Los ‘expertos’ de Sánchez proponen la entrada del sector privado en las pensiones

El futuro aumento de la longevidad acentuará el reto de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, con la previsión de que, en 2050, por cada persona mayor de 64 años habrá 1,7 personas en edad de trabajar, frente a las 3,4 actuales, lo que elevará el gasto público destinado a esta partida, que representa cada año en torno al 40% del gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

El reto de la sostenibilidad de las pensiones es una de las mayores preocupaciones que periódicamente instan a abordar organismos e instituciones como la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF y es uno de los puntos que han abordado los 100 expertos designados por el Gobierno para acometer el documento ‘España 2050’.

El informe ‘España 2050: Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo’ aglutina 50 objetivos y 200 medidas para conseguir situar a España a la «vanguardia europea» en tres décadas, según ha indicado el presidente del. Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación del informe.

Al acto han asistido también las cuatro vicepresidentas (de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Nadia Calviño; de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera), que han tenido un papel relevante en la configuración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido el pasado 30 de abril por el Gobierno a Bruselas. 

Aunque Sánchez no se ha referido a las pensiones en la presentación, los expertos abordan en el documento el reto de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y proponen en líneas generales un sistema mixto que combine la financiación pública y la privada para garantizar su sotenimiento.

Sistema de previsión complementaria

Los expertos se refieren al triple desafío de fortalecer la sostenibilidad financiera, proporcionar ingresos adecuados en la jubilación, y garantizar la equidad intergeneracional, por lo que se tome el camino que se tome para anticipar mayores recursos para ajustar los ingresos o redistribuir partidas de gasto, enfatizan que habrá que «respetar el principio de igualdad de todas las generaciones, incluyendo las más jóvenes».

En este sentido, apunta que el Pacto de Toledo da algunos pasos en esa dirección, al subrayar la necesidad de aproximar paulatinamente la edad de jubilación efectiva a la legal, promover el alargamiento de la vida laboral e imulsar la previsión social complementaria, al tiempo que cobra fuerza el fomento de los planes de pensiones de empleo como complemento al a pensión pública, y recuerda que se baraja la creación de un fondo público que facilite el acceso a los planes de empleo por pa rte de pymes y autónomos.

En el documento los expertos realizan cuatro propuestas para asegurar unas «pensiones dignas» en las próximas décadas; que pasa por desarrollar un sistema de previsión complementaria que, «sin menoscabar la centralidad del sistema público y su suficiencia, se aproxime progresivamente de aquí a 2050 al que ya existen en los países más avanzados de Europa en este ámbito».

Esto permitiría, según los expertos, complementar los ingresos en la jubilación procedentes del sistema público, alcanzando
tasas de sustitución totales más elevadas y mejorando por esta vía la suficiencia del conjunto de rentas de jubilación, al tiempo que se avanza en el objetivo de su sostenibilidad. Además, este sistema fomentaría el ahorro, lo cual también «contribuiría a un crecimiento económico más sostenido», aseguran.

Para lograr su cometido, marcan que este sistema debería ser de titularidad personal, de modo que acompañe al beneficiario
en las diferentes fases de su vida activa y sea transportable entre empresas, e «ilíquido» hasta el momento de la jubilación, salvo en situaciones de necesidad como enfermedad grave, invalidez laboral o cese de actividad en el caso de quienes trabajan en régimen autónomo, entre otros motivos. Además, debería desarrollarse en el marco del diálogo entre empresas y trabajadores.

Jubilación activa y adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida

La segunda propuesta pasa por continuar con la reforma del sistema público de pensiones para hacerlo más sostenible,
adaptándolo a los cambios demográficos (esperanza de vida) que se vayan sucediendo, e introduciendo mecanismos de revisión periódica asociados a modificaciones en las dinámicas económicas y laborales, así como medidas para equiparar los criterios de cotización entre autónomos y asalariados, ligando las cotizaciones de los primeros a sus ingresos netos efectivos.

Precisamente este es uno de los puntos que plantea el ministro Escrivá para su reforma y cuya propuesta inicial ha generado el rechazo de los autónomos.

Las otras propuestas pasan por establecer una figura avanzada de jubilación activa, que permita prolongar la vida
laboral y, en las próximas décadas, y una vez evaluado el efecto del resto de medidas, valorar la necesidad de adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida, sin dejar de prestar atención a las desigualdades en salud.

El gasto en pensiones subirá 5 puntos de PIB en 2050

Los distintos ejercicios de simulación realizados y recogidos en el documento ‘España 2050’ sugieren que, en España, el gasto en pensiones contributivas se situará en una horquilla de entre el 15,2% y el 16,9% del PIB en 2050, frente al 10,8% de 2019; un aumento que los expertos creen que podría ser menor en función del impacto de las medidas que se están discutiendo en la actualidad.

En el documento los expertos consideran el reto de la sostenibilidad de las pensiones no está exclusivamente en el gasto, sino en la relación que «necesariamente» ha de existir entre el gasto y los ingresos, en donde considera que «emergen las mayores incertidumbres».

En este sentido, señalan que los ingresos del sistema dependen del crecimiento económico, de la generación de empleo y
del nivel de las cotizaciones sociales, que ya son «relativamente altas en comparación con otros países», y avisan de que aunque las reformas orientadas a elevar la productividad y la tasa de empleo de España puedan relanzar el crecimiento de la renta a largo plazo, no es descartable que se produzca un escenario de crecimiento económico y aumento del empleo más moderados que los observados en las décadas precedentes.

