IEE, sobre el control de precios del alquiler: “Es de muy dudosa constitucionalidad”

El Instituto de Estudios Económicos ve "amenazada" la propiedad privada en España ante normas sobre ocupación y alquiler

Imagen de un cartel de "se alquila"./ EFE

Imagen de un cartel de “se alquila”./ EFE

La nueva Ley de Vivienda que prepara el Ministerio de Transportes ha originado una escisión en el seno de la coalición del Gobierno, al dividirse entre el ala socialista, partidarios de bonificar a los propietarios que abaraten alquileres, y el de Unidas Podemos, que exige regular los precios. 

Aunque la ministra de Trabajo y previsible futura vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha rehusado hablar de posibles cesiones y asegura que habrá acuerdo, lo cierto es que las partes tendrán que acercar sus posturas en una nueva reunión, más allá de la técnica de este lunes. 

La propuesta del ministro José Luis Ábalos contempla bonificaciones en el IRPF de hasta el 90% a propietarios que abaraten al menos un 10% el precio del alquiler en zonas tensionadas, un planteamiento que encontró la crítica frontal de Unidas Podemos al rechazar que se traten de abaratar los alquileres dando dinero público a los dueños en vez de poniendo limites a los precios.

La propuesta de Unidas Podemos ha encontrado el rechazo de parte del sector inmobiliario que aluden que la medida no es eficaz para disminuir los precios del alquiler, ya que acaba reduciendo la oferta y agravando el problema del alquiler, según algunas experiencias internacionales. 

A esta oposición se ha sumado el Instituto de Estudios Económicos (IEE), quien ha denunciado que actualmente hay algunas “amenazas” a los derechos de propiedad en la economía española, sobre todo en materia de vivienda ante el anteproyecto de Ley estatal por el derecho de vivienda. 

El IEE ve de “muy dudosa constitucionalidad” los controles de precios de alquiler como propone Unidas Podemos, una media que considera “contraproducente” en la medida en que reduce la oferta en cantidad y calidad, y tensiona los precios en las zonas no reguladas. 

Además, sostiene que empeora la eficiencia en la asignación de recursos, dificultando en mayor medida el acceso a una vivienda en alquiler, en especial a los colectivos de menor renta a los que se pretende favorecer. 

La legitimación de las ocupaciones y su efecto llamada

De igual forma, el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, se ha referido durante la presentación del informe ‘La propiedad privada en España’, a la “gravedad” del decreto antidesahucios, ya que supone avanzar hacia una “cierta legitimación o tolerancia social y jurídica de las ocupaciones de viviendas”. 

Izquierdo ha señalado que la ocupación vulnera la seguridad jurídica y la propiedad privada, y genera un efecto llamada y un incremento de los impagos en un contexto de ya elevada morosidad, al tiempo que provocará la restricción de la oferta de alquiler, sobre todo para los colectivos más vulnerables. 

Esto será así porque, según Izquierdo, los propietarios y las entidades financieras exigirán garantías adicionales incapaces de ser aportadas por parte de estos colectivos, y priorizarán individuos solventes ante los eventos de riesgo que amparan estas medidas. 

También ve una medida “muy desafortunada” las expropiaciones temporales de vivienda, al ser “ineficaz, poco ágil y vulnerar los derechos de propiedad”, además de que introduce distorsiones en el mercado de la vivienda que contribuyen a perpetuar los problemas existentes.  

Medidas de oferta e iniciativa privada 

En su lugar, el IEE sostiene que deberían implementar medidas que aborden la falta de oferta de vivienda en alquiler, mediante un marco regulatorio “simple, estable y predecible, que aporte certidumbre y seguridad jurídica”, y que no genere un tratamiento asimétrico entre el arrendador y el arrendatario.  

Además, opina que la iniciativa privada también se puede favorecer mediante incentivos fiscales a la construcción de vivienda para alquilar, así como mediante la habilitación del suelo público disponible o con la promoción de vivienda social mediante esquemas de colaboración público-privada. 

Desde Unidas Podemos exigen el control del precio de los alquileres y lo ponen como requisito para dar su apoyo a la inminente Ley de Vivienda, que acumula dos meses de retrasos.

El IEE ha denunciado que España tiene un problema estructural de insuficiente garantía y protección de los derechos de propiedad. El índice internacional de derechos de propiedad de la Right Allinace sitúa la protección de la propiedad privada en España muy por debajo del promedio en la UE y la OCDE, ocupando el puesto 26 de las 37 economías avanzadas analizadas. 

Esto se debe, según el IEE, al deterioro de la protección de los derechos de propiedad que se han producido en los últimos años, conforme se han ido adoptado determinadas decisiones judiciales, y se han realizado cambios legales y regulatorios. 

A su juicio, estos “exceden los criterios de razonabilidad que se dan en la Unión Europea, afectando a inversiones internacionales, o con decisiones que subvierten la propiedad privada, para paliar carencias de las políticas públicas”.