Beatriz Corredor se enfrenta a los accionistas de Red Eléctrica entre peticiones de dimisión y guerra con Iberdrola por el apagón

Redeia, matriz de Red Eléctrica, celebra su junta de accionistas este lunes 30 de junio. Una cita en la que su presidenta, Beatriz Corredor, deberá rendir cuentas tras el apagón en mitad de una guerra de informes con las grandes eléctricas con Iberdrola a la cabeza. Los accionistas minoritarios han pedido la dimisión de la directiva por falta de transparencia y por contradecir la versión del Gobierno.

Dos meses después del apagón eléctrico que dejó sin luz a la península ibérica, el equipo directivo del operador del sistema se enfrenta al escrutinio de los accionistas en una junta general que se celebrará exclusivamente de forma telemática por primera vez en su historia, sin contar con el año de pandemia.

Pese a evitar el cara a cara con los accionistas, se prevé una junta intensa en la que inversores minoritarios de la compañía alzarán la voz por la gestión de Corredor y la «falta de transparencia».

Así lo han anunciado en la última semana la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), junto con las asociaciones internacionales de la Federación Europea de Inversores y Usuarios de Servicios Financieros (Better Finance) y la Federación Mundial de Inversores (World Federation of Investors).

Las organizaciones creen que la gestión comunicativa de Red Eléctrica no ha sido la adecuada y denuncian «falta de información». Además, han pedido a la presidenta del grupo, controlado en un 20% por el Gobierno a través de la Sepi, que «no eche balones fuera».

«Evidentemente no se pretende que haya un reconocimiento inmediato de culpabilidad, pero sí que se adopten las medidas necesarias para que se depuren las responsabilidades», aseguró Antonio Selas, representante de Aemec durante una rueda de prensa para explicar la iniciativa.

Piden la dimisión de Corredor

Por parte de las asociaciones internacionales representadas por Mark Northway, Kristjan Verbic y Florian Beckermann, pedirán a la compañía responsabilidades ya que el incidente del pasado 28 de abril tuvo consecuencias fuera de España.

Así, consideran que al estar la infraestructura eléctrica del país conectada con otros territorios como Francia y Portugal, ha tenido impacto en empresas internacionales, afectando también a sus inversores.

En cualquier caso, los minoritarios cuentan con poca fuerza en el accionariado de Redeia, controlado principalmente por el Estado. Tras el 20% de la Sepi, el gigante norteamericano BlackRock y Amancio Ortega cuentan con una participación del 5% respectivamente.

Es por ello que sólo pueden pedir la dimisión de Beatriz Corredor al frente del grupo, además de por las causas mencionadas, por la contradicción entre la versión que Red Eléctrica ha aportado, señalando a los operadores privados como únicos responsables, y la del Gobierno, repartiendo culpas entre el operador del sistema y las eléctricas.

Guerra con las eléctricas

Por su parte, desde Iberdrola, Endesa y las grandes generadoras de energía apuntan a Red Eléctrica como única responsable del apagón por no controlar los problemas de tensión que se generaron en la red, poniendo el foco en el mix energético y en la gestión de la interconexión con Francia, entre otras cosas.

Con los informes de todas las partes implicadas y un real decreto ‘antiapagones’ impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica que lidera Sara Aagesen, quedan por conocerse las conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Entso-e, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad.

En cualquier caso, se prevé que la guerra acabe en los tribunales ante la oleada de demandas de los perjudicados que están por llegar. Tanto el operador del sistema como las principales compañías eléctricas están formando sus estrategias legales de cara a este enfrentamiento.

Los proxys avalan la remodelación del consejo de Red Eléctrica

Respecto a los puntos del día que se votarán en la junta, los accionistas deberán validar la remodelación del consejo de administración para dar entrada a una exministra socialista y a un ex alto cargo de la izquierda independentista, así como la reelección del consejero afín al Partido Popular.

Tal y como ya contó ECONOMIA DIGITAL, los mayores proxys advisors (asesores de voto) del mundo recomiendan a los accionistas votar a favor de todos los puntos del día, incluidos los nombramientos de la exministra Arancha González Laya, Albert Castellanos (ERC) y a Natalia Fabra.

Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis, que cuentan con una cuota de más 70% en el asesoramiento a grandes inversores, como gestoras de fondos, de pensiones y aseguradoras, no ven dudas ni inconvenientes en los nombramientos ni en las reelecciones de consejeros para el máximo órgano de decisión de la compañía.

Más allá de los nombramientos del consejo de administración, la junta de accionistas deberá examinar y aprobar las cuentas del grupo del ejercicio 2024, así como el abono de un dividendo total de 0,8 euros brutos por acción, de los cuales ya se abonó 0,2 euros por título el pasado mes de enero. y se pagará un dividendo complementario de 0,6 euros por acción en julio.