En ese escenario, subrayan, la brecha entre el gasto en pensiones y los ingresos por cotizaciones sociales tenderá a ampliarse, por lo que ven «imprescindible» comprender qué factores determinarán la evolución del gasto futuro en pensiones, a fin de diseñar el menú de estrategias anticipatorias más adecuadas.

Conforme a los cálculos realizados en un ejercicio por los expertos, una reducción de la tasa de dependencia del orden de 3,5 puntos, resultado de una adaptación progresiva de la vida laboral al aumento de la esperanza de vida y/o una mayor migración de población en edad de trabajar que la prevista en el escenario base considerado, reduciría el gasto en algo más de 1 punto del PIB.

Un efecto aún mayor, de 3 puntos sobre el PIB, se obtendría elevando la tasa de empleo agregada hasta el 72%, desde el 60%
actual, al tiempo que una combinación de este escenario de mayor empleo con el de menor tasa de dependencia permitiría una reducción de 4 puntos en la ratio de gasto sobre PIB.

30 años para bajar el paro al 7% y una jornada de 35 horas semanales

En lo referido al mercado de trabajo, el Ejecutivo marca como objetivos en el documento alcanzar una tasa de empleo del 80% y reducir la tasa de paro al 7% en el año 2050, ejercicio para el que prevé también reducir el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlas en los niveles europeos, es decir, 35 horas semanales de trabajo en 2050.

En cuanto al empleo, pronostica un aumento progresivo de la tasa del 62% aproximado actual al 68% en 2030, al 72% en 2040 y al 80% en 205, en paralelo a una reducción de la tasa de desempleo desde los niveles actuales del 16% al 12% en una década, al 10% en la siguiente, para situarse en el 7% en el ejercicio 2050, cuando se asimilaría a los niveles de la UE-8.

Entre los objetivos que marca el documento figura aumentar la financiación de las políticas activas de empleo dedicadas a la formación hasta alcanzar el 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050 y elevar la tasa de empleo femenina al 82% hasta equipararla, como mínimo, con la de los hombres, antes de 2050, así como reducir la tasa de desempleo juvenil a la mitad, asimilándola a la de la UE-8, fijándola en el 14% en 2050.

En paralelo, se fija la meta de incrementar la inserción laboral de la población de entre 55 y 64 años, elevando su
tasa de empleo en, al menos, 15 puntos respecto al nivel de 2019, hasta el 68% en 2050, y reducir la tasa de temporalidad al 15% en 2050, desde el 26% actual, hasta converger con la media de la UE-8.

Además de reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlo en niveles similares a los de la UE-8 (35 horas a la semana), también establece la pretensión de cerrar la brecha de género en salarios antes de 2050 y elevar el porcentaje de personas satisfechas con su situación laboral del 85% actual al 93% que registran los países más avanzados de la UE-8.

Corregir deficiencias: atajar temporalidad e impulsar la negociación colectiva

En cuanto a las medidas a acometer para corregir algunas «disfuncionalidades normativas» para llegar a sentar las bases de un mercado laboral más eficiente y equitativo, insta a revistar la regulación laboral, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo.

En concreto, apunta que la contratación temporal sigue teniendo un peso «excesivamente elevado» en el mercado laboral español, que se traduce en una alta volatilidad al fomentarse el ajuste extensivo basado en contratar y despedir, en lugar de favorecer el ajuste intensivo, en el que las empresas y los trabajadores negocian cambios en los salarios o las horas trabajadas.

Para reducir el desempleo temporal y lograr una mayor tasa de conversión de temporales a indefinidos el texto subraya que hay que «erradicar la cultura de la temporalidad de las relaciones laborales», al tiempo que sobre las «flaquezas importantes» de la negociación colectiva enfatiza que deben ser resueltas para que pueda seguir desempeñando su «importante papel».

En línea con el objetivo de aumentar la financiación de las políticas activas de empleo dedicadas a la formación hasta alcanzar el 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050, señala la necesidad de resolver las carencias de las políticas activas de empleo, con menores recursos que lo destinado a políticas pasivas (prestaciones del Estado), se reducirá el tiempo de reinserción laboral de los parados.

Ajuste salarial en épocas de crisis

Asimismo, destaca que, en España, las elevadas tasas de paro han hecho que una gran proporción de los recursos destinados a la lucha contra el desempleo se hayan destinado a políticas pasivas (en su mayoría, prestaciones gestionadas por el Estado), mientras que los recursos dedicados a las políticas activas (transferidas a las comunidades autónomas) han sido considerablemente menores.

Para frenar la temporalidad también plantea incluso el ajuste salarial. En concreto propone «mejorar los elementos de flexibilidad interna para que se realicen modificaciones salariales y de horas trabajadas (tanto al alza como a la baja) en función de la coyuntura económica, en aras de evitar que las empresas recurran a la contratación temporal como palanca de ajuste».

En cualquier caso, cree que la variación del paro y el empleo dependerá del número de personas que se reincorporen al empleo de entre los 580.000 trabajadores que permanecen en un ERTE y de los 450.000 beneficiarios de la prestación por cese de actividad, así como de una reasignación sectorial del empleo tras la pandemia.

«Será fundamental que tanto los ERTE como las prestaciones por cese de actividad se articulen de modo que sigan evitando una pérdida mayor del tejido productivo y no comprometan la necesaria reasignación del empleo entre ramas de actividad», subrayan los expertos en el texto.