El Gobierno regulará la bajada de alquileres de grandes propietarios y la congelación del resto

La nueva Ley también contempla la creación de un bono joven de vivienda de 250 euros al mes durante dos años a menores de 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros y ayudas directas a familias vulnerables

La nueva Ley de Vivienda regulará el precio de las viviendas de alquiler de pequeños y grandes propietarios. En la imagen, la fachada de un edificio de la capital en la que diferentes carteles de venta y alquiler de pisos. EFE/Archivo

Las hipotecas crecen un 69% hasta su punto más alto de los últimos 11 años. EFE/Archivo

El Gobierno de coalición ha logrado un acuerdo para desbloquear la nueva Ley Estatal de Vivienda, que verá la luz tras meses de retrasos por las desavenencias entre el PSOE y Unidas Podemos en un Consejo de Ministros en las próximas semanas, lo que ha permitido facilitar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 en el seno del Ejecutivo.

La nueva norma habilitará a las CCAA a poder obligar a los grandes propietarios a bajar el precio de los alquileres y a los particulares a congelarlos y recoge bonificaciones a propietarios de hasta el 90% de su renta si disminuyen precios, un bono joven de vivienda de hasta 250 euros al mes durante dos años para menores de 35 años con ingresos de menos de 23.725 euros y ayudas a familias vulnerables, así como un recargo en el IBI del 150% a viviendas vacías.

Además, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación de un real decreto ley y un decreto ley por un importe de 5.500 millones destinados a la rehabilitación de vivienda y a la vivienda social, junto a una línea de avales y deducciones fiscales para los que se sumen a esta rehabilitación.

Tras meses de negociación y largas horas de negociación en los últimos días, la negociación se ha conseguido cerrar este martes en una reunión mantenida al más alto nivel entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

A pesar de que el preacuerdo de esta norma el que propició el consenso para los Presupuestos de 2021, en el seno del Gobierno han acercado posturas planteando aplicar la limitación de precios de alquiler tanto a grandes propietarios, aquellos con 10 o más viviendas, como a pequeños propietarios.

Límite al precio del alquiler en viviendas de grandes propietarios

En lo referido a los límites de los precios del alquiler, la nueva ley permitirá a las comunidades autónomas que lo soliciten establecer en las declaraciones de zonas tensionadas índices de referencia para disminuir el precio de los alquileres. Las autonomías deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado y éste las declarará.

En concreto, las autonomías podrán regular el precio del alquiler para disminuir los precios de las viviendas arrendadas de grandes propietarios, aquellos con más de 10 viviendas en propiedad, mediante índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionados, al tiempo que se les retirarán los privilegios fiscales.

Asimismo, para los pequeños propietarios se incluye una fórmula de congelación de precios, junto a incentivos fiscales para poder reducir los precios de los alquileres de vivienda, según informaron fuentes de Unidas Podemos a Economía Digital.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Ley Estatal tiene en cuenta las competencias de cada administración, por lo que se limita a habilitar la posibilidad de que CCAA y ayuntamientos apliquen las medidas recogida en la norma.

En cualquier caso, la Ley Estatal de Vivienda no deroga el resto de leyes autonómicas, sino que convive con ellas y ejerce competencias y habilita algunas medidas que sin una ley estatal las CCAA no disponían de paragüas legal para su adopción.

Recargo de hasta el 150% en el IBI a viviendas vacías y un 30% de vivienda social

En la ley también figurará el recargo de hasta el 150% en el IBI en los casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos que así lo deseeen.

En materia del parque público de alquiler se reservará el 30% de todas las promociones para vivienda protegida. De este porcentaje, la mitad para alquiler social. Actualmente el parque social de viviendas apenas ronda el 24%, por debajo de otros países europeos.

La nueva Ley recoge también una definición para el concepto de gran propietario que se determina para aquellos dueños a partir de 10 viviendas, recogiéndose así algunas de las principales peticiones de Unidas Podemos.

Bono de 250 euros al mes durante dos años a menores de 35 años

Otro de los principales puntos destacados en la nueva Ley de Vivienda es un bono joven de vivienda con 250 euros mensuales en los próximos dos años destinados a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos por debajo de 23.725 euros.

Igualmente, se contemplan ayudas directas a familias vulnerables para que puedan completar con estas el alquiler, hasta un 40% de su valor. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración del I Foro Urbano de España y el II Foro Global de gobiernos locales en Sevilla.

