La ejecución del Plan de Recuperación: 80 millones, 128 nuevas plazas y formación a 3.500 personas

El Gobierno crea unidades "temporales" con el personal "mínimo e imprescindible" y admite que necesitará contrataciones externas

María Jesús Montero y Pedro Sánchez./ EFE

María Jesús Montero y Pedro Sánchez./ EFE

La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Administración General del Estado (AGE) y en el resto de administraciones públicas participantes, particularmente comunidades autónomas y entidades locales, precisará de una auténtica transformación de su forma de funcionamiento y organización. 

Por ello, para asegurar el correcto funcionamiento del plan el Gobierno contempla una inversión de 79,87 millones de euros hasta 2026 que conlleva tanto acciones de carácter organizativo como formativas y de comunicación, lo que complementa la transformación de la Administración prevista por el Gobierno para lograr una ejecución “óptima “del Plan. 

Así se recoge en el componente 11 del Plan de Recuperación referido a la modernización de las administraciones públicas, con una inversión total estimada de 4.315 millones hasta 2026 para transformar la Administración y agilizar las reformas e inversiones 

Dentro de ello, la inversión de casi 80 millones para ejecutar el Plan se abordará, por un lado, a través de contratación pública, y por otro, a través de la creación de nuevas estructuras de personal de carácter temporal, vinculadas a la duración del propio Plan, es decir, hasta el año 2026. 

De hecho, los 79,78 millones de euros de inversión (algo más de 13 millones en cada ejercicio) distribuidos en 74 millones para las nuevas estructuras temporales y sus 128 nuevas plazas, a las que se sumarán contrataciones externas, otros 4,8 millones en la web, redes sociales, vídeos y encuentros y un millón de euros en actividades formativas a 3.500 personas. 

Nuevas unidades temporales con 128 plazas 

Para dar respuesta a las especificidades en materia de seguimiento, auditoría y control de las normas de funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y teniendo en cuenta las limitaciones en términos de personal especializado de la Administración, se contempla la creación de diversas unidades con carácter temporal, que permitan asegurar la correcta ejecución del Plan. 

Ve necesario reforzar con carácter temporal las capacidades humanas, materiales y organizativas, tanto de la Secretaría General de Fondos Europeos, centro directivo competente del Ministerio de Hacienda, en cuanto autoridad responsable ante las instituciones europeas de cara a la rendición de cuentas y el control de los mecanismos del Instrumento Europeo de Recuperación, como de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en cuanto autoridad de control. 

Por partes, de la Secretaría General de Fondos Europeos dependerán dos direcciones generales; una será la ya existente Dirección General de Fondos Europeos, a la que corresponderá atender el trabajo que ya se venía desarrollando en esta materia y, por otro lado, se crea la nueva Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a la que corresponderá asumir las nuevas competencias y funciones que requiere la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para estas unidades se han creado 71 plazas. 

En cuanto a la IGAE, se crean nuevas divisiones tanto en la Oficina de Informática Presupuestaria como en la Oficina Nacional de Auditoría, que sean capaces de asumir las nuevas funciones atribuidas.  

A su vez, dentro de la primera se crea la División V de Aplicaciones de Fondos Europeos, que asumirá el diseño, desarrollo y actualización de los sistemas de información en materia de planificación y gestión de los fondos europeos, Plan y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, e incentivos regionales, así como la asistencia y apoyo informático a la Secretaría General de Fondos Europeos y sus centros directivos en los sistemas de información desarrollados bajo sus especificaciones.  

Por su parte, en la Oficina Nacional de Auditoria, a la División de Control de Fondos Europeos II, le corresponde el desempeño de las funciones derivadas de la condición de autoridad de control atribuidas a la IGAE en el ámbito del Mecanismo de Recuperación y la Resiliencia.  

Todo ello supondrá para la IGAE, 3 grandes grupos de nuevas cargas de trabajo, que, en términos de efectivos, se traducirá en la creación de 57 puestos, de los cuales se aportan 7 ya existentes para financiar su creación. Así, se crean 19 puestos en la División VI en la Oficina Nacional de Auditoría, se crean 20 puestos en la División V en la Oficina Informática Presupuestaria y otros 18 puestos en la Subdirección General Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. 

Dotadas con personal “mínimo” que precisará de contrataciones externas 

Si a las 71 plazas nuevas en el ámbito de la Secretaria General de Fondos Europeos se suman los 57 puestos en el IGAE, se totalizan 128 plazas nuevas. Eso sí, el Ejecutivo deja claro que la existencia de estas estructuras temporales está ligada a la existencia del Plan, por lo que las unidades “dejarán de existir cuando el Plan finalice, y no se transformarán en un gasto estructural, en la medida en que se llevará cabo un plan de “desmantelamiento” de estas unidades”. 

Ello supondrá la recolocación de sus efectivos en otras unidades de la Administración, con cargo a la tasa de reposición de efectivos de la administración pública, minorándola. 

En cualquier caso, el Gobierno admite que estas nuevas estructuras temporales se han dotado con el personal “mínimo e imprescindible”, por lo que cabe prever la necesidad de realizar contrataciones externas de carácter temporal que puntualmente puedan reforzar las estructuras creadas. 

