Herrero (Airef) acusa al Gobierno de restringir las partidas de gasto público que puede evaluar

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha señalado al Gobierno por reducir las cuantías de gasto público que el Gobierno le permite evaluar, al tiempo que ha insistido en la necesidad de reformar su ley orgánica para consolidar sus labores de revisión que, además, le permita seleccionar las materias y las partidas que estudia.

En una rueda de prensa para presentar la tercera y última ola del Spending Review, correspondiente a los años 2018-2021, Herrero ha subrayado que el Ejecutivo ha recortado progresivamente los importes a evaluar dentro de esta revisión del gasto: si en su primera fase fueron 33.000 millones de euros y en su segunda 57.000 millones, la tercera fase apenas llega a los 18.000 millones, por 10.000 millones del arranque de la futura oleada 2022-2026.

«¿Hay una pérdida de ambición en el encargo del Spending Review? Es evidente«, ha apuntado la presidenta de la Airef, que ha destacado no únicamente la cuantía de los fondos a revisar, sino también la ausencia de «políticas de corte trasversal». «Airef es el único organismo que tiene ascendente sobre todas las administraciones públicas», ha recordado.

La Airef critica la «falta de ambición»

Herrero ha señalado que esta falta de ambición se traduce en que la Autoridad Fiscal no puede entrar en determinados ámbitos que le gustaría evaluar, como el sanitario y la atención primaria, o el educativo. Así, ha criticado que el Consejo de Ministros haya aprobado el plan de Revisión del Gasto para los años 2022-2026 sin contar con la opinión de la Airef.

En este sentido, Herrero ha reclamado que el Ejecutivo impulse la reforma de la Ley Orgánica que puso en marcha el organismo, para que además de la función de revisión de las cuentas públicas, le encomiende la evaluación de las políticas públicas, lo que permitiría una continuidad en la función y una dotación específica de recursos. También le permitiría poder decidir de motu proprio algunas de las políticas a evaluar. El no poder hacerlo es algo que, Herrero ha subrayado, sorprende a los organismos internacionales. «Cuando nos visitan organismos internacionales no les gusta mucho que la evaluación venga del encargo de la Administración Pública«, ha explicado. Es por ello que considera «deseable» que la Airef tenga iniciativa, pero que debería contar con «requisitos y cautelas» establecidos mediante la regulación en la ley.

Herrero ha instado a estos cambios ya que cada vez reciben más encargos relativos a la evaluación, tanto por parte de las Comunidades Autónomas como entidades locales.

España no está preparada para evaluar

La Autoridad Fiscal ha expresado las dificultades a las que se enfrentado en el marco del Spending Review, detallando que las Administraciones Públicas no están preparadas para la evaluación. En primer lugar, partiendo de las políticas públicas, que no están diseñadas para ser evaluadas con objetivos cuantificables. Un ejemplo es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que carece de un objetivo cuantificable más allá de llegar al máximo número de beneficiarios. «Es una cuestión práctica pero poco ambiciosa pensar que el objetivo de una política es llegar a sus beneficiarios», ha deplorado Herrero.

Además, la información disponible no es de gran calidad ni está preparada para ser tratada y correspondientemente evaluada. En muchas ocasiones requiere de cruces de datos de varios registros distintos.