Ribera pone en juego 200M del fondo de Transición Justa por retrasar unos informes

Una de las principales banderas del equipo de Teresa Ribera ha sido no dejar a nadie atrás en la transición energética que pretende acometer España. Para ello se crearon los planes de «transición justa» que, además, recibirán ayudas económicas. Sin embrago, ya existe una denuncia pública contra la gestión de estos planes.

En concreto, la eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solís, ha cargado contra la ministra para la Transición Ecológica por poner en riesgo 200 millones de euros que deberían llegar de Bruselas para el Fondo de Transición Justa. Se trata, explican desde la formación naranja, de un problema en la gestión administrativa que puede causar un problema antes de final de año.

La política liberal argumenta que debido a la pasividad del Gobierno es posible que desde Europa no se acepten los trámites administrativos que se habían requerido. Así lo ha advertido Susana Solís tras una visita al norte de España esta semana. Desde Avilés, la eurodiputada ha enviado una carta a la también vicepresidenta tercera a la que le reclama una reacción urgente «porque este Fondo esencial para nuestra economía está en serie riesgo de acabar perdiéndose en la nada».

El programa apoya el proceso de descarbonización de la industria y la economía de Asturias, León, Palencia, A Coruña, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz. Según la información recabada por la eurodiputada liberal, está en juego una anualidad, que asciende a 200 M€, de los que 66 corresponden a Asturias. Le siguen Castilla y León, 49,8 millones; Andalucía, 39 millones; Galicia, con 28 millones y Aragón, con 23,2.

Las claves de un problema

El Gobierno, explican desde la formación naranja, ha centralizado la gestión de estos fondos en el Instituto de Transición Justa. Tras el envío de los primeros borradores de los planes regionales, Bruselas pidió una serie de correcciones en un nuevo documento. El Ejecutivo ha abierto un plazo de consultas hasta el 15 de octubre con las CC.AA. afectadas, así que no enviará una nueva propuesta, como pronto, hasta la segunda mitad de mes. Sin embargo, la Comisión Europea reclama tres meses para revisar y aprobar los planes antes del 31 de diciembre.

«Aun suponiendo que el Gobierno responda el 16 de octubre, se va a incumplir el plazo. Tenemos que confiar en la buena fe del Ejecutivo comunitario para acelerar su trabajo y que nos permita llegar a tiempo», ha lamentado la eurodiputada asturiana, que denuncia el desinterés y la falta de organización del Instituto de Transición Justa cuando fue creado con la única finalidad de dar apoyo a estas regiones.

El asunto ha llegado a tener un tal impacto que también la comisaria de Desarrollo Regional, Elisa Ferreira, le ha trasladado su preocupación a la ministra Ribera. Los planes que presentó España no se ajustaban a lo que se pedía, «son contrarios a la normativa de competencia y al ámbito de aplicación del fondo, que está centrado en la recapacitación de trabajadores», según afirman desde la Comisión. «Tenemos aún muy presente los errores que se cometieron en el pasado con los fondos mineros», ha lamentado. 

La formación de trabajadores es precisamente un capítulo crucial porque según el Informe de Impacto de la Comisión, se estima que sólo en España han sido 8.000 los puestos de trabajo perdidos desde 2008 en la minería del carbón y más de 13.000 los que derivarían del cierre de centrales térmicas.  

«Insto encarecidamente al Gobierno de España en general, y en particular a usted, a que entregue en la mayor brevedad posible los Planes Territoriales de Transición Justa a la Comisión Europea y a que informe a las regiones sobre los plazos y los trámites que aún quedan pendientes antes de perder esta primera anualidad», concluye el documento remitido por Solís.