tampoco en el PP, que podría ser el responsable de la patata caliente de autorizar (o no) la fusión bancaria una vez expire la condición impuesta por el Ejecutivo, están contentos.

«Al autorizar la opa y prohibir la fusión durante tres años [el Gobierno] solo protege los intereses del PSC hasta las próximas elecciones a la Generalitat», escribió en X (antigua Twitter) el vicesecretario de Economía de la formación, Juan Bravo.

Desde Bruselas, los reparos expresados son mayores, ya advirtiendo un portavoz de la Comisión Europea de que actuarán como garantes de los Tratados y que levantarán cualquier imposición del Gobierno español que sea excesiva.

«Si fuera necesario, la Comisión usará sus poderes como garante de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados Miembros», apuntaron fuentes del Ejecutivo comunitario que, por otro lado, señalaron que no comentan «casos individuales».

A lo que Cuerpo respondió que esta era una cuestión «doméstica» y que habían cumplido escrupulosamente con la normativa.