La AN obliga a Correos a revelar su Plan con 4.000 millones públicos: «El escrutinio debe ser máximo»
La Audiencia Nacional obliga a Correos a dar acceso a su Plan Estratégico, en el que están comprometidos 4.000 millones de financiación pública.
Pedro Saura, presidente de Correos.
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El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número dos de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en la que obliga a Correos a dar acceso a su Plan Estratégico 2024-2028, que cuenta con fondos públicos por importe total de 4.000 millones de euros.
La compañía pública se había negado a hacer público dicho plan aludiendo a motivos de confidencialidad y competencia, pero la Audiencia Nacional recuerda que, en el caso de empleo de fondos públicos, la transparencia debe ser máxima.
La Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre), requirió en agosto del pasado año acceso al Plan Estratégico 2025-2028 de Correos, solicitud que la compañía presidida por Pedro Saura denegó invocando intereses económicos y comerciales, así como la normativa sobre secretos empresariales.
La Administración «ha invertido indebidamente la carga de la prueba blindando en bloque un documento de naturaleza pública»
La asociación interpuso recurso contencioso-administrativo alegando la prevalencia del interés público en la fiscalización de 4.000 millones de euros de financiación estatal y la vulneración del derecho al acceso parcial.
La Abogacía del Estado se opuso al recurso, alegando que Correos opera en régimen de libre competencia y que la divulgación de ese plan otorgaría una ventaja desleal a sus competidores.
El Juzgado de la Audiencia Nacional explica en su sentencia que la controversia jurídica se centra en determinar si la protección de los derechos comerciales de una empresa pública «justifica la opacidad total de un documento que planifica el destino de ingentes fondos públicos«, o si la Administración debió dar acceso a dicha documentacion, al menos parcial.
Correos, la transparencia es control
La sentencia señala que, si bien es verdad que Correos opera en un mercado liberalizado, y que determinadas partes del plan estratégico constituyen secreto empresarial, «no es admisible presumir que la totalidad del documento (…) goza de esa protección».
La Administración, advierte la sentencia, «ha invertido indebidamente la carga de la prueba blindando en bloque un documento de naturaleza pública».
Frente al interés comercial de Correos «concurre un interés público cuantificado«, indica.
El Plan Estratégico de Correos está vinculado a una financiación de 4.000 millones de euros «con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento del Servicio Postal Universal», subraya.
Y recuerda que, como señala la doctrina administrativa y judicial, «cuando existen fondos públicos involucrados, el escrutinio debe ser máximo para evitar compensaciones excesivas (ayudas de Estado incompatibles)».
La transparencia, añade, «es el mecanismo de control que garantiza que la financiación pública se destina a sus fines legítimos y no a distorsionar la competencia mediante subsidios cruzados».
En un Estado de derecho «no es aceptable que un Plan Estratégico sufragado por el erario público sea íntegramente secreto». Correos podría haber entregado el documento tachando datos sensibles, pero ni siquiera optó por ello.
La Audiencia Nacional anula la resolución que denegaba a Asempre acceso al contenido del Plan Estratégico de Correos y condena a la Administración a elaborar y entregar a la asociación, en el plazo máximo de un mes, una versión del documento en el que se supriman únicamente los datos concretos protegidos por secreto profesional.
La Sepi aprobó el Plan de Correos
El consejo de administración de la Sepi aprobó el 31 de julio de 2024 el Plan Estratégico 2024-2028 de Correos «destinado a la transformación, recuperación y reposicionamiento de la empresa pública con el fin de cambiar su modelo de negocio (…)».
El plan, acordado entre Correos; los sindicatos CC OO y UGT; y la Sepi, lleva asociado el compromiso de acordar un nuevo marco laboral, en la compañía pública que emplea a unas 50.000 personas.
La presidenta de Sepi, Belén Gualda; la subsecretaria de Vicepresidencia primera de Gobierno y Ministerio de Hacienda, Lidia Sánchez Milán; el presidente de Correos, Pedro Saura, entre los responsables sindicales Regino Martín (CC OO) y José Manuel Sayagués (UGT), en julio de 2024.
La Sepi explicó que era necesario, «ante el declive del servicio postal tradicional», dotar de nuevos contenidos a la red de Correos, y establecer un Servicio de Interés Económico General (SIEG).
Unos días antes de ese acuerdo, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre de 2024, el Gobierno coló en un Real Decreto sobre medidas para frontar la guerra de Ucrania una profunda reestructuración de Correos ampliando las competencias de la empresa pública, que se encontraba al borde de situarse en causa de disolución.
El pasado 29 de julio, también con cierta nocturnidad, fue publicada en BOE la Ley 6/2025, que bajo la denominación ‘Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias‘ incluyó la designación directa de Correos como prestador único del Servicio Postal Universal hasta 2030.
La nueva Ley establece que Correos tiene asignados Servicios de Interés Económico General (SIEG), justificando los servicios financieros básicos que podría prestar la compañía pública en zonas de exclusión financiera.
