El Gobierno duda sobre la bajada del IVA de la luz
El Gobierno baraja prorrogar la bajada del IVA un trimestre o solicitar a Bruselas una nueva bajada hasta el 4%, además de actuar sobre los llamados "beneficios caídos del cielo" de las eléctricas
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en la Moncloa.
El precio de la electricidad continúa disparado, con nuevo máximo este jueves de 141,74 euros por megavatio hora, y ante este elevado precio el Gobierno está trabajando ya en una nueva rebaja fiscal en el recibo de la luz para su aprobación antes de final de año.
«Los impuestos es uno de los ámbitos en los que estamos trabajando»; ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Economía Digital, en medio del debate interno en el seno del Gobierno sobre los cambios impositivos y regulatorios para abaratar el elevado precio de la luz.
Para lograr el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el precio de la luz a final de año sea el mismo que el de 2018, el Gobierno está analizando todas las opciones para actuar en lo referido a los tres componentes de la factura: el precio de la energía en los mercados mayoristas, los cargos de funcionamiento de sistema y los impuestos.
Prórroga de la bajada de impuestos o nueva rebaja del IVA
En concreto, el Ejecutivo está estudiando prorrogar la reducción del IVA aprobada hasta final del año del 21% al 10% por más tiempo, en torno a un trimestre, según fuentes gubernamentales, aunque Calviño no ha concretado este punto ni ha especificado tampoco si se plantea una baja del IVA de la factura de la luz al 4%.
La prolongación de la rebaja del IVA o una nueva bajada al 4%, al existir la posibilidad de pedir permiso a Bruselas para ello, es uno de los puntos que se está discutiendo en el Gobierno.
Otra opción pasaría por rebajar el impuesto especial sobre la electricidad del 5%, ya que aunque los tipos de este gravamen están armonizados en el marco de la UE, se podría bajar al mínimo de 0,5 euros por megavatio en usos profesionales y a 1 euro para otros usos, aunque se tendría que compensar a las CCAA por el impacto recaudatorio, ya que este tributo aporta unos 1.200 millones anuales de ingresos.
El tercer y último impuesto del recibo de la luz sobre el que podría actuar el Gobierno es el tributo sobre la producción eléctrica del 7%, si bien ya aprobó su suspensión hasta final de año cuando dio luz verde a la rebaja del IVA del 21% al 10% también para lo que resta de 2021.
En todo caso, Calviño ha hecho hincapié en que los impuestos son pagados por «todos», por lo que ha remarcado que las medidas que se adopten «tienen que ser eficaces desde el punto de vista fiscal» y que «no se deben tomar decisiones apresuradas o atajos que lleven a malos mayores», sino tener en cuenta los «efectos colaterales».
Reducir los beneficios «excesivos»
En lo que sí ha sido más clara es en que se está trabajando en medidas orientadas a amortiguar el impacto del mercado mayorista sobre el bolsillo de los ciudadanos, ya que , a su juicio, parte de la reducción del precio de la luz tiene que venir de reducir los «beneficios excesivos» que están teniendo las compañías eléctricas.
La vicepresidenta ha mostrado el «compromiso» de amortiguar el impacto de los mercados mayoristas en la factura y de conseguir mayor «claridad» en el precio que pagan a diario consumidores y empresas, para lo que se trabajará en reducir los denominados «beneficios caídos del cielo» de las empresas eléctricas, en los que se ha centrado asegurando que se paga a las compañías eléctricas un precio por la energía más cara a pesar de que ya tienen centrales amortizadas y los medios de producción que usan son «mucho más baratos».
«Las empresas no soportan los costes y sin embargo tienen unos ingresos extra, son excesivos porque vienen dados por una regulación, no por ser más competitivas, sino por ser centrales amortizadas, tener menos costes y por una regulación del mercado eléctrico que no está pensada para la estructura y la entrada de renovables actual, ya que les dan beneficios que no se corresponden con la innovación ny la competitividad», ha añadido.
De cualquier forma, ha aclarado que el precio del mercado mayorista no es el mismo que el que abonan los consumidores en sus recibos de la luz y ha subrayado que los ciudadanos disponen de un conjunto de opciones con las comercializadoras, por lo que ha trasladado un mensaje de «tranquilidad», porque los ciudadanos más vulnerables están ya «muy protegidos» al respecto.
Una vez más ha rechazado los planteamientos realizados por Unidas Podemos de creación de una empresa pública «como si eso resolviese los problemas», teniendo en cuenta que «la evolución de los precios no depende de si es una empresa pública o privada».