Teniendo en consideración todo el período 2021-2026, se estima que el coste de las nuevas estructuras temporales creadas y sus correspondientes plazas será de unos 74 millones de euros 

Formación a 3.500 personas con un coste de un millón de euros 

Asimismo, se llevarán a cabo actividades de formación que permitan, en un periodo de tiempo reducido, trasladar la información necesaria a todas aquellas personas que vayan a participar en el seguimiento y ejecución del Plan.  

En concreto, se estima que, a lo largo de la vigencia del Plan, las actividades formativas podrían alcanzar hasta unas 3.500 personas, teniendo en cuenta que habrá que formar a personal de todos los niveles de la Administración y de todas las administraciones públicas participantes en el mismo, tanto AGE, como administración de las CCAA y ayuntamientos. 

Las actividades formativas abarcarán todos los aspectos que se consideran necesarios para la implementación del Plan, en todas y cada una de sus distintas etapas: regulación, programación, contratación, gestión, inspección, control, certificación y pagos.  

Teniendo en cuenta los costes medios de otras actividades formativas desarrolladas en los últimos años, se estima un coste aproximado de un millón de euros, el cual comprenderá actuaciones de formación de formadores y tutores, formación de empleados públicos, diseño y elaboración de contenidos y materiales teórico-prácticos y desarrollo de plataformas on line de aprendizaje.  

Están planificados 8 módulos formativos diferentes, cuya duración es desde 15 hasta 30 horas de duración cada uno. No obstante, “habrá que impartir tantos módulos como sean necesarios para llegar a todas aquellas personas que participen en la ejecución del Plan, durante toda la vigencia del mismo”, subraya el Gobierno. 

Nuevo sistema de información: gestión por objetivos 

En la inversión total se incluye el desarrollo e implementación de un sistema de información en el que participarán todos los órganos y entidades que participen en la ejecución del Plan que permitirá efectuar un seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos definidos en el Plan. 

Se trata de un aspecto esencial pues será esto lo que permitirá que Bruselas realice los desembolsos (dos años) para canalizar los 140.000 millones de euros que le corresponden a España hasta el año 2026, de los que 69.528 millones serán transferencias directas a fondo perdido hasta 2026 y los otros 70.000 créditos para financiar inversiones desde 2022. 

La implantación del nuevo sistema de información permitirá efectuar una transformación en la forma de funcionamiento de la Administración, propiciando una cultura administrativa orientada a la gestión por objetivos tanto en la gestión de fondos europeos, como también en el propio proceso de presupuestación nacional. 

También se contemplan actividades encaminadas a reformar y modernizar la forma de trasladar la información a la ciudadanía, a empresas, administraciones, centros de investigación y a los distintos agentes beneficiarios, contribuyendo a la necesaria transformación de los canales de comunicación utilizados para la implementación del plan. 

4,8 millones en la web, redes sociales, vídeos y encuentros 

Igualmente, se contempla un coste de 2 millones de euros para el desarrollo y puesta en funcionamiento de las páginas web  y otros 2,8 millones en actividades diversas que permitan cumplir con los objetivos perseguidos.  

Aquí estarían incluidas, entre otras, actuaciones en redes sociales, vídeos explicativos de las medidas del Plan a nivel global, eventos de intercambio de buenas prácticas sectoriales, encuentros de gestores diferentes AAPP, de beneficiarios potenciales y reales, entre otros. 

Modernización de la Administración: 4.315 millones 

Todas estas actuaciones para ejecuta real plan se incluyen en el componente 11 referido a la modernización de las administraciones públicas, que comportará una inversión de 4.315 millones de euros, en los que se incluyen 960 millones para la modernización de la AGE, 1.205 para proyectos tractores de digitalización de la AGE, 1.000 millones para la transformación digital y modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Públicas y de las CCAA y entes locales; 1.070 millones el Plan de Transición Energética en la AGE y los 79,78 millones destinados a la ejecución del plan. 

Los objetivos estratégicos del mismo son la digitalización de la Administración y procesos, tanto a nivel transversal como con cinco proyectos prioritarios en ámbitos estratégicos: justicia, servicios públicos de empleo, datos de salud pública, gestión de consulados y Administración territorial del Estado.  

Asimismo, se recoge el Plan de transición energética en la Administración General del Estado, incluyendo medidas dirigidas hacia el ahorro y eficiencia energética y el compromiso con las energías renovables y movilidad sostenible. 

También la modernización de las administraciones públicas, incluyendo medidas dirigidas hacia la mejora en la gestión administrativa y financiera, reformas normativas en el ámbito del empleo público, un nuevo marco transversal de relaciones interadministrativas, un refuerzo del marco de contratación pública, una reforma de la gobernanza económica y las reformas necesarias para la mejor ejecución y gobernanza del Plan.  

Igualmente, se contempla el refuerzo de las capacidades administrativas, incluyendo medidas dirigidas a reformar las capacidades de las administraciones para asegurar la adecuada implementación del Plan, la creación de un sistema de información y gestión integrado del mismo, el desarrollo de actividades formativas destinadas a las personas involucradas en el desarrollo del Plan y de actividades comunicacionales del mismo para su conocimiento por la sociedad.