Las comercializadoras independientes advierten: la actuación de Red Eléctrica tras el apagón puede costar 2.000 millones
Acenel critica la prohibición de la CNMC a las eléctricas de subir el precio de la luz y pide que los sobrecostes los pague quien los genera
La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor; el CEO de Redeia, Roberto García Merino, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, ofrecen una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos
Comentarios
La operación reforzada de Red Eléctrica tras el apagón para evitar nuevos incidentes puede tener un sobrecoste anual de más de 2.000 millones de euros. Es la conclusión de la asociación de comercializadoras independientes Acenel, que piden que ni las empresas que venden energía ni los consumidores asuman los costes derivados de la actuación del operador del sistema.
La asociación responde al anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de esta semana en el que advierte a las comercializadoras de que no pueden trasladar dichos sobrecostes subiendo los precios de los contratos de electricidad a precio fijo.
Desde el apagón que dejó sin luz a la península ibérica el pasado 28 de abril, Red Eléctrica viene operando en modo ‘reforzado’ para evitar que se produzcan nuevos incidentes del mismo calado.
Una operación a través de servicios de ajuste que encarece el precio de la luz y que Competencia ha dictaminado que las comercializadoras no pueden incluirlos dentro de los componentes regulados de la factura a los consumidores.
Cifra en 2.000 millones los sobrecostes por los servicios de ajuste de Red Eléctrica
Para Acenel, el apagón ha significado un incidente que «ha marcado un antes y un después» en la forma en que se operan los mercados de restricciones técnicas.
«Desde entonces, Red Eléctrica ha activado un modo de operación «reforzado» que viene a implicar una duplicación de la energía convocada en estos mercados respecto a situaciones similares anteriores», explica la asociación.
«A falta de una regulación específica que ampare este cambio de criterio, las consecuencias económicas son claras: el coste anual de estos servicios podría incrementarse en más de 2.000 millones de euros», añade.
Las comercializadoras independientes aseguran que esta cifra afecta directamente a comercializadoras y consumidores, «sin que ni unos ni otros hayan sido responsables del apagón ni de las condiciones que lo generaron».
«La CNMC, en lugar de reconocer esta alteración del equilibrio contractual, considera que las comercializadoras deberían haber previsto este escenario en sus estrategias de cobertura. Sin embargo, los mercados de restricciones técnicas no permiten cobertura financiera, y mucho menos frente a un cambio operativo no regulado y derivado de una situación excepcional», apuntan.
Desigualdad entre las grandes eléctricas y las pequeñas comercializadoras
Además, Acenel considera que los márgenes de las comercializadoras independientes, «muy alejados de los márgenes históricos de grandes operadores integrados, que mantienen clientes cautivos durante décadas en sus redes de distribución», no permiten absorber este impacto sin trasladarlo, directa o indirectamente, a los consumidores.
La asociación critica que las pequeñas empresas operan con «estructuras ligeras, altos costes de captación y grandes exigencias regulatorias, ofreciendo precios competitivos en un entorno ya de por sí volátil».
Es por ello que defienden que este tipo de costes asociados a la red y sin cobertura de mercado «deben integrarse en las tarifas de acceso», de igual modo que sucede como con los peajes, cargos o pagos por capacidad.
Acenel asegura que así ocurre en la mayoría de países europeos, donde estos costes se consideran parte del sistema y no un riesgo a soportar por los comercializadores.
Acenel pide que los sobrecostes los pague quien los genere
«En este contexto, cabe preguntarse por qué las comercializadoras y los consumidores deben asumir las consecuencias económicas del apagón cuando ni tienen responsabilidad sobre la capacidad de control de tensión, ni gestionan activos que pudieran haber contribuido a la incidencia, ni son los convocantes de las tecnologías de respaldo», asevera la asociación.
En su opinión, si hay costes asociados a fallos o incumplimientos concretos, deberían ser imputados a quienes los generaron, no a quienes los sufren.
Por otro lado, Acenel critica al organismo que preside Cani Fernández por «omitir» en su informe «toda referencia al principio jurídico de ‘rebus sic stantibus’, aplicable cuando una alteración imprevisible y sustancial de las circunstancias convierte el cumplimiento de un contrato en excesivamente oneroso».
Una doctrina reconocida por la jurisprudencia que, a su juicio, «encajaría perfectamente» en este caso. Por todo ello, Acenel trabaja para construir un argumento técnico y jurídico «que le permita defenderla viabilidad de una actividad fundamental para el funcionamiento eficiente y competitivo del mercado eléctrico».