Tanto Sánchez como Bolaños han destacado que se trata de una ley “muy ambiciosa” que va a ser “esencial” para reducir la edad de emancipación y facilitar el acceso a una vivienda en alquiler digna de los jóvenes.

Bonificaciones de hasta el 90% del IRPF

De igual forma, Bolaños ha confirmado que la nueva ley incluirá un paquete muy importante de bonificaciones fiscales para propietarios para incentivar la reducción de los precios del alquiler, que podrá llegar incluso al 90% de bonificaciones de las rentas que se obtengan en caso de bajar el alquiler respecto al contrato anterior que se tenía.

Ya el pasado mes de marzo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dirigido entonces por el exministro José Luis Ábalos planteó una reducción de hasta el 90% sobre el rendimiento neto en el IRPF para los propietarios de viviendas que reduzcan al menos un 10% la renta del contrato de alquiler de su vivienda en zonas tensionadas. 

Los incentivos propuestos para contener los precios del alquiler pasaban por establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50%, modulable en función de distintos criterios, hasta un máximo del 90%. 

Así, la modulación de la actual reducción del 60% en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual variará, alcanzando el 60% si disminuye el precio de alquiler de viviendas a un precio limitado por una norma jurídica (vivienda protegida) o recientemente rehabilitadas, o un 70% si se disminuye el precio de alquiler a viviendas a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Para las zonas tensionadas Fomento planteaba una reducción en el IRPF del 70% por la incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual para afrontar el problema de la falta de oferta y de hasta un 90% en los casos en los que el propietario reduzca en más de un 10% la renta respecto al último contrato. 

Asimismo, propuso establecer un porcentaje de reducción del 70% para los casos en los que los propietarios que ceden sus viviendas para alquiler social a cambio de una contraprestación no pueden favorecerse de las reducciones en el IRPF al no ser los titulares de los contratos. 

5.500 millones para rehabilitación y parque social: 20.000 viviendas sociales

El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes un real decreto ley y decreto ley por un importe de 5.500 millones destinados a la rehabilitación de vivienda y a la vivienda social, junto a una línea de avales y deduccciones fiscales para los que se sumen a esta rehabilitación.

Se contempla también la construcción de hasta 20.000 nuevas viviendas para alquiler social por una inversión de 1.000 millones de euros, no solo para viviendas particulares, sino también para barrios completos. Se podrá subvencionar hasta el 80% de la rehabilitación y en casos de vulnerabilidad podría alcanzarse el 100%.

Supone la entrada en vigor de tres deducciones en el IRPF de hasta el 60%, por inversiones realizadas para la rehabilitación de edificios residenciales, por una cuantía de hasta 15.000 euros por vivienda. También se fortalece la capacidad de las comunidades de propietarios y se facilita la toma de decisiones para realizar obras de rehabilitación en las que se mejore la eficiencia energética del edificio.

A través de la nueva línea ICO se podrán conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros para favorecer el acceso a la financiación necesaria para el desarrollo de las actuaciones que mejoren el parque de edificios residenciales.

El escollo en los Presupuestos

El Ejecutivo de coalición ha tenido que retrasar unos días por encima de lo previsto inicialmente –el 30 de septiembre, como marca la Constitución– la aprobación de las nuevas cuentas públicas en el Consejo de Ministros ya que no lograba cerrar el acuerdo por las desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos principalmente por la Ley de Vivienda.

El escollo de la Ley de Vivienda ha sido tal que ha provocado el retraso en la presentación de las cuentas públicas, hasta tal punto que Podemos y los socios del Gobierno presentaron la semana pasada una ley de vivienda alternativa ante el bloqueo de a negociación con el PSOE.

La formación ‘morada’ había puesto como condición para dar su apoyo a las nuevas cuentas públicas la regulación del precio de los alquileres en el marco de la nueva Ley de Vivienda, cuya aprobación se viene postergando desde el mes de febrero inicialmente previsto.

De hecho, la reunión mantenida ayer, lunes, al más alto nivel entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el titular de Presidencia, Félix Bolaños, no sirvió para desbloquear la Ley de Vivienda, si bien los partidos han estado negociando durante la noche y la mañana de este martes y han logrado el acuerdo. Unidas Podemos rebajó su exigencia de acompañar los Presupuestos de un límite general de los precios del alquiler al proponer regular solo el de los grandes tenedores.