Las claves del ERE de Telefónica: el primero tras la vuelta del Estado a su capital
La teleco presentará oficialmente las cifras de afectación a los sindicatos el 24 y 25 de noviembre
Marc Murtra, presidente de Telefónica, en la presentación de resultados, el 4 de noviembre de 2025. TELEFÓNICA
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Telefónica ha confirmado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) como parte de su plan de reducción de costes. La compañía despedirá a miles de trabajadores en España de siete filiales diferentes en el que será su primer ajuste de plantilla tras la vuelta del Estado al capital de la teleco.
Los datos de afectación y las edades a las que afectará la medida no se conocerán de forma oficial hasta la próxima semana, cuando se constituyan las mesas de negociación. No obstante, se estima que la cifra inicial que presente el operador que preside Marc Murtra ronde los 6.000 trabajadores y el corte empiece a partir de los nacidos en el año 1969.
No es una medida nueva ni impactante para una empresa como Telefónica, puesto que cada dos o tres años la compañía acomete un plan similar donde prima la voluntariedad en las salidas, al menos desde 2011. La novedad es que sucederá bajo un marco accionarial totalmente diferente al de los últimos quince años.
La irrupción de la compañía saudí Stc en el capital de Telefónica en 2023 desencadenó el movimiento del Gobierno para, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), comprar el 10% de las acciones de la compañía para situarse como máximo accionista.
El Estado volvía así al capital de una de las empresas más relevantes y de marcado carácter estratégico para el país, tras décadas desde su privatización y liberalización del mercado de las telecomunicaciones.
Telefónica ha vivido etapas diversas bajo diferentes gobiernos y durante la dictadura de Franco, cuando era un monopolio estatal. Bajo las directrices de Felipe González (PSOE), ya en democracia, comenzó el proceso privatizador del grupo, que culminó José María Aznar (PP) en 1999.
Un ERE y menos dividendo, una de cal y otra de arena para los accionistas de Telefónica
Tuvieron que pasar unos 25 años para que el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, volviera a posicionarse sobre el capital de la compañía de telecomunicaciones y cambiar su rumbo estratégico.
Este hecho es clave a la hora de analizar el nuevo despido colectivo anunciado, puesto que el carácter «progresista» con el que se define el Ejecutivo puede contrastar con las decisiones que una compañía parcialmente controlada por el Estado tome en materia laboral.
Si bien en anteriores procesos ha primado la voluntariedad de las salidas, registrando incluso más peticiones de trabajadores de las necesarias para adscribirse al plan por sus generosas condiciones, en este caso tendrá una mayor relevancia.
El diálogo entre sindicatos y dirección juega un papel importante, como en muchos de las medidas sociales adoptadas en la pasada legislatura entre Gobierno, patronal y sindicatos.
Por otra parte, destaca también el recorte al dividendo para el próximo año. Telefónica anunció durante la presentación de su plan estratégico que reduciría a la mitad la remuneración al accionista como parte de la estrategia de ahorro de costes.
Una medida que, junto al ERE, parece ser una decisión salomónica tomada para cumplir con los objetivos de ahorro, reducción de deuda y mayor eficiencia financiera.
Más aún si se presenta la oportunidad de salir de compras por Europa y Telefónica protagoniza alguna gran operación corporativa. Aunque en este caso la financiación llegaría mediante ampliación de capital.
A diferencia de los despidos colectivos, este tipo de decisiones son impopulares entre los accionistas y el mercado las suele castigar, al menos en el corto plazo.
Pero si ha salido adelante ha sido porque Murtra cuenta con el visto bueno de los tres accionistas principales (Estado, Sepi y Criteria, el brazo inversor de La Caixa que preside Isidro Fainé).
El coste económico y la elección del ERE en lugar de PSI
Con todo ello, el adelgazamiento de plantilla que planea el grupo para las sociedades que operan en España no será gratuito. El ERE que cerró con los sindicatos en 2024 se saldó con 3.421 salidas y tuvo un coste de 1.300 millones para Telefónica.
Por lo que, si las cifras rondan los 6.000 empleados —aunque previsiblemente bajarán de manera considerable en las negociaciones— el coste esta vez puede superar los 1.500 millones de euros. No obstante, el ahorro anual hasta 2030 compensará de sobra el impacto del ERE en las cuentas de 2025.
Otro punto a destacar es el por qué Telefónica se ha decantado de nuevo por ejecutar un ERE en vez de los PSI que había utilizado años atrás. Entre los motivos, que la compañía no ha explicado, pueden encontrarse beneficios para trabajadores y para la propia compañía.
Los empleados despedidos pueden acogerse al paro y es el Estado el que se verá impactado por estas indemnizaciones. No obstante, cabe destacar que Telefónica suele pagar indemnizaciones de hasta el 65% del salario a los trabajadores que se acojan al plan hasta los 63 años de edad.
Estas indemnizaciones están además exentas del IRPF hasta 180.000 euros, a diferencia de las que pueda dar la compañía a través de los PSI. Además, hay que recordar la existencia de la denominada como ‘Enmienda Telefónica’.
Se trata de una disposición legal en España que obliga a las empresas con beneficios y más de 500 empleados a hacer aportaciones al Tesoro Público de manera proporcional por el coste de los despidos de trabajadores mayores de 50 años.
Esta norma, introducida en la Ley 27/2011, busca desincentivar los despidos de trabajadores mayores de 50 años, ya que suelen tener mayores costes de indemnización, y hacer que las empresas asuman parte del coste que esto supone para el sistema público de desempleo.
Tiene su origen en el año 2011, cuando la compañía de telecomunicaciones anunció un ERE en plena crisis financiera. Estos despidos colectivos suponen un gasto para el Estado, por lo que la medida se introdujo para compensarlos, y fue Telefónica el detonante para legislarla.
