La CNMC estrecha el cerco a los influencers: busca analistas para detectar publicidad encubierta
El regulador detecta a 1.600 influencers de gran impacto a los que monitorizar en Instagram, YouTube y TikTok
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha puesto manos a la obra para controlar a los influencers en España. El regulador ha sacado a licitación un contrato por valor de casi 180.000 euros para identificar e investigar publicidad encubierta de usuarios con gran impacto en Instagram, YouTube y TikTok.
La vigilancia sobre los influencers y sus potenciales prácticas comerciales irregulares a través de redes sociales y plataformas audiovisuales no es algo nuevo, sino que viene impulsada por la acción legislativa del Gobierno.
Fue en el año 2024 cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto 444/2024 que obligaba a los usuarios de especial relevancia (UER) a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales, identificar claramente el contenido publicitario cumpliendo con las obligaciones de transparencia y a etiquetar el contenido por edades, entre otros aspectos.
La norma definía también a los UER como aquellos influencers que generen 300.000 euros o más al año (incluyendo remuneraciones dinerarias o en especie relacionadas con su actividad en plataformas de vídeo), que tenga al menos un millón de seguidores en una plataforma o dos millones de seguidores combinados en varias plataformas y que hayan publicado o compartido al menos 24 vídeos en el año natural anterior, sin importar la duración.
En este contexto, el organismo que dirige Cani Fernández sacó el pasado 2 de febrero una licitación para contratar a analistas que puedan llevar a cabo una labor de seguimiento y control de las actividades ilícitas de grandes personalidades en Internet.
Lo hace ya que es la CNMC la encargada por ley de supervisar y controlar el correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual.
Un listado mensual con los influencers de Instagram, YouTube y Tik Tok
«El objeto del contrato consiste en proporcionar la asistencia técnica necesaria para la elaboración de un trabajo de análisis y consulta del contenido audiovisual que determinados influencers publican en sus perfiles de plataformas de intercambio de vídeos, con el fin de detectar posibles comunicaciones comerciales no identificadas«, se extrae de los pliegos de la licitación consultados por ECONOMÍA DIGITAL.
El contrato cuenta con un valor estimado de 178.998,74 euros y una duración prevista de 12 meses, con posibilidad de dos prórrogas de otros 12 meses cada una hasta un máximo de 24 meses.
Se trata de una licitación que se tramita mediante procedimiento abierto y se estructura en tres lotes, correspondientes a las plataformas de intercambio de vídeos Instagram, TikTok y YouTube.
El regulador establece tres servicios que los ganadores de la licitación deberán prestar. El primero es un servicio de consulta sobre los influencers y los contenidos que hubieran publicado, en Instagram, YouTube y Tik Tok.
También deberán entregar un listado mensual a la CNMC de los principales influencers y sus publicaciones en las plataformas mencionadas. La tercera y última labor es la más importante, pues consiste en el análisis de determinados contenidos publicados «consistente en la detección de posibles comunicaciones comerciales no identificada».
La CNMC detecta más 1.600 influencers a los que monitorizar
La CNMC explica que, desde la entrada en vigor del reglamento de UER, ha desempeñado de forma activa distintas actuaciones como la identificación del número de usuarios que pueden enmarcarse en esta categoría y, «posteriormente, a través de la instrucción de los correspondientes expedientes».
El regulador destaca haber identificado en este primer análisis a aproximadamente más de 1.600 influencers que podrían tener la consideración de ser usuarios de especial relevancia a los que monitorizar las redes.
Debido a este elevado número de agentes sometidos a supervisión y «con los recursos con los que cuenta esta Comisión», el organismo explica que no está en disposición de llevar a cabo un análisis individualizado de cada una de las emisiones de estos agentes ni cuenta con los instrumentos técnicos especializados para el desarrollo de dicha labor.
Es por ello que abre el procedimiento de licitación pública para contratar los servicios de empresas o personas físicas que sí puedan llevar a cabo la labor de supervisión.
Las empresas interesadas podrán presentar ofertas para uno, varios o todos los lotes, con un máximo de tres lotes adjudicables a un mismo licitador. Entre los criterios de adjudicación se incluyen el precio, con una ponderación del 45 %, así como el alcance del proyecto, la metodología de trabajo y mejoras como la ampliación del número de contenidos analizados o del periodo de disponibilidad de la información.
El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 23 de febrero de 2026 a las 14:30 horas, mientras que la apertura de las propuestas técnicas y administrativas tendrá lugar el 24 de febrero y la de las ofertas económicas el 10 de marzo, en ambos casos de forma telemática.
