La oposición exige al Gobierno más control sobre los rescates de la SEPI

Los populares consideran que falta control sobre los rescates a empresas que hará el Gobierno por la Covid-19

El Partido Popular ha planteando mediante una moción en el Congreso de los Diputados que el Parlamento pueda someter a votación la idoneidad de las operaciones de rescate que llevará a cabo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y poder encargar una investigación externa que compruebe la legalidad de los rescates en caso de sospechas.

Según ha publicado la agencia Europa Press, el PP considera que hay una falta de rendición de cuentas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez acerca del fondo de rescate de empresas estratégicas que gestiona el SEPI.

Además, también critican la falta de liderazgo en la organización porque, desde 2019, su anterior presidente -ya cesado- Vicente Fernández Guerrero fue imputado en el ‘caso Aznalcóllar’ y desde entonces la institución no tiene presidente.

Al respecto, el PP propone pide que se nombre un presidente en el plazo de un mes o que se ascienda de rango al actual vicepresidente, Bartolomé Lora.

Los populares han reclamado el acceso a los expedientes de todas las operaciones de rescate aprobadas desde Hacienda, así como también los expedientes que acreditan el cumplimiento de los requisitos legales para su rescate.

El objetivo de los ‘populares’, según advierte el medio, sería hacer posible que si la Comisión de Hacienda discrepa con las decisiones del SEPI y el Ejecutivo, se puedan someter las operaciones a una valoración externa e independiente.

La SEPI ha aprobado recientemente rescates como los de Abengoa y Duro Felguera, pero solo ha ayudado a cuatro empresas de las más de 20 que han solicitado su ayuda y retiene 1.600 millones de euros que éstas necesitan sin utilizar.

Vox carga contra el rescate de Plus Ultra

Por su parte, Vox ha registrado otra moción con el objetivo de abrir diligencias de investigación judicial relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Además, quieren limitar la entrada en la dirección y administración de las empresas intervenidas a funcionarios de carrera que formen parte de la abogacía del Estado, técnicos comerciales y economistas, interventores y auditores del Estado.

Por otro lado, plantean reducir el plazo de resolución de las solicitudes de seis a tres meses y que el presidente del gestor del fondo rinda cuentas ante el Congreso cada tres meses.

El grupo parlamentario verde ha finalizado sus peticiones con que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elabore un informe anual de la gestión de estos fondos públicos destinados a empresas y su remisión al Congreso tras su finalización.