El Gobierno retrasa los Presupuestos más allá de los límites que marca la Constitución

El Gobierno incumple desde este jueves 30 de septiembre los plazos legales marcados en la Constitución Española al no haber presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2022 antes de que finalice el mes de septiembre, tal y como ha venido sucediendo desde el año 2016 con el anterior Ejecutivo del PP y con el de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo de coalición ha tenido que retrasar unos días por encima de lo previsto inicialmente la aprobación de las nuevas cuentas públicas en el Consejo de Ministros al no haberse cerrado entre el PSOE y Unidas Podemos el acuerdo por las desavenencias en torno a la Ley de Vivienda y en materia fiscal por el Impuesto de Sociedades, entre otros puntos.

De esta forma, el Gobierno incumple de nuevo lo mandatado en la Carta Magna, ya que las nuevas cuentas públicas deberían haber recibido luz verde del Ejecutivo antes del 1 de octubre, ya que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 dejarán de estar en vigor el día 1 de enero de 2022.

Artículo 134 de la Constitución

El incumplimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez viene dado porque en este mismo artículo se establece que «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es decir, el 30 de septiembre.

El artículo 134 de la Constitución es muy claro al señalar los plazos y determinar que «corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

También establece que los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

Se retrasan al menos una semana

Fuentes gubernamentales confirmaron a Economía Digital que la aprobación se retrasa al menos hasta el próximo Consejo de Ministros del 5 de octubre, aunque no es descartable que tuviese que convocarse un Consejo de Ministros extraordinario para el jueves día 7 o el viernes día 8 en el que por fin podrían ver la luz las cuentas públicas de 2022.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien capitanea el equipo socialista que elabora los PGE cierra las últimas diferencias y cifras junto al equipo del socio gubernamental, Unidas Podemos, liderado por el el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ya veterano en las negociaciones presupuestarias.

Montero había afirmado hasta ahora que las cuentas públicas de este año verían la luz «en tiempo y forma», sin embargo finalmente se aprobarán con unos días de retraso, aunque verán la luz «en breve», durante la «primera quincena de agosto» y estará listo «antes de que acabe el año para que pueda entrar en vigor el 1 de enero».

Con todo, una vez aprobado en Consejo de Ministros, el proyecto presupuestario llegaría a los pocos días o la siguiente semana al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación, pero en caso de que las facciones del Gobierno –PSOE y Podemos– no lograsen alcanzar un acuerdo y se demorasen más los Presupuestos, no es descartable que se tenga que producir una tramitación ‘exprés’ en la Cámara Baja como sucedió el año pasado.

Los escollos: vivienda e Impuesto de Sociedades

Los dos principales escollos en la negociación que están dificultando que PSOE y Unidas Podemos se pongan de acuerdo para cerrar el proyecto de PGE son los relativos al control de los precios de alquiler en la nueva Ley de Vivienda pendiente de aprobación desde el pasado mes de febrero.

Tal y como adelantó Economía Digital, el PSOE ha dejado fuera de la negociación del marco de Presupuestos la Ley de Vivienda, uno de los puntos más reclamados por Unidas Podemos, lo que ha provocado el enfado de la formación ‘morada’.

Montero argumenta que las materias que se regulan en los PGE están vinculadas con el estado de los ingresos y no de los gastos, sin perjuicio de que se avance en ella de forma paralela.

Las negociaciones no están siendo fáciles tampoco en el ámbito fiscal, ya que Unidas Podemos reclama que se incluya ya la reforma fiscal en los Presupuestos de 2022, si bien el Ministerio de Hacienda lo descarta, aunque fuentes del departamento de María Jesús Montero confirman a Economía Digital que podrían incluirse “medidas puntuales”.

Fuentes gubernamentales y del Ministerio de Hacienda señalan a Economía Digital que no se ha incorporado un tipo del 15% en Sociedades en los PGE coo reclama Unidas Podemos y recuerdan que el Gobierno ya ha apoyado el tipo mínimo en Sociedades a nivel internacional tras el consenso de 130 países en la OCDE y en el G-20. Lo volverá a respaldar de nuevo a finales de octubre en la cumbre del G-20 en Roma.

De cualquier forma, el Gobierno relega la reforma fiscal en profundidad a cuando el comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda publica sus conclusiones el 28 de febrero de 2022 a más tardar.

Dos prórrogas y unos PGE con tramitación ‘exprés’

En el caso de que la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente (1 de enero), se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos, tal y como sucedió en dos ocasiones con los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 antes de la aprobación de las cuentas públicas de este año.

Lo cierto es que las anteriores cuentas públicas de 2017 y 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy se tramitaron con el ejercicio en curso y en 2019 y 2020 no se llegaron a aprobar nuevos presupuestos al rechazarse por el Congreso en el primer caso las que entonces fueron las primeras pretendidas cuentas del Ejecutivo socialista y ni siquiera presentarse en el segundo, ya con la coalición de Gobierno.

Los actualmente en vigor, de 2021, se aprobaron un 27 de octubre, casi dos meses fuera del plazo marcado por la Constitucón, pero se acometió una tramitación exprés de apenas dos meses y ello permitió que finalmente entraran en vigor el pasado 1 de enero.